El año pasado emprendimos una pequeña obra en casa de mi madre. El arquitecto nos dijo que la terminaría en cierto tiempo y que costaría tanto dinero. Pues la entrega en junio se dilató hasta septiembre y el tanto dinero aumentó casi cincuenta por ciento. ¿Cómo fue posible, que si todo estaba bien calculado, se dispararan las cifras de tiempo y dinero? Revisamos con el arquitecto los números y terminamos atribuyéndole la culpa a la inflación, la guerra en Ucrania, al clima y al retraso de algunos proveedores. Me convenció, los datos estaban ahí. Su error, si buscamos uno, fue subestimar los costos del material y los efectos de la lluvia en ciertos procesos constructivos y sobreestimar la eficacia de la distribución. El dinero extra que tuvimos que desembolsar produjo afectaciones aceptables para nosotros: nos obligó a cambiar de planes para fin de año.
Si hablamos de obras públicas que se alargan en el tiempo y multiplican su costo, es indispensable garantizar un acceso a la información similar (con todas sus diferencias) al que yo tuve con el arquitecto de la pequeña obra de la que les hablé. El dinero extra que se desembolsa en una obra pública afecta la posibilidad de destinar recursos a otros asuntos urgentes como la salud, el transporte, la educación, la seguridad. Cuando la información se oculta, la sociedad queda sin la posibilidad de hacer un diagnóstico sobre las causas del sobrecosto que bien pueden ser, como en el caso de mi pequeña obra, atribuíbles a inflación, clima, retraso de proveedores, pero también puede deberse a moches, contratos con sobreprecios, y otros tipos de corrupción. Ocultar información puede implicar oscurecer pruebas de que unos se llenan los bolsillos o desvían recursos para campañas u otros gastos ilegales, a costa del dinero público que bien podría destinarse a quienes requieren mejores servicios.
El ejercicio de rendir cuentas pasa, sin duda, por mostrar los datos ¿cómo se podría hacer sin información pública? No debemos, por irracional, pedirle al que se roba dinero que nos entregue los papeles que demuestran sus atracos ¿quién en su sano juicio entregaría pruebas de sus malversaciones? Por eso necesitamos instituciones autónomas capaces de pedir a los sujetos obligados, que entreguen toda la información que se les requiere para evaluar su desempeño. Obstaculizar el trabajo del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), como hacen los senadores de Morena, suena a maniobra para ocultar datos que podrían probar, en el mejor de los casos, ineptitud; en el peor de ellos, corrupción. Los ciudadanos tenemos derecho a saber si nuestros gobernantes son ineptos o corruptos, es parte central del diseño democrático. Con obras insignia atrasadas y disparadas en precio, y trabas al INAI, no es demasiado complicado suponer que algo ocultan en el gobierno actual ¿qué será?
Fuente: eleconomista
