El Observatorio Legislativo de Quintana Roo A.C. emitió si postura sobre la dueda pública de 820 millones de pesos que el Congreso del estado aprobó al gobernador Carlos Joaquín.
Destacó que en sesión celebrada este 10 de marzo, la XVI Legislatura aprobó la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo para contratar un monto de 820 millones de pesos adicionales a la deuda pública que ya tiene el estado y que supera los 20 mil millones de pesos esto significa adicionar aproximadamente un 4 por ciento adicional a dicha deuda.
El 23 de febrero la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) se presentó ante el Congreso del stado para llevar a cabo la exposición para dar a conocer cual es el esquema bajo el cual se pretendía contraer una obligación por parte del estado contra futuros ingresos del mismo considerados dentro de la partida del fondo de aportaciones para las entidades federativas, dicho de otra manera, se busca comprometer un porcentaje de dichas aportaciones futuras, como fuente de pago de una obligación (por no mencionar el nombre financiamiento) con destino específico y con un monto determinado.
Sobre el mecanismo bajo el cual se contrae esta obligación, es posible que el estado pueda obtener un pasivo mayor y estar en línea dentro la ley de disciplina financiera, la cual en su último reporte de indicadores del sistema de alertas para las entidades financieras, sitúa al estado de Quintana Roo con un 158.8 por ciento de la deuda sobre ingresos de libre disposición con semáforo amarillo y en segundo lugar nacional en el nivel de endeudamiento, en el 15.2 por ciento de servicio de deuda y de obligaciones sobre ingresos de libre disposición siendo el estado con el mayor índice y el único en estar en semáforo rojo en este indicador y con el 11.1 por ciento en obligaciones de corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales.
Lo anterior no es cosa menor ya que existen estados como Querétaro que mantienen los mismos índices en 0.9 por ciento, 0.5 por ciento y -11.8 por ciento correspondientemente.
En principio debemos observar que aun cuando esta iniciativa se envió desde hace mas de dos meses, ahora que se tiene una legislatura integrada por suplentes y con la ausencia de varios diputados que aun no toman protesta como suplentes, se aprovecho para que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta dictaminara la procedencia a la solicitud planteada, un manejo político coyuntural de complacencia al Ejecutivo, en periodo preelectoral que hace suponer diversas propuestas de acuerdos políticos para que se diera.
La votación es clara se aprobó con 16 votos a favor y solamente tres en contra.
En la propuesta se manejan ciertos lineamientos para superar los obstáculos que la Ley de Disciplina Financiera tiene establecidos para limitar el endeudamiento de los estados, debemos recordar que en el sistema de alertas que la SHCP tiene para vigilar esto, el Estado de Quintana Roo esta calificado en Observación con un rango alto en el indicador del servicio de la Deuda y Obligaciones de Libre Disposición. Nos referimos a que la iniciativa señala la “contratación de Instrumentos de Deuda en el Mercado de Valores Nacional”, ya que la ley establece ciertas facilidades en este camino en comparación con la contratación de deuda directa con Instituciones Financieras. Una vuelta de tuerca a la Ley.
Sin embargo no lo libera de tener que hacer el registro ante la SHCP y estableciendo condiciones que debe de cumplir, como la señala el articulo 49 de la Ley de Disciplina Financiera.
La XVI Legislatura no considero en su análisis los indicadores de alerta de la SHCP y los adicionales que se consideran por parte de los financieros, como el que la deuda del estado representa el 6.9% del PIB, cuando el promedio nacional de las entidades federativas es el 2.9%. Tampoco el indicador de que los 21,196 millones de pesos de deuda a diciembre del 2020 que tiene el Estado se deben de conjuntar las deudas a corto plazo que tiene el Estado con proveedores y contratistas que representan el 2.4% de los ingresos totales del estado.
Este nuevo endeudamiento representa la afectación del 25% de los ingresos por aportaciones federales presentes y futuras, sin hacer un análisis por parte del congreso de la posibilidad de que esos montos se puedan ir reduciendo a futuro, lo que implicará estar en posibilidad de llegar a un escenario de un Balance presupuestario de recursos disponibles negativos que afectarán las finanzas estatales. Como se señala en la Ley:
Artículo 7.- Se podrá incurrir en un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo cuando:
I. Se presente una caída en el Producto Interno Bruto nacional en términos reales, y lo anterior origine una caída en las participaciones federales con respecto a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y ésta no logre compensarse con los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
La autorización debió valorar un analisis como lo señalado en la Ley:
Artículo 23.- La Legislatura local, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, autorizará los montos máximos para la contratación de Financiamientos y Obligaciones. Para el otorgamiento de dicha autorización, la Legislatura local deberá realizar previamente, un análisis de la capacidad de pago del Ente Público a cuyo cargo estaría la Deuda Pública u Obligaciones correspondientes, del destino del Financiamiento u Obligación y, en su caso, del otorgamiento de recursos como Fuente o Garantía de pago.
Hemos reiterado en el observatorio Quintana Roo que si bien esta deuda es producto directo de endeudamiento de administraciones anteriores, el nivel de endeudamiento y las razones de cobertura dejan al estado en una situación sumamente comprometida y sin margen de maniobra, y nos parece que una reducción en los flujos de efectivo futuros derivado de el compromiso adquirido, reduce aun mas este margen para el futuro, por lo que el gobierno estatal esta obligado a mejorar los flujos de efectivo para no dejar comprometida la estructura financiera por vía de incrementar los ingresos, no es cosa fácil pero debe ser el objetivo.
Así mismo los recursos derivados de esta obligación, tiene un destino específico en 102 proyectos que finalmente el congreso del estado redujo y que no solo debe ser cuidadosamente evaluado en su destino para que este tenga un fin que eleve de alguna forma la productividad del estado, sino que también ha sido recurrente que en cada reestructura o inicio de alguna contratación de esta naturaleza, sean pagadas cantidades millonarias a despachos y a bancos por concepto de comisiones que el estado, simplemente no puede pagar y que consideramos deben existir procesos de transparencia de dichos despachos y la justificación de estos millonarios pagos.
Sera importante verificar se cumplan las condicionantes señaladas y estar vigilantes de las propuestas de contratación de obligaciones que se presenten y las modificaciones a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del presente año.“Nos endulzaron el oído para aprobar #deuda de 820 millones de pesos”: #EdgarGasca
Fuente: marcrixnoticias
