«Está ocurriendo en un instituto público de Zaragoza [el Instituto Goya]: la persona que enseña moral y conducta a los menores está condenado a siete años de prisión por maltratar física y psicológicamente a su expareja y a sus tres hijos». La denuncia la hace Lucía Gutiérrez, en Tres Cantos (Madrid), «pensando en que su hijo pueda ser el próximo» cuyo aprendizaje dependa de un docente con antecedentes penales. Pide que España siga los pasos de Reino Unido y Estados Unidos con una reforma de la ley de Infancia, la Lopivi. En cuanto Lucía registra su petición en Change.org, tal y como cuentan desde la plataforma a ABC, se recogen más de 23.000 firmas en unas horas y se denuncian casos similares en otros centros, como el de un profesor de Primaria de Baracaldo (Vizcaya). Ella interpela: «¿Qué harías tú si sabes que quien está educando a tus hijos empujó en muchas ocasiones a los suyos, los golpeó, agarró por el cuello, amenazó, insultó y humilló?».
Lucía lo sabe bien, porque es amiga y compartió parte del «infierno» vivido por Paloma Delgado. La mujer que comenzó a ser maltratada a los diez días de su boda y lo fue durante doce años de matrimonio expone su caso nuevamente para impedir que estos docentes sigan ejerciendo, aunque reivindica que no ha querido convertir la iniciativa en «una cacería pública contra su ex». No obstante, es la cara visible: «Quiero que sirva para poner sobre la mesa que actualmente solo se impide ser profesor a quien tiene antecedentes por delitos de naturaleza sexual, mientras es legal que una persona que da palizas durante años a su familia sea el modelo» referencial para muchos alumnos.
Lucía lo sabe bien, porque es amiga y compartió parte del «infierno» vivido por Paloma Delgado. La mujer que comenzó a ser maltratada a los diez días de su boda y lo fue durante doce años de matrimonio expone su caso nuevamente para impedir que estos docentes sigan ejerciendo, aunque reivindica que no ha querido convertir la iniciativa en «una cacería pública contra su ex». No obstante, es la cara visible: «Quiero que sirva para poner sobre la mesa que actualmente solo se impide ser profesor a quien tiene antecedentes por delitos de naturaleza sexual, mientras es legal que una persona que da palizas durante años a su familia sea el modelo» referencial para muchos alumnos.
Esta doctora cree que lo que le prometieron hace dos años cuando compareció en las Cortes de Aragón y consiguió el respaldo a coro a su petición por parte del Defensor del Pueblo, el Justicia de Aragón (figura similar en lo autonómico) y partidos políticos ha caído en saco roto. Esta iniciativa sirve para hacer memoria. Paloma también la hace: «Lo que pido es coherencia social: quieren que combatamos la violencia de género y al mismo tiempo dejamos a los violentos reinsertarse educando a nuestros jóvenes. La primera condición para que alguien pueda reinsertarse es manifestar arrepentimiento y mi ex jamás lo hizo, ni pidió disculpas nunca». «Esto tiene que cambiar», remacha Lucía.
