El trabajador informal está más expuesto al abuso. Del lado de la autoridad: “cuotas”, sobornos o la exigencia de movilización político-electoral como requisito para operar. Del lado del crimen organizado: extorsiones cada vez más violentas.
Si vemos las cifras del Segundo Informe de Gobierno, el panorama laboral y económico de México parecería prometedor. Dos datos destacan: una tasa de desempleo de 2.7% (60 millones de personas ocupadas, contra sólo 1.6 millones sin trabajo) y un salario mínimo de $315.04 pesos diarios. Sin embargo, esos números esconden problemas estructurales que se agravarán con el tiempo: mayor precariedad social y menor capacidad fiscal del gobierno para reaccionar.
Primero, el dato de ocupación es engañoso. Como revela el informe 2026 de “México, ¿cómo vamos?”, con datos del INEGI, el 55.1% de las personas ocupadas trabaja en la informalidad: alrededor de 33 millones. En el segundo trimestre de 2026, sólo el 8.2% de los nuevos puestos de trabajo fueron formales. A nivel local, Oaxaca alcanza el 79.9% de informalidad, seguido de Guerrero y Chiapas (76.4%). Coahuila tiene el mejor desempeño (34.2%), pero como país estamos lejos de economías como Chile (26.4%).
¿Por qué importa la formalidad? Mientras un empleo informal promedio genera 8 mil 363 pesos mensuales, el ingreso promedio de uno formal casi lo duplica, con 15 mil 136. Así, mientras sólo el 0.6% de los trabajadores formales está en pobreza laboral (su ingreso no alcanza para adquirir la canasta alimentaria), entre los informales la proporción se eleva a 18.8 por ciento. Además, los informales no tienen acceso a crédito hipotecario institucional, como el del Infonavit, ni a financiamiento en condiciones competitivas. Si necesitan pedir prestado -sea para comprar un electrodoméstico o enfrentar una emergencia médica-, sus opciones se reducen a familiares y amigos, o a créditos con tasas de interés abusivas.
Al mismo tiempo, quedan al margen de indemnizaciones por despido, licencias de maternidad, guarderías públicas y, sobre todo, de una pensión propia: al no cotizar al IMSS ni ahorrar en una Afore, su único horizonte de retiro son las pensiones y los apoyos sociales. Más aún, el trabajador informal está más expuesto al abuso. Del lado de la autoridad: “cuotas”, sobornos o la exigencia de movilización político-electoral como requisito para operar. Del lado del crimen organizado: extorsiones cada vez más violentas.
Sumemos un dato del INEGI que recientemente cobró notoriedad: el desplome de la natalidad. Según la Encuesta Intercensal 2025, la tasa global de fecundidad cayó de 1.9 hijos por mujer en 2019 a 1.2 en 2024, muy por debajo de la tasa de reemplazo (2.1). México está perdiendo su “bono demográfico”: cada vez habrá menos personas en edad de trabajar y más en edad de retiro. Y si hoy más de la mitad de quienes trabajan no cotiza, mañana serán millones los adultos mayores sin una pensión propia. Esta tendencia, quizá irreversible, erosiona también una de nuestras ventajas competitivas: la mano de obra abundante. Más aún, conforme la población envejezca, más mujeres saldrán de la fuerza laboral para dedicarse a cuidar familiares. Este sesgo de género es lamentable, pero real. Sólo tres de cada 10 empleos formales recientes fueron ocupados por mujeres, quienes están sobrerrepresentadas en la informalidad (55.8%), en buena medida por la carga de trabajo no remunerado.
Lo anterior crea una bomba fiscal de mediano y largo plazo. México recauda muy pocos impuestos: 18.3% del PIB, según la OCDE, bastante menos que el promedio de América Latina (21.7%). Del lado del gasto, una proporción creciente del presupuesto se va en pensiones (IMSS, ISSSTE, Bienestar): el equivalente al 71.9% de todo lo recaudado por ISR. En paralelo, el costo de la deuda pública (intereses y comisiones) absorbe el 16.08% del presupuesto. Juntos, pensiones y costo de la deuda devoran el 38.65% del gasto neto total del gobierno. El espacio fiscal es apenas 1.6% del PIB para inversión pública productiva.
Y aquí la informalidad cierra el círculo. El ISR es la principal fuente de ingresos tributarios del país, y una parte sustancial proviene de las retenciones sobre salarios formales. Al trabajador informal nadie le retiene: no está en nómina, no factura y, salvo algunas excepciones, no paga ISR. Prácticamente solo contribuye vía IVA, cuando consume. Así, más de la mitad de la fuerza laboral aporta poco o nada al impuesto que debería sostener el gasto público, mientras ese mismo gasto se compromete cada vez más con pensiones y programas, incluidos los apoyos del “Bienestar”, que reciben quienes nunca cotizaron. El síntoma ya es visible: entre enero y agosto de 2026, la recaudación de ISR cayó 5.6% en términos reales, su peor registro para ese periodo desde 2009.
Políticamente, lo más fácil para el gobierno es endeudarse más y cargarle más impuestos al mismo 44.9% de trabajadores formales, los contribuyentes cautivos, lo cual sólo agrava el problema: cada peso adicional que se exige a los formales es un incentivo más para pasar a la informalidad y escapar del SAT. Las soluciones de fondo pasan por el crecimiento económico, la productividad, la certidumbre jurídica y la educación.
La educación es el ejemplo más claro: mientras el 75% de quienes no tienen secundaria completa terminan en la informalidad, la cifra cae a 25% entre quienes cuentan con educación universitaria. Más aún, con el avance de la automatización y la AI, el empleo formal premiará cada vez más la calificación, y quien no la tenga quedará atrapado en la informalidad; por eso la inversión en educación es vital. Esto ayuda a explicar la paradoja de que México reciba cifras récord de inversión extranjera y, aun así, cree poco empleo formal. La mayor parte es reinversión de utilidades de empresas que ya están en el país, que se orienta justo a tecnificar procesos; aunque esto es positivo, la inversión nueva, la que crea industrias y empleos desde cero, es apenas el 7.8% del total.
Las entidades con mayor informalidad están en el sureste, donde hay poca infraestructura productiva y conectividad, lo que limita el arraigo de empresas medianas y grandes. Los micronegocios, responsables del 98% del empleo creado en 2026, al ser informales no pueden acceder a créditos para invertir, crecer, capacitar y ser más productivos. Al final, la mayoría de quienes trabajan en la informalidad no lo eligen: lo hacen por necesidad. ¿Qué puede hacer, entonces, el gobierno? Los especialistas han propuesto diversas soluciones, como la seguridad social universal, un sistema nacional de cuidados o incluso la apertura automatizada de cuentas de ahorro. Todo ello, sin embargo, cuesta dinero y depende de lo mismo: crecimiento, competitividad, Estado de derecho y una ruta seria de formalidad. De lo contrario, el país que hoy trabaja en la informalidad será mañana un país que envejece en la pobreza, con un gobierno sin recursos para atenderlo.
Fuente: Heraldo de México
