Adrián fue detenido el 13 de septiembre en Bogotá por desacato a una orden judicial relacionada con contenidos de su documental, no porque un tribunal hubiera determinado que las acusaciones de la producción fueran ciertas
Hay temas que llegan a la agenda pública envueltos en polémica, pero debajo de los reflectores existe una pregunta mucho más seria: ¿Qué estamos haciendo para proteger a niñas, niños y adolescentes?
Colombia acaba de abrir uno de esos debates.
El presidente Abelardo de la Espriella ha colocado en la agenda nacional la discusión sobre los procedimientos de afirmación de género en menores y ha llamado al Congreso a legislar sobre ellos. El debate se encendió con la detención del mexicano Samuel Adrián, director del documental Colombia: Fábrica de Niños Trans.
Pero aquí hay que separar los hechos de las consignas.
Adrián fue detenido el 13 de septiembre en Bogotá por desacato a una orden judicial relacionada con contenidos de su documental, no porque un tribunal hubiera determinado que las acusaciones de la producción fueran ciertas.
¿Y qué sostiene el documental?
Cuestiona los protocolos y tratamientos de afirmación de género en menores: bloqueadores de pubertad, tratamientos hormonales y otras intervenciones. Presenta testimonios de personas que posteriormente se arrepintieron o detuvieron su transición y plantea preguntas sobre fertilidad, desarrollo óseo, consentimiento y posibles consecuencias permanentes. Son planteamientos del documental; no todos constituyen hechos establecidos por las autoridades.
Aquí aparece una distinción indispensable.
Eso no es lo mismo que las terapias de conversión o ECOSIEG: Esfuerzos para Corregir o Cambiar la Orientación Sexual, la Identidad o Expresión de Género. Son prácticas que buscan modificar o suprimir la orientación sexual o la identidad de género de una persona. La ONU ha advertido sobre los daños que pueden provocar, pueden constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, especialmente cuando se imponen a niñas, niños y adolescentes.
México debe hablar de ambos temas, pero sin mezclarlos.
Los ECOSIEG sí son un problema que nuestro país reconoce jurídicamente. La Suprema Corte ha reforzado la protección de niñas, niños y adolescentes frente a estas prácticas.
Pero también necesitamos una conversación seria sobre la atención médica de menores que experimentan incongruencia o malestar relacionado con su identidad de género: qué tratamientos existen, bajo qué protocolos, con qué evidencia, qué salvaguardas existen, cómo participan las familias y, sobre todo, cómo se garantiza el interés superior de la niñez.
No se trata de importar una guerra cultural de Colombia a México.
Se trata de hacer las preguntas que quizá hemos postergado.
Porque un niño o niña no puede convertirse en campo de batalla de personas adultas, ideologías, intereses políticos ni mercados.
Y tampoco pueden ser presas de la intolerancia.
La infancia merece algo mucho más difícil que una consigna: verdad, ciencia, protección y dignidad.
Porque cuando se trata de la infancia, el debate no debería ser quién gana. Debería ser quién protege.
Fuente: Heraldo de México
