La presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado una decisión estratégica correcta, la de colocar la austeridad, la transparencia y el combate a la corrupción en el centro de su agenda
Llevo más de 25 años en la función pública, he transitado el ámbito legislativo, el municipal, el estatal y el federal. En cada responsabilidad que me ha tocado asumir he actuado con la misma regla: mano dura contra la corrupción y absoluta transparencia en el manejo de recursos. No lo digo como consigna. Lo digo porque a las pruebas me remito. Mi carrera no tiene taches. Y esa es, precisamente, la razón por la que puedo escribir esta columna sin ambigüedades.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado una decisión estratégica correcta, la de colocar la austeridad, la transparencia y el combate a la corrupción en el centro de su agenda. Es un acierto, pero una decisión política, por firme que sea, no basta cuando las estructuras sobre las que debe operar están podridas. Ahí está el problema de fondo. La presidenta puede querer fiscalizar, pero las estructuras heredadas de grupos anteriores no le ayudan. Le estorban.
Lo digo con conocimiento de causa. Durante mi gestión al frente de la responsabilidad de las auditorías a las estructuras del gobierno del Estado de México, mediante órganos internos de control en las dependencias, instancias que dependían directamente de mi responsabilidad y coordinación, realizamos más de 10 mil acciones de fiscalización. Diez mil. Auditorías, revisiones, verificaciones, denuncias y procedimientos de responsabilidad y acompañamientos preventivos.
Cada una representó horas de trabajo técnico y, sobre todo, la posibilidad de detener a tiempo un desvío, corregir una irregularidad o disuadir a quien pretendía convertir el erario en beneficio privado.
Eso es lo que hace un órgano de control cuando tiene independencia operativa, capacidad técnica y respaldo institucional. Cuando carece de ello, se convierte en vitrina decorativa, informes que nadie lee, observaciones que nadie atiende, sanciones que nunca llegan. Y cuando esas estructuras fueron capturadas por grupos que durante décadas hicieron del control un instrumento de negociación política, el resultado es predecible, los titulares de los poderes ejecutivos pueden ordenar auditorías, pero los aparatos que deben ejecutarlas responden a lógicas heredadas, no a la instrucción superior.
He sostenido esta tesis en foros internacionales, la experiencia comparada es contundente, las democracias más maduras han consolidado sistemas de control interno con autonomía técnica y estándares globales, bajo una lógica preventiva, no punitiva. No esperan a que el daño esté consumado. Construyen barreras ex ante. La fiscalización moderna no es el acto final de una tragedia administrativa; es el mecanismo permanente que evita que la tragedia ocurra.
El debate sobre la autonomía de los organismos fiscalizadores no es menor ni coyuntural. Es estructural. Un Estado que debilita a sus contralores no se vuelve más eficiente: se vuelve más vulnerable. Y esa vulnerabilidad tiene un precio que terminan pagando los ciudadanos: menos hospitales, menos escuelas, menos infraestructura, más impuestos.
La presidenta Sheinbaum tiene la voluntad. Lo que no tiene todavía es una estructura depurada que traduzca esa voluntad en resultados. Mientras los órganos internos de control sigan operando con inercias de grupos anteriores, la fiscalización será un discurso sin dientes.
Como especialista en finanzas públicas y control gubernamental, sostengo una convicción que he practicado toda mi vida profesional, la prevención es la forma más eficiente de la justicia fiscal. Cada peso recuperado por una auditoría oportuna vale más que cien pesos perseguidos años después en un tribunal. La impunidad no solo es un problema ético, es un problema de eficiencia económica.
Auditar no es castigar. Es prevenir el saqueo. Y prevenir, en materia de recursos públicos, es la más alta forma de gobernar con responsabilidad. La presidenta parece entenderlo. El aparato que heredó, no.
Fuente: Heraldo de México
