Hay lugares en los que depositamos algo más que nuestra confianza: depositamos nuestra propia vulnerabilidad. Un hospital es uno de ellos. Entramos en él porque necesitamos ayuda, porque nuestro cuerpo ha dejado de responder como esperamos o porque atravesamos circunstancias que nos impiden valernos por nosotros mismos.
Aceptamos sus normas, sus procedimientos y la autoridad de quienes trabajan allí. Lo hacemos porque existe un pacto implícito: quien tiene el conocimiento y el poder de intervenir sobre nuestro cuerpo tiene también la obligación de protegerlo.
Pero ¿qué sucede cuando ese pacto se rompe? ¿Qué ocurre cuando la institución concebida para cuidar se convierte en el espacio donde el individuo queda expuesto a una forma de violencia que difícilmente podría ejercer fuera de sus muros?
La muerte de Kristian Josip Periš, de 32 años, en la Clínica de Psiquiatría Sveti Ivan (San Juan), en Zagreb, ha situado estas preguntas en el centro de un debate que trasciende las fronteras de Croacia. Periš, antiguo atleta y graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, murió el 21 de octubre de 2026, durante su estancia en el centro psiquiátrico.
Lo que inicialmente fue presentado a su familia como una muerte por parada cardíaca adquirió otra dimensión después de que se conociera la existencia de grabaciones de videovigilancia. Según la información publicada por medios croatas, las imágenes documentarían una intervención física en la que varios trabajadores sanitarios habrían ejercido violencia contra el paciente, incluso cuando este ya se encontraba inmovilizado.
Cuatro técnicos sanitarios están siendo investigados por un presunto delito de homicidio agravado de una persona especialmente vulnerable. La investigación judicial continúa y deberá determinar las responsabilidades individuales y, en su caso, institucionales.
Sin embargo, limitar este caso a la actuación de cuatro personas sería insuficiente. La pregunta más incómoda es otra: ¿qué condiciones institucionales permiten que algo así pueda suceder?
La institución y el poder sobre el cuerpo
Hace más de medio siglo, Michel Foucault nos invitó a abandonar una concepción demasiado sencilla del poder. El poder no se encuentra exclusivamente en el Estado, en la policía o en las estructuras políticas tradicionales. También circula por los espacios cotidianos, por las relaciones profesionales, por los procedimientos administrativos y por las instituciones que organizan nuestra vida.
En Vigilar y castigar, Foucault analizó cómo las sociedades modernas desarrollaron mecanismos cada vez más sofisticados de disciplina y vigilancia. La escuela, el cuartel, la prisión y el hospital no son instituciones idénticas, pero comparten determinadas tecnologías de organización, clasificación y control de los individuos.
El cuerpo se convierte así en un objeto sobre el que se ejerce poder, se produce conocimiento y se establece una determinada relación entre autoridad y obediencia.
La institución médica ocupa una posición particularmente delicada en este entramado. Su legitimidad procede del conocimiento científico y de su función social de cuidado. Precisamente por eso, la relación entre el profesional y el paciente está marcada por una profunda asimetría.
Uno dispone del conocimiento especializado, controla buena parte de las decisiones y tiene acceso a los recursos institucionales. El otro depende, en mayor o menor medida, de ese mismo sistema.
En una institución psiquiátrica, esta asimetría puede intensificarse. El paciente puede encontrarse físicamente limitado, sometido a observación constante y privado de buena parte de su autonomía cotidiana. Sus palabras pueden ser interpretadas a través de una categoría clínica; sus protestas, consideradas síntomas; su resistencia, entendida como una manifestación de su condición.
No significa que la medicina sea necesariamente un instrumento de represión, ni que toda intervención coercitiva sea ilegítima. Existen situaciones clínicas en las que una medida restrictiva puede resultar necesaria para evitar un peligro inmediato. Pero su legitimidad depende de condiciones estrictas: necesidad, proporcionalidad, duración limitada, supervisión y respeto a la dignidad humana.
El problema comienza cuando la intervención deja de responder a una necesidad terapéutica y la autoridad profesional se convierte en una justificación para ejercer un poder sin controles efectivos.
El silencio de las instituciones
Hay algo especialmente inquietante en los espacios institucionales: su capacidad para producir una versión oficial de los acontecimientos.
Una institución dispone de expedientes, informes, protocolos, registros y personal autorizado para describir lo ocurrido. El individuo que se encuentra dentro de ella, en cambio, puede carecer de los medios para documentar su propia experiencia. En determinadas circunstancias, ni siquiera puede contarla.
Esta desigualdad no es simplemente administrativa. Es también una desigualdad en la producción de la verdad.
Foucault mostró que el conocimiento y el poder mantienen una relación estrecha. Quien tiene autoridad para clasificar, diagnosticar y documentar también participa en la construcción de aquello que socialmente se reconoce como verdadero.
En el caso de Periš, la existencia de grabaciones de videovigilancia adquiere, por tanto, una importancia que va más allá de su valor probatorio. Según las informaciones publicadas, las imágenes permitieron cuestionar la primera explicación ofrecida sobre su fallecimiento y abrieron nuevas líneas de investigación.
También se han publicado datos preocupantes sobre la cronología posterior a su muerte. La familia presentó una denuncia el 23 de octubre y solicitó que se conservaran las grabaciones. La dirección del centro examinó personalmente las imágenes el 4 de noviembre y la policía las incautó el día 6.
Estos hechos han suscitado interrogantes sobre la actuación de la dirección y la respuesta institucional. La Fiscalía está recopilando información y no ha cerrado la investigación sobre las posibles responsabilidades de otras personas.
No sería riguroso afirmar, antes de que concluya la investigación, que existió una operación deliberada de encubrimiento. Pero tampoco sería aceptable considerar irrelevantes las preguntas sobre los tiempos de reacción, la comunicación con la familia y la preservación de las pruebas.
La transparencia no puede depender de que una familia consiga demostrar que algo ha salido mal. Debe formar parte del funcionamiento ordinario de cualquier institución que ejerza poder sobre personas vulnerables.
La psiquiatría y la frontera entre cuidado y control
En su obra Historia de la locura, Foucault examinó la construcción histórica de la distinción entre razón y sinrazón, normalidad y desviación. Su análisis no fue una negación de la enfermedad mental ni del valor de la medicina. Fue, sobre todo, una investigación sobre las relaciones históricas entre conocimiento, clasificación, exclusión y poder.
Esta perspectiva sigue siendo relevante porque las personas que reciben atención psiquiátrica se encuentran expuestas a una paradoja: necesitan instituciones capaces de proporcionarles tratamiento y protección, pero pueden quedar sometidas a estructuras que reducen considerablemente su capacidad de decidir y de hacer oír su voz.
La vulnerabilidad nunca debería interpretarse como una disminución del valor de una persona. Tampoco puede convertirse en una autorización tácita para tratarla de manera diferente en lo que respecta a sus derechos fundamentales.
Una persona no deja de ser sujeto de derechos cuando ingresa en una institución psiquiátrica. No pierde su dignidad porque necesite tratamiento, ni deja de tener derecho a la integridad física porque su comportamiento requiera una intervención médica.
De hecho, cuanto mayor es la dependencia de una persona respecto de una institución, mayor debería ser la obligación de esta de garantizar mecanismos independientes de supervisión.
Aquí resulta especialmente útil otra perspectiva sociológica: la de Erving Goffman y su concepto de las instituciones totales, desarrollado en Internados (Asylums). Goffman describió cómo determinadas organizaciones concentran bajo una misma autoridad aspectos fundamentales de la vida cotidiana de sus residentes.
El tiempo, el espacio, las relaciones sociales y las actividades diarias quedan organizados mediante reglas institucionales. El individuo pierde parte del control sobre su propia existencia.
La institución puede terminar convirtiéndose en el principal marco desde el que se define su identidad.
Y precisamente por eso debemos preguntarnos qué mecanismos existen para proteger a quienes viven temporalmente bajo una autoridad de la que dependen casi por completo.
¿Quién vigila a quienes vigilan?
El concepto del panóptico, desarrollado originalmente por Jeremy Bentham y reinterpretado por Foucault, ofrece otra clave para comprender este problema.
El panóptico representa un sistema en el que el individuo puede sentirse permanentemente observado, aunque nunca sepa con certeza cuándo se ejerce esa vigilancia.
La pregunta que plantea el caso de Zagreb es casi una inversión de esta lógica: ¿quién observa a quienes tienen la responsabilidad de observar y cuidar?
¿Quién supervisa a los profesionales que aplican medidas de contención? ¿Quién comprueba que estas se realizan conforme a los protocolos? ¿Quién tiene acceso independiente a las grabaciones?
¿Qué sucede cuando un empleado presencia una actuación irregular? ¿Cómo se protege a quienes denuncian posibles abusos dentro de una organización jerárquica?
No basta con que una institución tenga normas. Necesita mecanismos capaces de verificar su cumplimiento, incluso cuando hacerlo resulte incómodo para sus propios responsables.
Una organización no puede ser el único juez de sus propias actuaciones.
La responsabilidad tampoco puede agotarse en identificar a quienes ejecutaron directamente una acción. Es necesario examinar las decisiones, las omisiones, los procedimientos y las condiciones organizativas que hicieron posible el acontecimiento.
Esto no significa atribuir automáticamente responsabilidad penal a toda la cadena jerárquica. Significa comprender que la responsabilidad institucional tiene dimensiones que van más allá de la culpabilidad individual.
La violencia que no vemos
Quizá la cuestión más profunda de este caso no sea únicamente la violencia que presuntamente se produjo en una habitación de hospital. Es también la invisibilidad que caracteriza a determinados grupos de personas dentro de nuestras sociedades.
El paciente psiquiátrico, el anciano dependiente, la persona con discapacidad, el menor bajo tutela o cualquier individuo que no pueda defender plenamente sus intereses se encuentra en una posición de especial vulnerabilidad frente a las instituciones.
Su protección no puede depender exclusivamente de la buena voluntad de quienes trabajan en ellas.
Las sociedades democráticas han desarrollado una extensa arquitectura de derechos, garantías y procedimientos. Sin embargo, existe una contradicción cuando esos derechos pierden efectividad precisamente en los espacios donde las personas más necesitan que sean protegidos.
La modernidad nos ha enseñado a confiar en las instituciones porque representan el conocimiento, la racionalidad, la profesionalización y el orden. Pero esa confianza no debe confundirse con una aceptación incondicional de su autoridad.
Una institución no es legítima simplemente porque exista para cumplir una función socialmente necesaria. Su legitimidad también depende de cómo ejerce el poder que le ha sido confiado y de su disposición a rendir cuentas.
La democracia no termina en la puerta de un hospital. Los derechos humanos tampoco.
La última frontera de la responsabilidad
Hay una imagen que permanece detrás de este caso: una habitación de hospital, una persona que depende de quienes la rodean y unas cámaras que registran lo que sucede cuando el resto del mundo no está mirando.
No deberíamos necesitar una cámara para garantizar la dignidad de un paciente. Pero, cuando la dignidad puede ser vulnerada en espacios cerrados, la vigilancia independiente se convierte en una condición indispensable de la protección.
Kristian Josip Periš no debería quedar reducido a un expediente judicial, a una secuencia de imágenes o a una controversia mediática. Su muerte nos obliga a examinar una cuestión mucho más amplia: qué sucede cuando la autoridad institucional deja de estar subordinada a la responsabilidad que justifica su existencia.
Foucault nos enseñó que el poder moderno no necesita presentarse siempre como violencia visible. Puede operar mediante procedimientos, jerarquías, clasificaciones y formas de control que terminan pareciendo naturales. Goffman nos recordó que, dentro de determinadas instituciones, el individuo puede perder progresivamente el control sobre su propia vida.
Pero hay algo que ninguna teoría debería hacernos olvidar: detrás de cada expediente hay una persona; detrás de cada diagnóstico, una vida; detrás de cada procedimiento, un cuerpo cuya dignidad no puede quedar suspendida.
Las puertas de una institución pueden cerrarse por razones médicas, organizativas o de privacidad. Lo que nunca deberían cerrar es el paso a la responsabilidad pública.
Porque una sociedad no se mide únicamente por la protección que ofrece a quienes pueden defenderse. Se mide, sobre todo, por la manera en que trata a quienes dependen de otros para ser escuchados, protegidos y reconocidos como seres humanos.
Y quizá la pregunta más importante que deja este caso sea también la más sencilla: ¿quién protege al individuo cuando quienes tienen el deber de protegerlo son, precisamente, quienes ejercen el poder sobre él?
Fuente: estrelladigital
