Emilio Lozoya no pisará la cárcel mientras dure su juicio por los sobornos del Odebrecht y Altos Hornos. El juez, al igual que hizo en la vista de ayer martes, ha imputado al exdirector de Pemex por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Pero a la vez, ha aceptado de nuevo las medidas cautelares pactadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa: prohibición de salida del país, retirada del pasaporte y colocación de un brazalete de seguimiento. El caso Lozoya entra en una nueva fase tras confirmarse la libertad condicional, pero mantiene las líneas de investigación que apuntan cada vez con más fuerza a la cúpula del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Antes de tomar las riendas de Pemex, Emilio Lozoya fue el coordinador del área internacional de la campaña presidencial de Peña Nieto. Durante esa etapa, en 2012, Lozoya le prometió al director de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, un cargo público si el PRI ganaba las elecciones. Este es uno de los detalles de la acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó este miércoles en la segunda vista ante el juez del exdirector de Pemex. Lozoya ya había sido señalado por De Meneses, testigo protegido en Brasil, como receptor de sobornos por 10,5 millones de dólares a cambio de contratos para la constructora en México.
El exdirector de Pemex ha vuelto por segundo día consecutivo a declararse inocente y a subrayar su disposición a colaborar con la Justicia en la compleja trama de sobornos que amenaza a los máximos responsables del último gobierno del PRI. Desde el hospital privado donde está ingresado tras volver a México extraditado desde España hace casi dos semanas, Lozoya ha afirmado vía telemática ante el juez que fue “intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado”.
Su postura exculpatoria está en línea con su declaración del día anterior, donde se presentó como la víctima de un “aparato organizado de poder”, en el marco de su participación en el caso Agronitrogenados, la compra de una planta de fertilizantes a sobreprecio por parte de la petrolera estatal en enero de 2014 a la siderúrgica Altos Hornos, origen de la primera de los denuncias presentadas hace más de un año. Este miércoles, en la audiencia centrada en el caso Odebrecht, ha vuelto a enfatizar: “Denunciaré y señalaré a las personas responsables de estos hechos y los posibles beneficios de las mismos”.
La defensa del que fuera jefe de la petrolera mexicana entre 2013 y 2016 y persona de confianza del expresidente Enrique Peña Nieto va perfilando cada vez más su estrategia de apuntar a lo más alto a cambio de conseguir un menor castigo para su cliente. Los abogados defensores han insistido este miércoles en acogerse al criterio de oportunidad, una figura que puede garantizar la absolución del acusado a cambio de destapar delitos de mayor gravedad que los que se le imputan. Siguiendo esta lógica, los letrados Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas insistieron en que Lozoya “ha sido utilizado por un aparato de poder conformado por altas autoridades del Estado mexicano”. Y que en su momento “él procederá a denunciar de manera muy clara y contundente sus nombres, sus cargos y los métodos de instrumentación”.
Los 10,5 millones de Odebrecht
La denuncia centrada en el caso Odebrecht identifica al menos dos sobornos de la constructora brasileña a cambio de tratos de favor durante los años 2011 y 2014. El primero, durante la etapa de Lozoya como coordinador de la campaña presidencial. “Usted refirió a Luis Alberto de Meneses Weyll un pago de cuatro millones de dólares cuando era parte del comité de campaña en 2012 y le dijo que en caso de ganar tendría un cargo que le permitiría proporcionar contratos de obra pública, como así fue en los estado de Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas”, cargó la Fiscalía.
La información proviene de las confesiones y delaciones ante la justicia brasileña de los directivos de Odebrecht, que señalaron a Lozoya como “la persona que recibía los sobornos”. Las reuniones entre de Meneses y el directivo mexicano eran, según la misma versión, constantes y Lozoya llegó a agradecerle a él y a sus colaboradores “el apoyo brindando por Odebrecht en la campaña de Peña Nieto”, sin dar más detalles sobre una hipotética financiación de la campaña con dinero sucio.
El segundo soborno, ya con Lozoya como director de la petrolera estatal mexicana, fue de seis millones y medio de dólares a cambio de diversos contratos de obras públicas, como la refinaría de Tula. Lozoya está acusado también de involucrar a empresarios privados en las alianzas con Odebrecht, además de saltarse los procedimientos de licitación pública. El beneficio que obtuvo la contratista mexicana en México por la adjudicación de obras fue de 39 millones de dólares.
En el entramado fraudulento que dibuja la FGR aparecen también los familiares del exdirectivo: “Usted sabía que los recursos eran de Odebrecht. Recibió 10,5 millones de dólares como resultado de sobornos y se asoció con su madre, su esposa y su hermana con el propósito de delinquir”. En concreto, la Fiscalía identifica una serie de empresas tapadera y negocios inmobilarios donde presuntamente se ingresaron los sobornos. La acusación habla de “infinidad de depósitos bancarios en México, Brasil y otros países” con “el propósito de ocultar el origen de los recursos”. Al igual que durante la investigación relacionada con los sobornos de Altos Hornos, aparecen de nuevo movimientos a nombre de Tochos Holding Limited, ubicada en Suiza, que tiene como beneficiaria a Gilda Susana Lozoya, la hermana menor del acusado.
La madre, Gilda Margarita Austin, fue detenida en Alemania el año pasado y está imputada por lavado de dinero y asociación delictuosa. Debido a su edad, 71 años, logró el arraigo domiciliario. La cooperación de Lozoya con la Fiscalía, iniciada desde su arresto y extradición, se enmarca también en la voluntad de lograr beneficios tanto para su caso como para sus familiares, incluso en calidad de testigos protegidos. De momento, tanto Lozoya como su madre, ambos imputados, ya han conseguido al menos evitar pisar la cárcel mientras dure el juicio.
Fuente: elpaís
