En el mundo moderno el concepto de ciudadano alude fundamentalmente a la figura del hombre libre capaz de tomar sus propias decisiones y asumir las consecuencias por ello. Es finalmente la respuesta de la modernidad ante la condición estamentaria medieval que impedía a cualquiera actuar más allá de sus responsabilidades asignadas. Con la aparición de lo privado es cuando los límites entre Estado y sociedad se mueven de acuerdo a la fuerza que uno u otro posea.
Las monarquías absolutas, las dictaduras de un solo hombre y los sistemas de control social más sanguinarios como el fascismo, el nazismo o el estalinismo, así como los distintos regímenes del fundamentalismo islámico han logrado reducir al individuo a un ente inexistente en aras de un Estado protector y representante por decreto de la voluntad del pueblo.
Las democracias representativas partieron del principio según el cual es viable encontrar un equilibrio entre lo público y lo privado para así garantizar que las mayorías gobiernen pero jamás puedan violentar los derechos individuales de las minorías. Las tensiones entre ambas partes de este modelo político y social son enormes, pero tienen una salida a través del Estado de Derecho y sus instituciones.
El proyecto de Morena y AMLO reivindican la supremacía de lo público sobre lo privado. En esta visión el pueblo aparece como una masa amorfa supeditada a la voluntad del caudillo como intérprete único de sus necesidades. Ni la legitimidad de lo privado existe, ni mucho menos la de las instituciones destinadas a la coexistencia de ambos intereses.
Y así es como se ha manejado la relación Estado – sociedad en esta administración en donde desaparecieron las instituciones capaces de brindar transparencia y defender a los ciudadanos frente al poder público concentrado en el presidente. Ni la CNDH, ni la CRE, ni el Inai o el IFT están hoy en condiciones para contener una acción proveniente de Palacio Nacional, y el último reducto es por ahora la Suprema Corte.
Pero no se trata de una estrategia anticapitalista como algunos han planteado, sino de la reconstrucción del Estado rector de la economía que impone cuotas y lealtades a empresarios que estén dispuestos a someterse al primer mandatario para recuperar las prebendas perdidas durante la transición democrática. El capitalismo de cuates es la alternativa a una economía de mercado abierto y con las regulaciones debidas, que es el camino por el que transitábamos hasta el 2018.
Esto es lo que decidiremos el próximo 2 de junio. Ser ciudadanos responsables o someterse al dictado de los que en nombre del pueblo, se asumen como sus redentores permanentes.
Fuente: eleconomista