La comparecencia de Ricardo Anaya prevista para este lunes ha quedado aplazada hasta el 31 de enero. Es el último diferimiento que se concede al líder del PAN, llamado por el juez tras las investigaciones de la Fiscalía que indican que el político recibió casi siete millones de pesos por votar a favor de la ley energética en el sexenio de Peña Nieto. En su primera citación, a finales de agosto, el panista pidió más tiempo para su defensa, que le fue concedido. En esta ocasión, Anaya ha solicitado de nuevo una prórroga y ni la Fiscalía ni la Unidad de Inteligencia Financiera se han opuesto a ello. Pero la próxima vez, deberá comparecer personalmente, no bastará con una videoconferencia, como ocurrió en agosto. Si no lo hiciera se solicitará su aprehensión.
La acusación contra Anaya se enmarca en la rama mexicana del caso Odebrecht. Fue el antiguo director de la petrolera nacional, Pemex, Emilio Lozoya, detenido por estas investigaciones y convertido en colaborador de la Justicia, quien reveló que el panista había recibido 6,8 millones de pesos en una bolsa deportiva en el aparcamiento de la Cámara de Diputados. Lozoya está ya encarcelado, después de haber disfrutado de meses de libertad en su condición de colaborador tras su extradición desde España.
El 21 de agosto, cuando Anaya supo que lo investigaban y que la Fiscalía iba a solicitar su comparecencia por delitos que pueden sumar hasta 30 años de cárcel, anunció que se marcharía de México por lo que consideraba una persecución política orquestada por el presidente de la República. López Obrador, quien se refirió a este caso días antes de que la Fiscalía ordenase su comparecencia, se desmarcó de la persecución: “La venganza no es mi fuerte”, dijo y pidió al ministerio público que anunciase cuanto antes la investigación sobre el líder opositor. Anaya está en Nueva York y la Fiscalía pedirá su imputación por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero. La carpeta de investigación tiene más de 130.000 páginas, razón por la cual la defensa solicita más tiempo.
El candidato presidencial por el PAN en 2018 pronto trasladó este caso a una contienda política. “Es autoritario, vengativo y quiere destruirme”, ha dicho sobre el presidente de México el acusado en una entrevista difundida por The Wall Street Journal (WSJ). Anaya considera que de esa forma el presidente libera de obstáculos las elecciones de 2024. Pero lo cierto es que la oposición está muy desarticulada, tanto en el PRI como en el PAN.
El presidente se defendió en su conferencia matutina: “Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad”. Anaya le retó mencionando a los hermanos de López obrador, que han aparecido en videos recibiendo sobres de dinero. Además, declaró que la investigación contra él está “hecha con las patas” porque, según dice, se confunden las fechas y para cuando se produjo la supuesta entrega de dinero, el 8 de agosto de 2014, él ya no era diputado ni estaba en México. Acusó a los acusadores de haber cambiado las fechas.
La investigación contra Anaya se integra en la formación de una trama criminal que alcanza al expresidente Enrique Peña Nieto y su entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Ambos están señalados de articular sobornos millonarios a los diputados para que apoyaran en el Congreso la reforma energética. Entre abril de 2013 y agosto de 2014 se entregaron casi 100 millones de pesos en sobornos, según las investigaciones. Aquellas transferencias ilícitas provenían de la Constructora Odebrecht. Los diputados recibían sus fajos de billetes siempre de 500 y 200 pesos a través de intermediarios en quince entregas distintas, según la Fiscalía.
Fuente: elpaís
