Activistas ambientalistas de Chihuahua acusan que un convenio firmado por la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) con autoridades de Israel es ilegal porque no aparece inscrito en el Registro Nacional de Convenios Internacionales (RENCID), requisito que, afirman, establece la Ley sobre la Celebración de Tratados en materia de cooperación internacional.
Ciudad de México.— La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de Chihuahua entregó a la agencia israelí MASHAV información relacionada con el manejo del agua mediante un convenio de cooperación que no fue inscrito en el Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (RENCID), denunciaron organizaciones ambientalistas. El acuerdo, firmado el 23 de febrero de 2023, contempla el intercambio de conocimientos, experiencias y tecnología en materia de agua, así como la participación del sector privado israelí; sin embargo, una respuesta oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que no existe constancia de su registro.
Los activistas advirtieron que la falta de registro impide conocer con precisión qué datos, estudios o información hídrica fueron compartidos y dificulta exigir una rendición de cuentas. También cuestionaron que el convenio incluya asuntos agrícolas y de riego que no corresponden a las atribuciones de la JCAS, y expresaron preocupación por los antecedentes de empresas israelíes involucradas en proyectos de tratamiento de aguas, infraestructura hidráulica y acceso a información sobre sistemas de bombeo, medición y flujo del agua en México.
En Chihuahua, el agua es un tema especialmente sensible. Y no es para menos: en un estado desértico que durante años sufrió sequías extremas y excepcionales, cualquier decisión relacionada con su manejo adquiere especial relevancia.
El acuerdo fue firmado el 23 de febrero de 2023 entre la JCAS, actualmente encabezada por el exdiputado y exalcalde panista de Delicias, Mario Mata Carrasco, y la Agencia para la Cooperación del Estado de Israel (MASHAV). En su primer párrafo establece que busca «incentivar y promover acciones de cooperación en temas relacionados con el agua, incluso a través de la participación del sector privado israelí”. Sin embargo, activistas sostienen que se incumplió la legislación mexicana al no haber sido inscrito en el RENCID, plataforma pública administrada en el marco de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Luis Andrés Rivera Levario, activista de Chihuahua e integrante del colectivo Salvemos a los Cerros de Chihuahua, explicó que esa legislación establece que los convenios de cooperación internacional celebrados por sujetos obligados, es decir, instituciones que reciben recursos públicos, deben registrarse ante la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), a través del RENCID.
«Es una plataforma pública donde todas las personas tenemos el derecho a consultar qué convenios está firmando México», dijo en una entrevista a SinEmbargo.
Asimismo, Rivera Levario narró que fue precisamente al buscar el convenio cuando comenzaron las dudas: «Nosotros nos ponemos a investigar el convenio y vemos que no está registrado; eso de entrada ya nos enciende todas las alertas».
Hay documentación obtenida por transparencia que muestra que la JCAS, durante el proceso para declarar procedente el convenio, modificó sustancialmente el proyecto que inicialmente habían presentado, como se muestra en el documento de Relaciones Exteriores del 24 de enero de 2023.
Además, aseguró que el contenido del acuerdo también genera cuestionamientos porque incluye temas agrícolas y de riego que, a su juicio, no corresponden a las atribuciones de la Junta Central de Agua y Saneamiento.
«Originalmente vimos que este convenio por un lado habla de temas agrícolas y de riego y esto no es una facultad que tenga competencia la Junta Central de Agua; esto es competencia de la Secretaría de Desarrollo Rural. ¿Qué quiere decir esto? Hay una invasión de facultades; están haciendo lo que le corresponde a otra institución», afirmó.
Por su parte, es importante señalar que recientemente el director de la JCAS, Mario Mata Carrasco —quien cuando fue diputado en la anterior legislatura se opuso a la Ley Nacional de Aguas— ya rechazó y negó que exista alguna ilegalidad o que el convenio se haya firmado «en lo oscurito”. Y es que el funcionario panista difundió el pasado 14 de julio, a través de Facebook y otras redes sociales, el oficio DEP15/0323 para sostener que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tenía conocimiento de la firma del acuerdo con Israel.
No obstante, el contenido del documento no señala que la dependencia federal haya autorizado el convenio ni que éste haya sido incorporado al Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo, porque el oficio únicamente establece que:
«La Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha tomado nota de la firma del instrumento, procediendo a incorporar la copia en el expediente respectivo».
Es decir, el documento refiere que la dependencia tomó conocimiento de la existencia del convenio e integró una copia al expediente correspondiente, pero no acredita que el acuerdo haya sido registrado en el RENCID, como señalan los activistas que exige la legislación aplicable.
«Ese oficio no tiene ningún peso en el proceso legal de registro ante la agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)», agregó el activista.
Por otro lado, las organizaciones de Chihuahua exhibieron una respuesta oficial obtenida mediante la solicitud de información UDT-10914_340002500003525, emitida en noviembre de 2025 por la Secretaría de Relaciones Exteriores. En esa respuesta, la dependencia informó que, tras realizar una revisión exhaustiva de sus archivos, no encontró registro del convenio celebrado entre la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua y la agencia israelí MASHAV en el registro correspondiente.
Para los activistas, esa respuesta fortaleció los cuestionamientos sobre la legalidad del acuerdo. Rivera Levario explicó que, desde que detectaron la ausencia del convenio en el registro público, comenzaron una serie de movilizaciones para denunciar el caso.
«Nosotros, al ver esta situación, hemos estado manifestándonos fuertemente con marchas, con protestas y con campañas aquí en Ciudad Chihuahua y en otras partes del estado. Gracias a que se ha alzado la voz durante más de un año se logró romper el cerco mediático y que el tema trascendiera a nivel nacional», sostuvo.
El activista aseguró que las denuncias comenzaron hace más de un año, cuando presentaron la solicitud de información y posteriormente entregaron un oficio sobre el caso; además relató que la Junta Central de Agua y Saneamiento convocó posteriormente a una reunión con algunas personas, aunque, dijo, nunca informó públicamente el contenido de ese encuentro.
«Es paradójico porque esto ya tiene más de un año de que nosotros hicimos la solicitud de información, fuimos a entregar un oficio. La Junta invitó a una reunión a algunas personas, pero no informó el contenido de esa reunión y con eso quiso aparentar que ya todo estaba bien», afirmó.
“Lo que vemos más grave es que no está publicado en el RENCID, es decir, no se puede exigir que haya una rendición legal de cuentas, puesto que jurídicamente no existe este convenio, según la ley de cooperación internacional. Entonces, nosotros a partir de eso empezamos a denunciar esta situación», señaló el activista.
Frente a esta situación, colectivos y organizaciones convocaron a una marcha el próximo 1 de agosto en al menos 14 ciudades del país, entre ellas, Ciudad Juárez, la ciudad de Chihuahua y la Ciudad de México, para protestar contra el acuerdo de cooperación hídrica firmado entre la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de Chihuahua y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.
La respuesta de la JCAS
Durante esta semana, el director de la JCAS insistió en que el convenio no es para vender agua y que se hizo público desde el principio, sin embargo, no aclara por qué no ha sido incorporado como lo establece la ley, en el registro correspondiente.
«Se trata de un acuerdo de cooperación técnica para intercambiar conocimientos, experiencias y tecnología que permitan mejorar el reúso de agua tratada, la eficiencia de los sistemas de agua potable, el saneamiento, la agricultura sustentable y el uso responsable del agua», se lee en la publicación.
Sin embargo, los activistas sostienen que dichas publicaciones no responden al cuestionamiento central sobre la falta de inscripción del convenio en el registro correspondiente.
«La ley lo que exige es el registro. Entonces lo que debe explicar es por qué no se registró ese convenio, por qué el tema es el riego agrícola cuando él no tiene competencia de eso», señalaron.
Además del convenio, los activistas denunciaron la falta de acciones por parte del Gobierno del Estado y de la JCAS para proteger cuerpos de agua bajo competencia estatal, lo cual es su obligación.
«No ha habido ni una sola acción, ni un solo estudio, ni una sola veda para proteger algún cuerpo de agua», afirmó Rivera Levario.
La Presa Chihuahua, principal fuente de abastecimiento de agua potable para la capital del estado, es un ejemplo, de acuerdo con el activista, quien detalló que tras la caída de un helicóptero a ese sitio la JCAS aseguró que no existía contaminación, a pesar de que notorio que el combustible y otros componentes representan riesgos ambientales. Eso aunado a que la presa ha sufrido desde hace años un proceso creciente de urbanización y contaminación sin que la JCAS haya intervenido para protegerla, aun cuando existe un estudio para declararla Área Natural Protegida.
El activista también relató que lejos de proteger los cuerpos de agua, los contaminan, ya que, explicó que el año pasado interpusieron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) después de que un estudio determinó contaminación en el agua del río Sacramento, cuya corriente en temporada seca proviene de descargas de la planta tratadora operada por la JCAS.
Asimismo, señaló que el Arroyo de las Ánimas, identificado por los activistas como el último manantial de la ciudad de Chihuahua, permanece contaminado desde hace más de un año por descargas de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, situación que, dijo, ya cuenta con un acta de inspección de Profepa donde se establecen posibles hechos que podrían contravenir la legislación ambiental.
Rivera Levario afirmó que la preocupación de ceder el agua o información sobre el agua, es porque durante su investigación, encontraron antecedentes de la empresa israelí Mekorot en México en donde, según un estudio de la propia empresa, en 2014 participó en un convenio para la inyección de agua residual tratada al acuífero de San Luis Río Colorado, Sonora, proceso que, sostuvo, afecta la calidad del agua para consumo humano y riego. Asimismo, recordó que en 2013 se firmó un convenio con la empresa Xylem relacionado con infraestructura hidráulica y acceso a información sobre equipos de bombeo, válvulas y medición de flujo de agua.
El activista dijo que esa información incrementa la preocupación de las organizaciones, particularmente en un contexto de proyectos relacionados con fracking, gasoductos y tecnologías como la ósmosis inversa. Añadió que Chihuahua posee cuencas cerradas donde la acumulación de sales representa un riesgo ambiental, por lo que consideró preocupante la eventual introducción de ese tipo de tecnologías en la entidad.
Por ello, el activista cuestionó la postura del director de la JCAS respecto a que el convenio no genera obligaciones.
«Él dice: ‘No, es que es un convenio que no genera obligaciones’. Pero la verdad es que con este contexto del fracking, de Mekorot y de Xylem, el hecho de que no genere obligaciones solamente nos da más motivos para preocuparnos. ¿Para qué hacen un convenio si de todas formas no iban a hacer nada, si nomás era para compartir información?», expresó.
El activista concluyó con una valoración política sobre el acuerdo.
«Yo considero que ese convenio es un acto simbólico de sometimiento y de sumisión de las autoridades de Chihuahua al Estado genocida de Israel», insistió.
Fuente: sinembargo
