En violencia, maquillar no basta para tapar la realidad

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Desde Acción Nacional vamos a exigir que el gobierno de Morena explique la diferencia entre los registros de homicidio y permita revisar cómo se clasificaron las muertes.

La semana pasada, la presidenta de México anunció en tono triunfalista que el promedio diario de homicidios dolosos —los cometidos con la intención de privar de la vida a una persona— había bajado de 86.9 en septiembre de 2024 a 43.4 en octubre de 2026. Ese mismo día, el INEGI informó que en 2025 se registraron 29,488 defunciones por homicidio contra 33,550 en 2024; es decir, una reducción de apenas 12.1%. Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, las alarmas se encienden cuando el gobierno pretende vender la reducción de un delito, medido además con un nuevo catálogo, como prueba de que la seguridad de las familias, en su conjunto, ha mejorado. Y lo hace mientras otros delitos —como los homicidios culposos, aquellos cometidos sin ánimo de matar; las tentativas de feminicidio y las extorsiones— van al alza. Presumir una cifra a la baja no es pacificar al país: es maquillar la realidad.

Vamos por partes. Para 2025, la diferencia entre los datos del Secretariado Ejecutivo y los del INEGI es de 5,140 casos. El Instituto se apoya en registros de defunción y el Secretariado, en los reportes de las fiscalías. Las dos fuentes cuentan los hechos con criterios y calendarios distintos. El gobierno debe explicar qué parte de la brecha obedece a esas diferencias y qué casos requieren una revisión adicional. Esa es una pregunta que la gráfica de la Presidencia no responde: se limita a comparar el promedio diario de dos meses separados por más de dos años.

La clasificación de las muertes merece atención por otra razón. Un análisis de la Fundación Rafael Preciado Hernández encontró que, entre enero y septiembre de 2026, las carpetas por homicidio doloso cayeron 42% frente al mismo periodo de 2024. Las de homicidio culposo bajaron 8% en el país. Con el cambio de catálogo del Secretariado en 2026, es indispensable exigir que se revisen los expedientes y se publiquen los criterios que aplicaron las fiscalías. Para sostener que una muerte fue clasificada indebidamente, hay que conocer el dictamen y la evidencia que tenía la autoridad cuando tomó esa decisión.

Esa revisión no es un asunto técnico: tiene consecuencias para cada familia. La clasificación inicial orienta las diligencias y puede determinar qué se investiga primero. Si después aparecen elementos para cambiarla, la familia tiene derecho a saber qué encontró la fiscalía y por qué corrigió su decisión. Publicar cuántos expedientes se reclasifican y explicar cómo se reflejan esos cambios en las series estadísticas es indispensable para entender las cifras. También permitiría detectar dónde hace falta revisar cómo trabajan las autoridades.

La extorsión exige otra clase de respuesta. Una comerciante que recibe una amenaza tiene que decidir si abre mañana y si puede denunciar sin poner en riesgo a su familia. El análisis de la Fundación Rafael Preciado Hernández registra 8,080 carpetas por extorsión consumada entre enero y septiembre de 2026, 5% más que en el mismo periodo de 2024 y 64% más que en 2018. Y desde que existe una categoría específica para las tentativas, podemos ver otra parte del problema. Lo que hace falta saber es qué pasó después de que alguien pidió ayuda. ¿Recibió protección? ¿La fiscalía investigó el origen de la amenaza? Para quien tiene que volver a levantar la cortina al día siguiente, esas respuestas pesan más que el número de llamadas atendidas.

Las encuestas ayudan a entender por qué una supuesta mejora en el registro de homicidios puede convivir con una sensación de inseguridad persistente. En junio de 2026, el 59.8% de los adultos de las 91 áreas urbanas estudiadas por el INEGI consideró inseguro vivir en su ciudad, frente al 63.2% de junio de 2025. En el mismo lapso, el análisis de la Fundación sobre los microdatos de bienestar del Instituto encontró que la satisfacción con la seguridad bajó de 6.77 a 6.44, en una escala de cero a diez. Una encuesta pregunta por la ciudad y la otra por la satisfacción con la propia seguridad. Cada una aporta algo distinto, y la segunda revela que la gente se siente menos satisfecha con su propia seguridad que hace un año.

El dato es más grave entre las mujeres: la proporción que calificó su seguridad con cinco o menos pasó de 31.9% a 39.3%, según ese análisis. Ahí hay una tarea concreta para los gobiernos locales. Si una mujer cambia de ruta al salir del trabajo o tiene que pagar un transporte que apenas puede costear para volver a su casa, la respuesta empieza por identificar qué ocurre en ese trayecto y a qué hora. En algunos lugares hará falta intervenir una parada o un tramo de calle. En otros, la prioridad será saber por qué las amenazas que ya se denunciaron siguen sin investigarse. Son problemas que solo se conocen escuchando a quienes recorren esos lugares y revisando cómo se atendieron sus reportes.

El comparativo estatal de enero a abril de 2026 documenta tasas de homicidio doloso especialmente altas en Colima y Morelos, ambos gobernados por Morena. Los datos sirven para identificar dónde intervenir y qué exigirle a cada gobierno. Cuando una red delictiva cruza fronteras estatales, a la Federación le toca explicar cómo se comparte la información y quién dirige la investigación. A las autoridades locales les corresponde responder por la atención que recibe la gente en su municipio y ante su fiscalía.

La discusión sobre la corrupción debe empezar con una pregunta concreta. Si hay indicios de que un funcionario facilitó la operación de una organización criminal, ¿quién puede investigar con independencia y acceso a los expedientes? Una denuncia debe seguir su curso aunque alcance a alguien cercano a quienes gobiernan. La autoridad tiene que determinar si hubo filtraciones, si se frenaron diligencias o si alguien recibió dinero a cambio de protección. Cada responsabilidad debe acreditarse con pruebas. Mientras se investiga, también hay que proteger a quienes aportan información, sobre todo cuando viven o trabajan en el mismo municipio donde ocurrieron los hechos.

Desde Acción Nacional vamos a exigir que el gobierno de Morena explique la diferencia entre los registros de homicidio y permita revisar cómo se clasificaron las muertes. Queremos saber qué pasó con las denuncias de extorsión y quién responde por las búsquedas que siguen pendientes. Y donde haya indicios de que un funcionario protegió a una organización criminal, insistiremos en que se investigue hasta donde lleven las pruebas, aunque la investigación alcance a quienes gobiernan.

La presidenta tiene todo el derecho a informar que bajaron los homicidios. También tiene la obligación de responder por lo que deja fuera de su informe. A la familia que lleva meses buscando a alguien, a la comerciante que denunció una amenaza y sigue esperando protección, el gobierno les debe una respuesta. Si Morena quiere que el país le crea cuando habla de seguridad, que empiece por rendir cuentas ante esas familias con la misma puntualidad con la que presenta sus cifras en la mañanera.

Heraldo de México

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