El nuevo Fondo de Pensiones del Bienestar –que está en vías de aprobación– está siendo promovido por el gobierno como un beneficio muy importante para los trabajadores, porque será la bolsa de la que recibirán el 100% de un salario promedio del IMSS, de 16 mil 777.78 pesos al mes.
Lo que no dice la iniciativa, es que el beneficio no es para todos y que los recursos de la bolsa que, acumulará alrededor de 40 mil millones de pesos, habrán sido confiscados a otros trabajadores, adultos mayores de 70 años de edad, que por alguna razón no los han reclamado.
No es para todos porque va dirigida a la “generación afore”, aquellos que comenzaron a trabajar después de 1997 que reciben salarios iguales o inferiores al salario promedio de cotización del IMSS.
Es al mismo tiempo un premio y un golpe a dos conjuntos de trabajadores. Por un lado, ofrece que pagará el 100% del último salario de cotización a trabajadores próximos a la jubilación, que rondan el ingreso promedio del seguro social.
Ello, sin importar los fondos que tales trabajadores acumularon a lo largo de sus trayectorias laborales en las cuentas de ahorro para el retiro en las Afores.
Y por el otro asesta un golpe de confianza al sistema de ahorro porque el gobierno decide tomar los recursos de otra parte de los trabajadores (los que no los han reclamado) para transferirlos a una enorme bolsa, que tendrá un esquema de inversión –y probablemente de rentabilidad– diferente al de las Afores.
La iniciativa que pronto será ley, tendrá un impacto político-electoral (por eso la prisa de que se apruebe y se ponga en vigor cuanto antes) muy marcado.
Como en los grandes festejos a la mexicana. Se realiza una gran fiesta y nadie piensa en los costos que se tendrán que pagar.
Las decisiones que en materia de pensiones ha tomado el gobierno lopezobradorista representan una bomba de tiempo, han señalado expertos y organizaciones de análisis.
¿Por qué?, porque en algún momento, lo que hoy representa un costo creciente, en algún momento será un costo impagable.
El Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) estima que el costo del programa Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores alcanzará los 2.08 billones de pesos, en el año 2050.
Esa cantidad será 138.5% más, en términos reales, que el presupuesto aprobado para dicho programa en 2024, de 465.0 mil millones de pesos. Las reformas propuestas en materia de pensiones tienen implicaciones fiscales, económicas y un impacto para las generaciones futuras que no se mencionan en la justificación de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal.Según las proyecciones del Conapo, en 2050 la razón de dependencia por vejez en México será de 25.7%.
Esto significa que por cada 100 personas en edad laboral (15 a 64 años) en ese año, habrá 25.7 personas de 65 años o más, el doble de la cifra actual (12.8 personas).
Como lo señala el IMCO, el costo de los programas de pensiones vigentes, más el que está por aprobarse, representan un fuerte riesgo para las finanzas públicas.
Se trata de un aumento pensionario que se pagará con ingresos no recurrentes, en el mejor de los casos porque hasta ahora las fuentes de recursos mencionadas no cuentan con ellos.
El costo de la fiesta pensionaria, es probable que tenga que ser financiado en parte por el gobierno en el inicio del compromiso. Y es muy posible que con el transcurso del tiempo, aumente la participación gubernamental en el pago del creciente costo de las pensiones.
Lo más preocupante es que el nuevo compromiso de conceder el aumento pensionario se está realizando justo cuando el margen de las finanzas públicas está cada vez más reducido.
Veremos.
Atisbos
Retumbaron las palabras de Katherine Tai, la representante comercial del gobierno de Estados Unidos, en México.En su comparecencia ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de ese país, dijo que el gobierno de EU tiene como prioridad de su política comercial las disputas con México en materia energética y de maíz genéticamente modificado, así como la atención de diversas denuncias laborales en empresas establecidas en México que violan los derechos de los trabajadores.
Destacó que tienen un registro de 22 denuncias contra el mismo número de empresas establecidas en México que violan los derechos laborales de los trabajadores.
Ayer mismo, aquí en México, la secretaría de economía de Raquel Buenrostro informó que el gobierno mexicano aceptó dos solicitudes de revisión presentadas por Estados Unidos al amparo del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida sobre derechos colectivos en las empresas Servicios Industriales González y Minera Tizapa.
