Tribunal Federal de Justicia Administrativa niega a Calica uso de explosivos en Quintana Roo

Calizas Industriales del Carmen perdió una apelación ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa

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Calizas Industriales del Carmen (Calica) ha sufrido un revés judicial en su intento por recuperar los permisos para utilizar explosivos en sus operaciones mineras en Quintana Roo. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) rechazó la apelación presentada por la empresa contra una decisión anterior que les negaba esta capacidad.

El expediente 965/22-20-01-2 de juicio de nulidad, tramitado en la Sala Caribe y Auxiliar del TFJA, detalla que Calica había solicitado la suspensión de la medida impuesta por la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que retiró los permisos necesarios para el uso de explosivos. La solicitud inicial de suspensión fue negada en agosto de 2023.

Calica apeló esta decisión mediante un recurso de reclamación, pero el pasado 17 de junio, la Sala Caribe del TFJA decidió mantener la negativa, dejando a la empresa sin la posibilidad de utilizar explosivos en sus predios ubicados en Playa del Carmen hasta que se resuelva el juicio principal en la Sala Superior del TFJA.

El resolutivo dictado el pasado lunes especifica: “Insuficiente el recurso de reclamación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, por los motivos y fundamentos plasmados en esta sentencia; en consecuencia (…) Se confirma la sentencia interlocutoria de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, dictado por el Magistrado Instructor”.

La utilización de explosivos por parte de Calica ha sido objeto de críticas por parte de ambientalistas, quienes han señalado que estos métodos fueron empleados durante años para volar la cantera y extraer material pétreo destinado a los Estados Unidos.

Este caso es uno de los múltiples litigios que Calica enfrenta contra autoridades federales. Particularmente, este juicio destaca por no haber sido iniciado mediante un amparo, sino a través de un juzgado administrativo debido a sus características específicas.

En el contexto más amplio, México y Estados Unidos están en desacuerdo sobre el futuro de las minas de Calica. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene la intención de declarar la zona como área natural protegida, mientras que el gobierno estadounidense ha expresado preocupaciones sobre el impacto de esta decisión en la certidumbre de las inversiones en México.

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