Propietarios de viviendas que operan a través de plataformas de renta vacacional enfrentan nuevos problemas con el uso y destino de sus propiedades. Se trata del subarrendamiento por parte de inquilinos nacionales y extranjeros, sobre todo en lugares turísticos.
Datos aportados por organizaciones señalan que el subarrendamiento de las unidades ha incrementado en casi un 40% los precios de este modelo de alojamiento.
“Ya son varias situaciones similares que detectamos aquí en Bacalar, pero también compañeros de Playa del Carmen, Tulum y Cancún nos informan del mismo problema. La mayoría son extranjeros o personas del norte de la entidad que nos rentan por varios meses, es así como podemos detectarlos”, citó Raúl Gutiérrez Franyutti, anfitrión de Airbnb.
El también impulsor de la organización “Anfitriones Airbnb en Quintana Roo” puso como ejemplo que el mes pasado descubrió que uno de sus inquilinos, de nacionalidad estadounidense, rentó su vivienda en Bacalar por un año a través de Airbnb.
Sin embargo, se dio cuenta que este sujeto ahora estaba ofertando la misma casa en la misma plataforma pero a un precio mayor.
Ante este tipo de situaciones dueños de propiedades exigen que en México se imponga una Ley de Arrendamientos similar a la de España, donde están combatiendo esta práctica con graves multas a los huéspedes que utilicen alojamientos para obtener beneficios económicos.
Bacalar, la zona donde más se ha detectado esta práctica
Bacalar es uno de los puntos que más se ha visto afectado. El presidente de la Asociación de Hoteleros de Bacalar, Nicanor Piña Ugalde, advirtió también de este “coyotaje” cada vez más común: personas arrendan casas Airbnb a 10 mil pesos, por ejemplo, y a su vez las sub rentan en 14 mil pesos.
De igual manera, ya es común que adquieran propiedades en las principales zonas turísticas de Quintana Roo para ofrecerlas en la plataforma de Airbnb, aún sin ser dueños de la vivienda.
La organización trabaja en la conformación de una iniciativa que pedirán sea impulsada por los legisladores, esto es para que se apliquen reformas o se publique una Ley de Arrendamiento similar a la que se aplica en el país español, la cual prohíbe el subarrendamiento en este tipo de negocios, o si se realiza se puntualiza que no podrán tener un beneficio económico, es decir que no podrán rentarlas a un precio mayor al que le pagan al legítimo propietario.
Fuente: sipse
