La reciente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2022 asestó un duro golpe al Instituto Nacional Electoral y al Poder Judicial de la Federación. El INE recibió una disminución de 4 mil 913 millones de pesos, que equivalen al cálculo que esa autoridad realizó respecto de los costos de la revocatoria de mandato por 3 mil 830 millones de pesos más otros mil millones.
Más allá del discurso oficialista y de los argumentos expresados por las y los consejeros electorales, se trata de la disminución presupuestal más grande impuesta a la institución desde su fundación, que la coloca en una encrucijada. El análisis frío de lo acontecido indica que los recortes aprobados por la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados no tuvieron base técnica alguna y ni siquiera la comparecencia de Lorenzo Córdova sirvió para conocer detalles sobre los recursos públicos solicitados para atender los compromisos electorales del próximo año.
En la narrativa del gobierno y su partido, se aduce que el INE recibirá más dinero que en ejercicios anteriores y que dispone de recursos distribuidos en fideicomisos que podrían utilizarse para organizar la consulta de revocatoria de mandato, a lo que algunos consejeros y consejeras han respondido que esos fondos tienen propósitos específicos y que no pueden disponer de ellos so pena de incurrir en responsabilidades, por lo que acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a impugnar la decisión que por mayoría tomó la Cámara de Diputados.
Claro que está la ruta de la Corte. Veríamos entonces qué dice y cuándo lo dice el máximo tribunal, cuyo presidente formuló algunas declaraciones en un evento convocado por el INAI para recibir reconocimientos por los logros del Poder Judicial en materia de innovación en transparencia, que fueron leídas como dirigidas al INE al señalar que “cuando se tiene vocación de servicio, cuando se tiene imaginación y cuando se tiene voluntad política, el presupuesto no puede ser excusa para no realizar lo que tenemos obligación de realizar”.
Y si bien el ministro presidente significa un voto de once, sus comentarios generaron una percepción social de apoyo a la decisión mayoritaria de los diputados y subió anticipadamente a la Corte a una discusión mediática que debería desahogarse, de ser el caso, en el campo del derecho.
En un diferendo de esta magnitud el máximo tribunal está para decir el derecho, para apaciguar la turbulencia de las aguas y no para arrojar más leña al fuego. Urge quitar el pie del acelerador, hacer más política con un diálogo constructivo que acerque las posiciones y no vuelva irresolubles los conflictos.
La autoridad electoral quedó atrapada en un callejón sin una salida fácil. Empujada por la reducción presupuestal, algunos de sus directivos señalaron que la organización de la revocatoria sin recursos no es posible. ¿Qué pasará si la Corte llegara a confirmar la reducción? Si el INE no organiza será catalizador para la reforma con consecuencias impredecibles y será motivo para el repudio social de las personas que coinciden con la 4T. Si la autoridad organiza tendría que sacrificar programas estratégicos y quizá reducir la plantilla laboral o buscar soluciones intercaladas, pero aquí tendría que explicar por qué el cambio de criterio y, sobre todo, de dónde saldrían los recursos.
La papeleta electoral de la revocatoria no puede ser AMLO contra el INE. Llegó el momento en el que el gobierno y su partido evalúen los riesgos a los que está sometida nuestra democracia, mientras que el INE debe encontrar caminos en la política que lo bajen del ring buscando dejar de ser el mayor opositor visible del régimen en plena salvaguarda de su autonomía. Vaya galimatías.
Fuente: elfinanciero
