Ciudad de México. La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) inició una investigación formal ante la sospecha de posibles prácticas monopólicas en el mercado nacional de aceptación de vales de despensa, medios de pago electrónico en establecimientos de comercio minorista y sus servicios relacionados.
A través de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el organismo regulador señaló que la indagatoria comenzó a partir de una denuncia y se encuentra registrada bajo el número de expediente DE-014-2026.
Con esta investigación se pretende determinar si existen conductas anticompetitivas orientadas al abuso de poder de mercado -como contratos de exclusividad ilegales, discriminación de precios o barreras para desplazar indebidamente a competidores-.
El uso de vales de despensa y tarjetas electrónicas es un mecanismo de pago esencial en el comercio minorista mexicano, por lo que prácticas anticompetitivas afectan de manera directa el poder adquisitivo y el gasto familiar de millones de trabajadores.
La CNA detalló que para llevar a cabo el proceso, el expediente fue turnado a la Dirección General de Investigaciones de Mercado, la cual se encargará de coordinar y supervisar las indagatorias, realizar requerimientos de información, ordenar visitas de verificación y citar a declarar a quienes tengan relación con el caso.
La autoridad aclaró que este procedimiento es de carácter administrativo y no representa un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de ninguna empresa o agente económico, ya que todavía no se han definido formalmente las conductas infractoras, los presuntos responsables ni el mercado relevante. La CNA no señaló a alguna empresa que pueda estar involucrada.
El periodo de investigación no será menor a 30 días hábiles ni mayor a 120 días hábiles, aunque existe la posibilidad de que se extienda hasta en tres ocasiones.
La CNA convocó a que cualquier persona que lo desee pueda colaborar y aportar información útil durante el transcurso de esta investigación.
Si al término del procedimiento se comprueba una conducta ilegal, las empresas infractoras podrían recibir sanciones económicas de hasta el 10 por ciento de sus ingresos anuales.
Fuente: lajornada
