En la espera de pasar al otro lado, de algo había que sobrevivir, porque la meta de cruzar tantas fronteras era esa: vivir. El lunes por la tarde un grupo de migrantes centroamericanos trabajaba limpiando parabrisas, vendiendo dulces para ganar unos pesos, otros pedían dinero en calles de Ciudad Juárez, Chihuahua. Por la noche habían fallecido en un incendio en la estación migratoria a donde fueron llevados tras un operativo de las autoridades migratorias.
“Quienes estamos en situación de movilidad forzada no nos fuimos de nuestros países por hobby, por hacer turismo”, explica —y reclama también— Lizbeth Guerrero, integrante de la organización Apoyo a Migrantes Venezolanos.
Las razones de su salida son distintas, dice la abogada en entrevista. Pero los motivos de personas migrantes como las 38 (cifra oficial del gobierno federal) que fallecieron en las instalaciones de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) tienen en común la precariedad laboral, la racialización y el clasismo estructurales.
“Persecución política; inseguridad, como en el caso de los hermanos de países centroamericanos; violación masiva de derechos humanos, como pasa en Venezuela. Todo eso nos hace dejar nuestros países para buscar una mejor calidad de vida para nosotros y nuestras familias”, abunda. Y encima, soportar todo eso con ingresos bajos o sin empleo.
“Se quemaron, se asfixiaron, nadie sabe nada (…). Qué nos pueden decir los de migración si son asesinos, por culpa de ellos estamos acá. Ellos (los migrantes) estaban en el DIF y la migración se los llevó”, clama una mujer entrevistada por periodistas en aquella ciudad fronteriza y documentado en video por la reportera Verónica Martínez.
Es una tragedia descomunal, expresa la abogada Lizbeth Guerrero, buscando las palabras que puedan reflejar la magnitud de lo ocurrido. “Esto es un problema que se genera por una situación estructural, pero las políticas migratorias de México generaron esto. No es la primera vez que pasa”.
Ayer mismo, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) confirmó que 28 de las víctimas son originarias de aquel país. Y el vicecanciller de Honduras, Tony García informó que 13 de las personas fallecidas son sus compatriotas.
Contexto laboral de origen desfavorable
En el Índice de Mejores Trabajos del Banco Interamericano de Desarrollo, Guatemala ocupa el último lugar y Honduras le antecede. Dicha clasificación mide la cantidad y calidad de los empleos. Toma en cuenta las tasas de participación laboral, ocupación y formalidad, así como si los salarios son suficientes para superar la pobreza.
Dentro de la estación migratoria también había población venezolana. “Venezuela tiene uno de los salarios más bajos de toda América, además de que está dolarizado. Al mes, el salario mínimo suma 29 dólares, cuando una cesta básica mensual sobrepasa los 800 dólares”, señala Lizbeth Guerrero.
“¿Cómo hace una persona con trabajo regular en una economía dolarizada por la misma sociedad? Porque ni siquiera es una dolarización ordenada por el gobierno, pero toda la economía en Venezuela se maneja a través de dólares. Las personas que más ganan pueden obtener quizá 80, 100 dólares, pero tampoco les alcanza. Es insostenible una vida así” y muchas personas se ven orilladas a migrar.
“Yo trabajaba para el gobierno venezolano y ahí me mantuve un tiempo después de que llegó este gobierno nefasto de (Nicolás Maduro)”. Pero la situación económica se resquebrajó, hasta que muchas personas tienen que decidir entre asumir cualquier gasto corriente o comer, cuenta.
En México, el salario mínimo en la mayor parte del país es de más de 6,300 pesos al mes. El gobierno de Honduras fijó su salario mínimo diario en 1,406 lempiras, lo que equivale aproximadamente a 3,200 pesos mexicanos al mes.
En el caso de Guatemala, su salario mínimo mensual equivale a más de 7,200 pesos mexicanos. Sin embargo, con una tasa de 71% de la población trabajadora en la informalidad, según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos de ese país, los sueldos no siempre llegan a esa cifra.
La travesía hacia el Norte
Entre los 68 hombres que se encontraban en las instalaciones del INM, algunos fueron deportados de Estados Unidos a México, bajo el Título 42, una disposición creada para cuidar la salud pública, pero que el gobierno estadounidense aprovechó para expulsar a personas migrantes desde la pandemia de covid-19.
En enero de este año el gobierno de México aceptó recibir, cada mes, a 30,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela deportadas de Estados Unidos. Algunas son llevadas a Estaciones Provisionales o Estaciones Migratorias, como las llama el INM.
“Las personas que murieron en Ciudad Juárez no estaban en un albergue, sino en una estación migratoria”, aclara Lizbeth Guerrero. “A un albergue la persona entra por voluntad, porque necesita la protección que le brinda ese lugar de la sociedad civil. Una estación migratoria es una cárcel para migrantes”.
Quienes se encontraban en ese lugar, informa la activista, buscaban llegar a Estados Unidos. De acuerdo con el Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés), de 2010 a 2021 el número de personas migrantes de República Dominicana, Venezuela, Guatemala, Honduras, Brasil, Nigeria, Colombia, Filipinas y El Salvador aumentó “en al menos 200,000 personas” para cada uno de esos países.
La tasa de inmigración venezolana incrementó 196 por ciento. Pero la migración mexicana sigue siendo la más numerosa desde 1980, el 14% de las personas migrantes van desde nuestro país; el 13% de la India y el 7%, de China continental.
La explotación laboral a la mexicana
“México tiene una cultura arraigada de explotación laboral” que se ensaña con las personas pobres y racializadas, apunta Lizbeth Guerrero. En ese sentido, las personas migrantes indocumentadas, de Centroamérica y algunos países de Sudamérica, que son racializadas son más vulnerables. La migración no se vive igual para toda la gente.
De acuerdo con un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las personas migrantes “realizan las labores más peligrosas” al país al que llegan.
“Los migrantes detenidos no estaban cometiendo ningún delito por trabajar en la vía pública. Sus únicas opciones para obtener ingresos son la informalidad. Pero es necesario decir que migrar no es un delito. La situación migratoria irregular en México no es un delito, es una falta administrativa”.
Las demandas de su organización y de otras que defienden los derechos de las personas migrantes es contar con una lista corroborada de quienes murieron. Apoyo para las personas hospitalizadas, resarcimiento de los daños y repatriación de los cuerpos.
Pero principalmente “el cierre de las estaciones migratorias. Es una tortura constante y sistemática las que recibimos ahí. Las personas que atendemos nos dicen que no les dan agua, la comida está en mal estado o tiene picante y se enferman, pero no les dan medicinas”. Y luego, “la destitución del comisionado Nacional de Migración Francisco Garduño”.
Fuente: eleconomista
