Las pérdidas que ocasiona la toma de casetas de peaje en las autopistas mexicanas se cuentan en miles de millones de pesos. El Gobierno ha anunciado esta mañana que la recuperación para las arcas públicas de algunos de estos puestos de peaje secuestrados por colectivos de protesta ha evitado que se pierdan más de 7.720 millones de pesos (361 millones de dólares) con la intervención de la Guardia Nacional entre el 28 de junio y el 8 de octubre. La nota informativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana explica que el 27 de septiembre se liberaron casetas del Estado de Nayarit, durante meses en manos de “grupos de inconformes que exigían cuotas obligatorias a los usuarios”. Asimismo, informan que la policía federal trabaja desde junio para liberar casetas en Tlalpan y en Tepotzotlán. Lo mismo que en casetas de Baja California y Palmillas, donde los “trabajos de disuasión ha evitado pérdidas de 2.410 millones de pesos”.
Los mexicanos ya se han acostumbrado al paisaje de las casetas tomadas, normalmente por unas horas, en las que grupos relacionados con la educación, la agricultura u otras causas recaudan, a veces de forma voluntaria y a veces de forma obligatoria, a los vehículos que circulan por allí. Normalmente la tasa que aplican es algo más barata que el peaje oficialmente señalado, por lo que han contado con la complicidad de los conductores. Además, se trata de causas sociales que suelen tener la simpatía de los ciudadanos. Pero el asunto se estaba yendo de las manos. Es difícil si no imposible circular por buena parte del territorio mexicano sin encontrarse estas casetas tomadas y algunos ya se quejaban de que estaban perdiendo dinero porque pagan pero no obtienen un justificante del pago, lo que impide que se lo abone la empresa para la que trabaja, por ejemplo. Además, algunos afectados ya hablan de que ahora cualquier grupo pasa y toma una caseta, sin saber a qué causa responde el secuestro ni donde acaba el dinero que se recauda.
El presidente del Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, señaló en fechas recientes, que ese dinero estaba siendo usurpado al pueblo e instó a esos grupos de protesta a que buscaran otra forma de vida, un empleo, dijo. Y dicho y hecho, reuniones periódicas entre responsables de los tres niveles de Gobierno, federal, estatal y local, persiguen ahora la detección y eliminación de “las principales casetas en las que grupos civiles exigen cuotas obligatorias… para terminar con este tipo de extorsión”. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, asegura que seguirán con este proceso de liberación paulatina de las casetas que recaudan “indebida e ilegalmente recursos públicos”. La nota recuerda que la toma de casetas es algo que lleva ocurriendo muchos años en México.
En las últimas semanas, algunos grupos se han peleado la toma de las casetas y en los enfrentamientos hubo tiros, por lo que tuvo que intervenir la policía. Los medios de comunicación han señalado también que algunas de estas acciones ilegales contaban con la anuencia de elementos de la Guardia Nacional. Todo ello ha puesto de actualidad un asunto que pasaba ya inadvertido en las carreteras mexicanas y al que ahora los responsables políticos han empezado a poner coto.
La Secretaría de Comunicaciones y Transporte ha señalado a colectivos de la enseñanza, a simpatizantes de los desaparecidos en Ayotzinapa, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas Asociación Civil, el Frente Auténtico del Campo y los organizados bajo el nombre de Zapata Vive como los grupos que “toman las casetas de manera recurrente” y “solicitan a los usuarios de manera voluntaria hasta 50 pesos, lo que les arroja importantes ganancias”, impidiendo al personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) la recaudación de ese dinero.
Comunicación informa también de que se han puesto “diversas denuncias” así como lonas informativas y se ha solicitado a la Secretaría de Seguridad protección en casetas de peaje de Sonora. También intervienen en la recuperación de casetas la Secretaría de Marina y de la Defensa.
La red de carreteras de México suma 407.958 kilómetros, de los cuales la red federal es responsable de 50.590, la mayoría (40.000) libres de peaje. Capufe gestiona 3.760 kilómetros con cuota, el resto son empresas concesionadas quienes se encargan de la recaudación, según sus propios datos, que difieren de los que da la Asociación de concesionarias de infraestructura vial, quienes dicen que los 10.000 kilómetros se los reparten en dos mitades parejas Capufe y ellos. El director de la asociación, Marco Frías, aplaude la iniciativa del Gobierno y critica a los “grupos organizados” que toman las casetas bajo la apariencia, dice, de una causa social. “La solución a esto es aplicar el estado de derecho, la acción penal a quienes hacen el huachicol carretero. Es un delito y a saber por dónde pasan esos dineros”.
Fuente: elpaís
