Las cartas de los empleados anunciaban su propósito encima del encabezamiento, en la esquina superior derecha. “Asunto: solicita descuento”. Ese “descuento” era una retención del 10% de los salarios de al menos decenas de trabajadores municipales de Texcoco destinada al Grupo de Acción Política, una corriente de Morena en el Estado de México. Las aportaciones, de carácter voluntario, se remontan a una etapa que coincide con los inicios del partido de Andrés Manuel López Obrador, entre febrero de 2013 y julio de 2015, y ascienden a 12,8 millones de pesos. En los comprobantes de los giros realizados cada 15 días por el Ayuntamiento, las llamadas pólizas de cheques, figura, entre otras, la firma de Delfina Gómez, actual secretaria de Educación Pública y entonces presidenta municipal de Texcoco.
Así consta en un proyecto de resolución que el Instituto Nacional Electoral (INE) tenía previsto discutir este miércoles y que finalmente abordará en los próximos días en una sesión del consejo general. La investigación de la autoridad electoral, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, parte de una queja presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) en abril de 2017. El escrito, de 241 páginas, expone a Gómez por autorizar ese sistema de financiación. Sin embargo, ciñe el castigo a Morena. La secretaria de Educación, en los últimos días en la primera línea de la acción política del Gobierno por el regreso a clases, asumió el cargo de alcaldesa en 2013 y lo dejó en 2015 para concurrir a las elecciones federales de ese año, en las que obtuvo una curul en la Cámara de Diputados. Durante su gestión en Texcoco, se aceleró su carrera mientras el Movimiento Regeneración Nacional se consolidaba como partido.
La fiscalización del INE halló indicios de que al menos una parte de las retenciones de los sueldos de los empleados municipales acabó en el financiamiento de esa campaña electoral, pero no acreditó que esas sumas estuvieran directamente vinculadas a la candidatura de Delfina Gómez. Sí, en cambio, probó que “los proveedores que ostentaron una relación comercial con el partido político nacional Morena recibieron recursos provenientes de las retenciones salariales a los trabajadores del Municipio de Texcoco y del Sistema DIF [Desarrollo Integral de la Familia] Texcoco por un monto de $2,114,612.53 (dos millones ciento catorce mil seiscientos doce pesos 53/100 M.N)”.
Esas entregas fueron realizadas por María Victoria Anaya Campos, empleada del Ayuntamiento contratada con un puesto de “confianza” de la presidenta municipal, según la tabla de relaciones laborales de la corporación incorporada al informe del INE. En una de las cartas de los trabajadores, fechada a 1 de abril de 2013, se lee, por ejemplo: “Vengo a solicitar que […] hasta que termine mi relación laboral, por mi propio derecho y de manera voluntaria se me realice el descuento del 10% de mi sueldo para ser transmitido al Grupo de Acción Política, mismo que deberá ser otorgado a la C. María Victoria Anaya Campos, por así convenir a mis intereses particulares”.
La autoridad electoral prevé una sanción correspondiente al 200% del dinero desviado. Es decir, 4,2 millones de pesos. La propuesta de resolución concluye que los elementos recabados en la investigación son “constitutivos del dolo directo, al deducirse la intención específica del partido político Morena para obtener recursos provenientes por retenciones salariales”. El organismo califica la falta de “grave especial, en virtud de haberse vulnerado los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral”, y lanza un aviso a navegantes: “No sancionar conductas como la que ahora nos ocupa supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad”.
El alegato de defensa de Delfina Gómez asegura “que se ha incumplido el debido proceso, por establecerse situaciones de hecho y derecho ajenos a la queja y no desprendibles de la investigación”. El INE rechaza la tesis del PAN, que vincula abiertamente esas aportaciones a la constitución de Morena, pero la propuesta de resolución apela a las investigaciones que puedan iniciarse las instancias judiciales. “Este Consejo General estima procedente dar vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por las conductas que pudieran configurar delitos electorales; a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por las conductas presuntamente consecutivas de delitos en materia electoral; y la Unidad de Inteligencia Financiera por conductas que pudieran configurar delitos dentro de su esfera de competencia”, se lee en el documento.
Al igual que el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, que ha afrontado un año especialmente intenso por los comicios intermedios del 6 de junio, los más grandes de la historia de México, lleva meses inmerso en un pulso con el Gobierno de López Obrador. Pese a haber emitido resoluciones también contra el resto de partidos, el presidente ve en las decisiones del órgano autónomo una campaña contra la formación oficialista. El mandatario no solo ha arremetido en repetidas ocasiones contra su presidente, Lorenzo Córdova, y sus consejeros, llegando a acusarles de haber boicoteado la consulta popular del 1 de agosto, sino que ha planteado una reforma electoral que cuestiona el futuro de la institución y la continuidad de sus actuales integrantes. Córdova ha resistido las presiones y ha lamentado las injerencias del poder político, que fueron especialmente evidentes ante el caso Salgado Macedonio y la cancelación de la candidatura del dirigente obradorista a la gubernatura de Guerrero.
Fuente: elpaís
