La Comisión Europea aprobó en su reunión de ayer una complicada propuesta legislativa para intentar reforzar la seguridad estratégica de la economía comunitaria, lo que significa que debe haber más y mejores controles sobre inversión extranjera, exportaciones de material sensible o de doble uso militar y civil y sobre la protección de las investigaciones de alta tecnología dentro de la UE.
El objetivo es proteger todo el sistema económico y tecnológico europeo de la influencia de los que se definen como «aquellos países que suscitan preocupaciones políticas» y que esencialmente son Rusia y su satélite Bielorrusia, y particularmente China, que es al mismo tiempo un socio y un competidor estratégico de primera línea, y otros mercados potencialmente perniciosos para los intereses europeos, esencialmente países no democráticos.
Ese control de las inversiones seguirá estando en la esfera de la competencia de los países miembros, como todo lo que afecta a la seguridad nacional, pero la Comisión propone que los países que no tienen un sistema de control de inversiones extranjeras que lo establezcan cuanto antes y que además lo hagan en un modo que sea lo más armonizado posible respecto al que se usa en los países donde esos controles ya existen. Esas agencias deberán informar a la Comisión y a los demás países de sus decisiones. Bruselas, por su parte, elaborará una lista de sectores donde la influencia de capital extranjero deba ser especialmente vigilada. Esa lista deberá ser actualizada por la propia Comisión como un «acto delegado», es decir, que lo puede adoptar sin necesidad de que los países tengan que ratificarlo.
En el caso español, por ejemplo, la irrupción del grupo saudí STC en el accionariado de Telefónica con la adquisición de un 9,9% del capital social de la compañía por 2.100 millones de euros es un caso en el que se deberían aplicar estas reglas. El Consejo de Ministros debería informar a la Comisión y a los demás países de que ha autorizado una inversión como esta.
La Comisión también ha elaborado un «libro blanco» con las propuestas que los colegisladores (Consejo y Parlamento) deben elegir para regular el control de las inversiones con dinero europeo en investigaciones sobre tecnologías de doble uso. Hasta ahora, la principal fuente de inversiones comunitarias en investigación y alta tecnología es el programa Horizont Europe, donde solo se incluyen proyectos puramente civiles, mientras que los que tienen un uso militar se regulan a través del Fondo Europeo de Defensa.
Ahora los responsables nacionales deberán decidir si se mantiene esta actual separación añadiendo un mecanismo que detecte posibles sinergias o reformarla para que las de doble uso puedan entrar también dentro de la supervisión del programa Horizont Europe. En todo caso, la Comisión puede poner en marcha por su cuenta un centro de excelencia sobre protección de las investigaciones y un manual práctico con reglas para preservar esos trabajos científicos de influencias exteriores indeseables.
Como ha dicho la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, se trata de crear «el minimo de problemas burocráticos añadidos» a los actores implicados, es decir, empresas y universidades, y mantener el mercado único abierto al mundo, pero protegiendo los intereses estratégicos.
Las inversiones europeas en el exterior no están sujetas a controles, pero la Comisión dice ser consciente de que pueden servir para facilitar fugas de inteligencia tecnológica y por ello propone también ciertas recomendaciones a los países.
Es evidente que aunque la UE insiste en mantener su prestigio de economía abierta, no tendrán el mismo tratamiento los intercambios con países compatibles, como el Reino Unido, Estados Unidos, Australia o Canadá, que con China, que tiene limitada su participación en Horizont Europe en ciertos sectores sensibles o Rusia y Bielorrusia que están completamente excluidos u otros países poco o nada democráticos como es el caso de Arabia Saudí
El vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, ha reconocido que el trabajo legislativo para construir esta regulación «no estará listo en lo que queda de legislatura» que concluye en junio, pero ha asegurado que el objetivo de la Comisión es acelerar el establecimiento de estas reglas que vienen de una decisión del Consejo Europeo que aprobó la propuesta del Alto representante Josep Borrell para reforzar la seguridad estratégica de la UE en un mundo cada vez más conflictivo.
