Naciones Unidas advierte de que los grupos criminales han dejado de limitarse al control territorial y buscan dominar sectores estratégicos del país, mientras la violencia amenaza el proceso electoral y dispara el reclutamiento de menores
Las pandillas haitianas han dado un paso más en su expansión.
Ya no solo luchan por controlar barrios o zonas concretas del país, sino que buscan hacerse con el dominio de las instituciones públicas y de sectores clave de la economía, según ha alertado Naciones Unidas durante una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a la situación de Haití.
La organización internacional sostiene que las bandas criminales han convertido el control de infraestructuras esenciales en uno de sus principales objetivos.
Las rutas de transporte, el suministro de combustible, la distribución de alimentos y distintos mercados ilegales se han transformado en una fuente permanente de ingresos y de poder para estas organizaciones.
Cada nuevo puesto de control instalado por las pandillas les permite recaudar dinero, pero también consolidar su influencia sobre miles de ciudadanos que dependen de esos servicios básicos.
La directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Monica Juma, ha explicado que estos grupos han conseguido crear un sistema criminal cada vez más sofisticado, flexible y resistente a las operaciones policiales.
Tras visitar Haití la semana pasada, Juma ha asegurado que «el crimen organizado está tomando como rehenes al Gobierno y a la población», al tiempo que ha advertido de que algunas organizaciones criminales llegan incluso a presentarse como protectoras de las comunidades donde el Estado prácticamente ha desaparecido.
La ONU considera que esta estrategia está erosionando gravemente la confianza de la población en las instituciones públicas y difuminando la diferencia entre la autoridad legítima y el control ejercido por los grupos armados.
El problema trasciende las fronteras haitianas.
El informe presentado ante el Consejo de Seguridad subraya que las armas de fuego, incluidas armas de uso militar, continúan entrando en Haití desde el extranjero, mientras que las redes internacionales de narcotráfico utilizan el país como plataforma logística para el transporte de cocaína y otras drogas por el Caribe.
A ello se suma el tráfico de migrantes, con rutas que conectan Haití con República Dominicana, Bahamas, las Islas Turcas y Caicos, Estados Unidos y diversos países de América del Sur.
Ante esta situación, Naciones Unidas reclama reforzar los controles fronterizos y marítimos, aumentar la cooperación internacional y perseguir el lavado de dinero que financia a estas organizaciones.
Juma ha advertido de que desmantelar una pandilla no resolverá el problema si permanecen intactas las estructuras económicas que permiten su financiación.
En paralelo al deterioro de la seguridad, Haití intenta recuperar la estabilidad política después de varios años de profunda crisis institucional tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.
El representante especial del secretario general de la ONU para Haití, Carlos Ruiz Massieu, ha destacado los avances registrados en la preparación de las próximas elecciones, con la aprobación del decreto electoral revisado, la definición del presupuesto y el inicio del registro de votantes.
No obstante, ha insistido en que el proceso democrático solo podrá consolidarse si las mejoras en materia de seguridad avanzan al mismo ritmo que los preparativos electorales.
«La seguridad es indispensable para celebrar elecciones creíbles, pero no debe convertirse en una excusa para retrasar el proceso político», ha señalado.
Uno de los aspectos que más preocupa a Naciones Unidas sigue siendo la situación de la infancia.
Según los datos presentados por la organización, durante 2025 se verificaron 2.088 violaciones graves contra 1.661 menores.
Entre ellas figuran 892 casos de reclutamiento forzoso, 620 niños asesinados o mutilados y 277 secuestros.
La ONU estima además que más de la mitad de los integrantes de las pandillas haitianas podrían ser menores de edad, una cifra que refleja hasta qué punto los grupos criminales están utilizando a niños y adolescentes para reforzar sus estructuras.
La representante especial de la ONU para los niños y los conflictos armados, Vanessa Frazier, ha asegurado que los menores «no son únicamente víctimas colaterales de la violencia», sino que se han convertido en objetivos directos del reclutamiento y la explotación por parte de las organizaciones criminales.
Durante una reciente visita a un centro de detención de Puerto Príncipe, Frazier encontró a varios menores que llevaban años encarcelados sin haber comparecido ante un juez.
Naciones Unidas ha pedido revisar de forma urgente estos casos y reforzar los programas de protección, rehabilitación e integración social para evitar que los menores rescatados vuelvan a caer en manos de las pandillas.
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