Compra (oficial) de votos

“Se llama compra o coacción del voto. Es un delito electoral. Amerita además de la aplicación de las sanciones que marca la Ley”.

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A final de cuentas –como aquí lo he señalado una y otra vez— parecen ser las dádivas económicas vestidas de programas sociales las que determinarán el resultado de la elección presidencial del 2 de junio.

O sea, la compra y coacción del voto… desde el oficialismo.

A lo largo de la campaña que está a dos semanas de terminar se han ido decantando uno a uno los temas de la controversia electoral –como la inseguridad, la salud, la economía, la educación, la corrupción– y, al final, quedan efectivamente esos programas como el asunto esencial para la decisión de los ciudadanos ante la urna.

De ahí los afanes pienso que tardíos de la oposición por contrarrestar el alud de spots del partido oficial, con el que se chantajea con mentiras abierta e impunemente a los electores: Si no votas por mi vas a perder tu pensión, tu beca, tu apoyo económico. Así de simple y directo. Y descarado. Superar semejante desventaja, tramposa e ilegal, sería una hazaña adicional de Xóchitl Gálvez.

Ojo: el tema no es la ejecución de programas sociales como la pensión para adultos mayores, sino su uso propagandístico en spots de campaña para chantajear a los electores. Ese es el sentido de la mayoría de los promocionales de la candidata de Morena y socios a la Presidencia de la República.

Deliberadamente se confunde la entrega ya programada y calendarizada de los apoyos económicos a los beneficiarios, lo cual no está prohibido por la ley, con la utilización propagandística de dichos programas con intención de franca extorsión  sobre el elector.

Inclusive el INE cae en esa confusión. Se niega –con razón- a prohibir la ejecución de los programas sociales durante la contienda electoral, cuando no es ese el problema. Debiera en cambio vetar y castigar el chantaje publicitario que se ejerce todos los días en miles y miles de spots de radio y televisión.

Tres ejemplos, entre decenas:

–La candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum Pardo, aparece a cuadro y advierte, con todo solemne: “Los únicos que podemos garantizar la continuidad de los programas sociales somos los representantes de la Cuarta Transformación”.

–En otro, ella misma alude al ex presidente Vicente Fox Quesada. “¿Recuerdas que un expresidente del PRIAN dijo que quienes reciben programas sociales son unos flojos?”, dice Sheinbaum. “Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar cabr…, como dice Xóchitl (Gálvez)”, dice Fox en un video.

–Tres: en un spot de televisión, Sheinbaum Pardo enumera los diferentes programas sociales mientras en imágenes se palomea en una libreta los diferentes temas: adultos mayores, becas para jóvenes, sembrando vida, etcétera, para finalmente asegurar ella misma  que sólo con el gobierno de la 4T seguirán esos beneficios.

Parte de esa estrategia fue la decisión tramposa de Andrés Manuel de adelantar el pago de dos bimestres a los beneficiarios del programa de adultos mayores. Su coartada fue afirmar que lo hacía para no violar la ley electoral durante la campaña, lo cual es otra falsedad. Entregó en marzo pasado 12 mil pesos de un golpe a cada uno de ellos (alrededor de 12 millones en el país), correspondientes a los bimestres marzo-abril y mayo-junio. Fue evidentemente una maniobra electorera, que incluso de reflejó en encuestas que midieron el efecto de la “dádiva” presidencial y en la calificación del propio mandatario.

Como escribí aquí hace más de un mes, tarde pero aun a tiempo asumieron los opositores que en efecto ese es el tema que puede inclinar la balanza a favor del partido del gobierno, “simple y sencillamente porque a una amplia capa de la sociedad, hay que reconocerlo, lo que le importa no son ni los muertos, ni la inseguridad, ni el dominio del crimen organizado en amplias regiones del país, ni la falta de atención médica, ni la corrupción de los hijos del Presidente, sino tener asegurada su pensión de seis mil pesotes cada dos meses”.

Hay 12 millones de beneficiaros de este programa, según la cifra oficial. Multiplíquelo por un mínimo de cuatro miembros de la familia que según el Inegi se ven beneficiados, de manera directa o indirecta, en promedio. Suman así 48 millones de votantes potenciales.

Recordé un dato que  resulta harto elocuente en la encuesta más reciente del periódico El Financiero: 64 por ciento de los entrevistados que dijeron recibir programas sociales respondieron que votarán por Claudia Sheinbaum Pardo, mientras apenas 21 lo harían por Xóchitl Gálvez Ruiz. Una diferencia de 43 puntos porcentuales.

Esta práctica vulnera obviamente los preceptos de equidad e imparcialidad de la contienda que busca garantizar la legislación electoral vigente.

Además de la propaganda electoral con ese sentido está el activismo directo de miles de servidores de la Nación, empleados del gobierno En el caso de Ciudad de México tengo evidencia directa de la visita casa por casa de jóvenes que portan chalecos guindas del gobierno capitalino para advertir a los ciudadanos que votar por otra opción que la de Clara Brugada y Sheinbaum Pardo significa que se pierdan los apoyos económicos de que disfrutan. Así, sin recato.

La regulación de los programas sociales está establecida en el artículo 134 de la Constitución, y asegura que éstos se apeguen a su objetivo y reglas de operación, “evitando, en todo momento, su uso con fines políticos y su orientación bajo el criterio de las buenas prácticas de aplicación de los recursos públicos”.

Prohíbe en efecto la utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal y municipal, o de la Ciudad de México, “con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para que se abstengan o voten a favor o en contra de cualquier partido político o candidatura”.

Se llama compra o coacción del voto. Es un delito electoral. Amerita además de la aplicación de las sanciones que marca la Ley, una declaración clara y contundente de la autoridad electoral al respecto. Que se divulgue masivamente que los programas sociales son un derecho constitucional que nadie puede suprimir. Quedan dos semanas. Aún es tiempo. Válgame.

DE LA LIBRE-TA

DEBATE. El debate de las candidatas presidenciales sobre el tema de la inseguridad del próximo domingo está tácitamente ganado antes de ocurrir por la aspirante opositora Xóchitl Gálvez. El dato aterrador de 187 mil homicidios dolosos en la que va del sexenio de los abrazos y no balazos es más que suficiente para describir el fracaso rotundo de la autollamada Cuarta Transformación en este tema.  “Hay más homicidios en el país (pero) no más violencia”, dijo AMLO para nuestra tranquilidad.

Fuente: sinembargo

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