Ciudad de México.- Un tribunal federal ordenó llevar a cabo una audiencia para resolver si debe o no ser desechada la acusación de falsedad en declaración contra Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de la Sedatu, en el caso de la «Estafa Maestra».
El Noveno Tribunal Colegiado Penal en la CDMX concedió al ex funcionario un amparo contra la decisión judicial que admite en forma extemporánea la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR).
González Tiburcio denunció en 2017 que su firma fue falsificada en un convenio marco que dio lugar a dos contratos específicos, con los que presuntamente se desviaron 185 millones 839 mil 480 pesos, a través de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM).
Los contratos están relacionados con el diseño de software para automatizar el registro, control y seguimiento de la información generada por el Centro Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, Guerrero.
La Fiscalía General de la República lo imputó de falsedad en declaración porque, aunque el ex servidor público denunció las firmas apócrifas, un peritaje de la propia dependencia sostiene que sí es su rúbrica.
El año pasado un juez de control del Reclusorio Norte acordó cerrar la investigación complementaria en el proceso que le siguen a González Tiburcio y le dio a la FGR el plazo de 15 días que marca la norma para presentar la acusación.
Sin embargo, los fiscales federales formularon su acusación por escrito después de vencido el plazo, argumentando que estaba permitido por el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Este apartado dice que, además de los 15 días posteriores al cierre de la investigación, la Fiscalía tiene otros 15 días para manifestar su pronunciamiento, sin embargo, debe estar suscrito por el Procurador o Fiscal General o el servidor público en quien haya delegado esta facultad.
González Tiburcio pidió el desechamiento o sobreseimiento definitivo del proceso, alegando que la presentación extemporánea del documento vulneraba su derecho al debido proceso, sin embargo, la petición resultó improcedente.
Fuente: SIPSE
