Pese a que el combate a la corrupción y la impunidad son agendas prioritarias de este Gobierno, hasta el día de hoy no hemos visto avances contundentes para su resolución ni conocemos ampliamente el estatus de las investigaciones, ni siquiera de aquellos casos que son emblemáticos, como el caso Odebrecht o la Estafa Maestra. Casi toda la información con la que cuenta la ciudadanía –como esquemas de sobornos y redes de funcionarios involucrados– proviene de las investigaciones periodísticas, pero obtener datos relevantes sobre este tipo de actos puede implicar costos millonarios y largas batallas legales que el periodismo tiene que dar con las autoridades.
Ante el poco avance en la sanción de corrupción y los altos niveles de impunidad, la ciudadanía tiene el derecho a saber sobre estos casos, qué están haciendo las instituciones para resolverlos, quiénes son las personas implicadas, cuál es el tiempo aproximado que llevará realizar las investigaciones, cuáles fueron los montos de los desvíos o sobornos e incluso si habrá una reparación del daño. Esto no sólo implica rendición de cuentas, sino que fortalece la legitimidad institucional de que están actuado al respecto.
Para muestra un botón, han pasado más de cinco años de que el Caso Odebrecht se diera a conocer públicamente; un esquema complejo de sobornos que implicó más de 788 millones de dólares, ejecutado por una de las constructoras con mayor presencia en Latinoamérica, la empresa brasileña Odebrecht, que involucró a altos funcionarios de al menos 12 países de Latinoamérica, incluyendo a México. Dicha empresa declaró que entregó 10 millones de dólares en sobornos a Pemex, y cuatro millones de dólares adicionales a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex para otorgar proyectos a Odebrecht. Sobresale que México, Venezuela y Argentina son los únicos países donde no ha habido sanciones a altos funcionarios, pese a que en otros países de la región se responsabilizó incluso a presidentes.
Pero también en términos de transparencia y rendición de cuentas existen grandes pendientes y obstáculos. Recientemente en Fundar, Centro de Análisis e Investigación realizamos una investigación sobre los niveles de transparencia y rendición de cuentas del caso Odebrecht y encontramos que:
-En primer lugar, cuando se presentan solicitudes de información relacionada con el combate a la corrupción, las autoridades reportan responder las solicitudes de la ciudadanía en la mayoría los casos, cuando en la realidad esto no sucede así. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República (FGR) señala haber entregado 78 por ciento de las solicitudes de información que le realizaron entre 2017 y 2021, pero cuando se analiza a fondo sus respuestas se encontró que en realidad clasificó, como reservada y confidencial, 51 por ciento de las solicitudes, bajo argumentos de que la divulgación de la información ponía en riesgo la conducción de las investigaciones.
-En segundo lugar, otra de las respuestas más comunes de los sujetos obligados es la inexistencia de información, una respuesta que es cada vez más recurrente a pesar de que la Constitución mexicana señala la obligación de documentar todo acto que derive de las funciones de las instituciones.
-Otra forma preocupante de obstaculizar el acceso a la información es la tendencia de las instituciones de contravenir las resoluciones del INAI a través de amparos, a pesar de que estas son inatacables para las autoridades, al ser el INAI un órgano constitucional autónomo. En 2018, cuando el INAI instruyó a la FGR a abrir información sobre la carpeta de investigación del caso Odebrecht, tanto la FGR como Lozoya interpusieron amparos para no darla a conocer, retrasando la divulgación mientras se resolvía el amparo. Incluso, cuando la posterior resolución del juez fue que se diera a conocer la información, la FGR tardó varios meses en publicarla y la presentó en su mayoría con datos testados.
-Un cuarto hallazgo que también genera preocupación es que cuando la ciudadanía solicita información, se le pide pagos millonarios a cambio de entregarla. Por ejemplo, cuando el medio Quinto Elemento Lab solicitó información sobre el caso Odebrecht la FGR solicitó la cantidad de 1. 7 millones de pesos para darles la documentación certificada.
La semana pasada especialistas en acceso a la información y periodistas tuvieron una reflexión en cuanto a los desafíos en la materia, en donde reafirmaron la importancia de contar con más datos y que exista claridad de qué tipo de información se debería hacer pública, aun cuando forme parte de carpetas de investigación penales o administrativas. Una de las propuestas señaladas en dicha reflexión fue profundizar en el análisis con las instituciones que se encargan de investigar los actos de corrupción y realizar una mesa de trabajo donde se establezca, de manera más específica, cuáles son los mecanismos y los datos que es necesario conocer públicamente sin poner en riesgo la conclusión de las investigaciones.
En países como México, con altos niveles de corrupción y de impunidad, es inadmisible que las instituciones que se encargan de combatir la corrupción y administrar justicia nieguen la información cuando, por la encomienda de sus labores, deberían ser totalmente transparentes e incluso ser un referente para las demás instituciones. El acceso a la información es un derecho humano invaluable. Por ello, hay una necesidad apremiante de conocer información sobre casos de corrupción para mantener informada la sociedad, exigir a las instituciones que rindan cuentas, y evaluar su efectividad para resolver los casos. Ante la poca legitimidad y confianza con la que cuentan las instituciones, es fundamental que se avance en la divulgación de información de interés público sobre casos de corrupción, implementando acciones concretas.
sinembargo
