Yucatán ha sido, durante los últimos años, escenario de numerosos conflictos ambientales, injusticias sociales, criminalización de personas defensoras del territorio y prácticas de extrema crueldad hacia los animales. Frente a todo esto, somos muchas las personas que creemos que esta realidad debe cambiar. Sin embargo, una y otra vez aparecen intereses económicos que terminan colocándose por encima de la protección de la vida, del territorio y de quienes lo defienden.
Uno de los ejemplos más recientes se encuentra en las corridas de toros.
Corridas de toros en Yucatán
En Yucatán, estos espectáculos forman parte de diversas fiestas tradicionales y son defendidos bajo el argumento de que constituyen usos y costumbres de las comunidades. El propio Ayuntamiento de Mérida contempla actualmente un trámite para autorizar fiestas tradicionales y festivales taurinos en sus comisarías y subcomisarías.
¿Hasta dónde debe llegar el respeto por una costumbre cuando esa costumbre implica provocar sufrimiento a otro ser vivo?
Que una práctica sea antigua no significa que deba permanecer intacta para siempre. Las sociedades cambian, las leyes cambian y también cambia nuestra manera de entender aquello que consideramos aceptable. Además, resulta necesario cuestionar la idea de que las corridas de toros representan por sí mismas una expresión de la cultura maya.
La tauromaquia fue introducida en América durante el periodo colonial español; por ello, identificarla sin matices con la identidad maya resulta absurdo. Esto no significa cuestionar la riqueza cultural de los pueblos mayas. Todo lo contrario.
La cultura maya posee una historia, una identidad y una relación con el territorio de enorme profundidad. Precisamente por eso, no debería ser necesario justificar el sufrimiento de un animal para defenderla.
Una tradición puede transformarse sin que una cultura desaparezca
En las últimas semanas, esta discusión llegó incluso a los tribunales. Organizaciones defensoras de los animales como Animal Héroes y PETA Latino promovieron diversos amparos contra las condiciones en que se realizan estos espectáculos. Las resoluciones judiciales han alcanzado ya a siete municipios: Tixkokob, Temozón, Muna, Seyé, Cansahcab, Ucú y Sotuta.
En algunos casos, las corridas no fueron canceladas por completo, pero los jueces establecieron que no podían realizarse bajo condiciones que implicaran maltrato físico o sufrimiento para los toros. También se restringió el uso de instrumentos como espadas, banderillas, rejones y puyas, capaces de provocar dolor, heridas o sangrado.
Las resoluciones provocaron también movilizaciones. El 30 de agosto se realizaron manifestaciones a favor y en contra de los espectáculos taurinos en Mérida. La mayoría de los defensores de las corridas resultaban ser empresarios que perderían dinero, como siempre, los intereses económicos por encima de la empatía.
Mientras esta discusión ocupa las calles y los tribunales, Yucatán enfrenta conflictos ambientales de una dimensión mucho mayor.
Pérdida de ecosistema
Las comunidades de la península de Yucatán han denunciado durante años los impactos de megaproyectos y actividades industriales. Entre ellos se encuentran las granjas porcinas y avícolas de gran escala, la extracción de materiales, la expansión inmobiliaria y las consecuencias ambientales asociadas con grandes proyectos de infraestructura como el Tren Maya.
Organizaciones y comunidades defensoras del territorio han advertido sobre la transformación y pérdida de ecosistemas de la Península de Yucatán. Investigaciones recientes también han documentado que entre 2019 y 2023 la Península perdió más de 285 mil hectáreas de selva, mientras que el debate alrededor del Tren Maya ha generado una importante disputa socioambiental entre comunidades, especialistas, organizaciones ambientales y autoridades.
No se trata, entonces, de un territorio donde el único conflicto sea si debe existir o no una corrida de toros. Porque la defensa del territorio y la defensa de los animales no deberían entenderse como causas separadas. En ambos casos existe una misma pregunta de fondo: ¿quién tiene derecho a ser protegido cuando existen intereses económicos de por medio?
Yucatán también ha visto crecer los riesgos para quienes defienden el medio ambiente. Organizaciones de derechos humanos han documentado cientos de agresiones contra personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en México entre 2023 y 2025, incluyendo casos relacionados con megaproyectos, granjas porcinas y otras actividades que generan conflictos territoriales.
Por eso resulta contradictorio que la palabra tradición sea utilizada para justificar el sufrimiento de un animal, mientras las comunidades que defienden sus territorios deben enfrentarse a enormes intereses económicos.
Las tradiciones no deberían ser una excusa para perpetuar la violencia
Una cultura no pierde su identidad porque abandona aquello que causa sufrimiento. Una comunidad no deja de ser ella misma porque decide evolucionar. Y ningún animal debería tener que pagar con su cuerpo y su vida el precio de conservar una costumbre.
Quizá el verdadero reto para Yucatán no sea decidir qué tradiciones conservar a cualquier costo, sino preguntarnos cuáles podemos transformar para construir una sociedad más empática y respetuosa con todas las formas de vida.
Porque si algo merece ser parte del futuro de Yucatán, no es la crueldad. Es la capacidad de evolucionar.
Fuente: sinembargo
