A lo largo de los años, el patrimonio inmobiliario de Isabel II ha sido sometido a un mayor control y escrutinio púbico. Su gestión está en manos del Crown Estate, una entidad independiente que entrega cada año los beneficios al Ministerio de Economía británico. Un porcentaje se revierte a la Casa de Windsor. Otra cosa es el patrimonio financiero de la reina. Nunca se ha hecho público, y las distintas especulaciones lo cifran entre 350 y 400 millones de euros. Buckingham se ha opuesto siempre a que se desvelara en qué empresas o empeños decide invertir la Casa Real británica. Según ha publicado en exclusiva el diario The Guardian, ese empeño llegó en los años setenta hasta el punto de forzar que el Gobierno modificara expresamente una ley que ponía en peligro el secreto.
Era 1973 y habitaba entonces Downing Street el conservador Edward Heath. El Gobierno preparaba una nueva ley para dotar de mayor transparencia a la propiedad de las empresas, para evitar la toma de una mayoría de capital a través de compañías interpuestas. Una serie de documentos y notas intercambiadas entre ministros y abogados de la época, procedentes de los archivos nacionales, ponen en evidencia cómo el Ejecutivo se dobló a la presión ejercida por los abogados de Isabel II. El equipo de la reina utilizó un mecanismo arcano de los usos y costumbres del derecho británico: el llamado Royal Assent (Consentimiento Real). Del mismo modo que cada ley aprobada por la Cámara de los Comunes necesita del refrendo de la monarca (Royal Consent) para su entrada en vigor, es costumbre notificar el inicio de su tramitación al Palacio de Buckingham, por si sus disposiciones pueden chocar de algún modo con los intereses de la Corona. En una monarquía democrática como la británica, estos procedimientos tienen más de rito y simbolismo que de prerrogativa efectiva. La decisión corresponde al Gobierno, único responsable de sacar adelante su programa. Cuando entra en juego el dinero de Isabel II, según los documentos revelados, la capacidad de intervenir comienza a tomarse en serio.
En representación de Isabel II, el abogado Mattew Farrer se puso manos a la obra y contactó con los altos funcionarios del ministerio británico de Comercio e Industria. “He hablado con el señor Farrer”, explica en uno de esos documentos revelados un funcionario llamado C. M. Drukker el 9 de noviembre, “Está bastante preocupado -no él, sino más bien sus clientes- ante el riesgo de que se pueda hacer pública la propiedad de acciones (…) Básicamente porque podría ser muy embarazoso para algunas personas”.
El entonces ministro de Comercio, Geoffrey Howe, dedicó varios meses a buscar la solución al aparente problema. “Con la ayuda del Banco de Inglaterra, hemos dado con las siguientes propuestas, que serán incluidas en la ley”, escribía a un colega del Gobierno. El esquema desarrollado consistió en permitir que algunas compañías concretas, a criterio del Ejecutivo, quedaran exentas del nuevo régimen de transparencia. La excusa oficial, proteger a “jefes de estado, gobiernos, autoridades monetarias centrales, fondos de inversión y organismos internacionales”. El propósito evidente, salvar del trámite a Isabel II. El Gobierno conservador de Heath nunca llegó a aprobar la ley, que decayó al concluir esa legislatura. Sin embargo, su sucesor, el laborista Harold Wilson, hizo suyo -con los arreglos acordados- el proyecto y lo puso en marcha. Una nueva institución, denominada Bank of England Nominees Limited (algo así como Testaferros Accionariales Banco de Inglaterra Limitada), dirigida por altos funcionarios de la autoridad monetaria, se encargó de cobijar las inversiones que debían permanecer ocultas. Estuvo viva hasta hace apenas cuatro años, en que se disolvió. La ley no exige en este caso exponer un rendimiento público de cuentas.
El palacio de Buckingham se ha apresurado a negar que se hubiera abusado de la prerrogativa real del Royal Assent. “La monarca otorga siempre el consentimiento real cuando lo solicita el Gobierno. Cualquier afirmación de que la soberana haya podido bloquear legislación es simplemente falsa. Es función del Parlamento decidir cuándo se solicita ese consentimiento, en la medida en que el texto legal pueda afectar a los intereses de la Corona”. Una negativa que no niega el contenido de la historia, con la que el palacio de Buckingham confía en dar por zanjado el asunto.
Isabel II, que el pasado sábado celebró el 69º aniversario de su ascenso al Trono y es la monarca más longeva de la historia del Reino Unido, retiene una asombrosa popularidad entre los ciudadanos, acrecentada durante la pandemia por sus intervenciones puntuales estos meses por vídeo y recluida en el Castillo de Windsor, para dar ánimo a los británicos.
Fuente: elpaís
