Ciudad de México. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) manifestó su “profunda preocupación y condena enérgica” ante los hechos denunciados sobre el embarazo de una niña de 11 años en Matamoros, Tamaulipas, y rechazó toda forma de violencia sexual contra las infancias.
Aseveró que se trata de “un delito. No estamos frente a una ‘relación de pareja’ ni ante un embarazo que pueda ser normalizado. Estamos frente a una niña víctima de violencia sexual”.
Explicó que el artículo 275 del Código Penal para Tamaulipas establece que se equipara a la violación la cópula con una persona menor de 15 años, incluso cuando no haya mediado violencia. Por tanto, en el caso de una niña de 11 años, no puede atribuirse validez a un supuesto consentimiento ni utilizarse la existencia de un presunto vínculo de pareja para minimizar, justificar o excluir el carácter delictivo de los hechos.
“Presentar a una niña de 11 años como ‘pareja’ de una persona adulta invisibiliza la desigualdad de poder, normaliza la violencia de género y constituye una forma de revictimización. Una niña nunca es responsable de la violencia ejercida en su contra”.
Reconoció la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y exigió que las diligencias se realicen de manera pronta, exhaustiva, especializada e imparcial, con perspectiva de niñez, de género y de derechos humanos.
La investigación, dijo, deberá esclarecer plenamente los hechos, identificar a quien o quienes resulten responsables, determinar si existieron omisiones en el deber de cuidado y garantizar que ninguna conducta delictiva quede impune.
Respecto de la posible interrupción del embarazo que se encuentra bajo valoración médica e institucional, la Sipinna afirmó que cualquier determinación deberá tener como consideración primordial el interés superior de la niñez y la protección integral de la niña.
“La prioridad institucional debe ser proteger a la niña. Se deberá garantizar atención médica y psicológica especializada, asesoría jurídica, representación efectiva, protección inmediata, participación informada, continuidad educativa y restitución integral de derechos, dentro de un entorno seguro y respetuoso de su dignidad”, mencionó.
Fuente: La Jornada
