«La sociedad tiene derecho a exigirle a Godoy que en varios asuntos pendientes, actúe con la misma celeridad y eficacia que con Ernesto Ruffo».
Son muchos los pendientes que dejó la Fiscalía General de la República, que hasta el pasado diciembre del 2025, durante siete largos años, encabezó el ahora Embajador de México en Reino Unido, Alejandro Gertz Manero, periodo en el cual el baldado brazo de la justicia no pudo o no quiso, por incapacidad, negligencia y presumible complicidad, alcanzar a algunos personajes públicos que desde hace mucho tiempo deberían estar pagando sus culpas tras las rejas.
Esta dilación en el cumplimiento de sus deberes de Gertz Manero, que deshonró a la fiscalía y salpicó de inmundicias y dudas a la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a la autonomía jurídica y de gestión del organismo procurador de justicia, tendría que resolverse durante la gestión de la nueva Fiscal General, Ernestina Godoy Ramos, quien está en el cargo desde diciembre del 2025. Es mucho lo que la procuración de justicia le debe a los mexicanos.
La sociedad tiene derecho a exigirle a Godoy Ramos que en varios e importantes asuntos pendientes, actúe con la misma celeridad y eficacia con la cual la Fiscalía General de la República elaboró la carpeta de investigación que sirvió como sustento para encarcelar al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien desde el jueves 23 de julio del 2026 quedó vinculado a proceso y recluido en el penal federal de Almoloya de Juárez.
En un comunicado oficial publicado este jueves 23 de julio del 2026, la dependencia de Godoy Ramos informó que con base en una investigación sólida, la Fiscalía General de la República (FGR) expuso datos de prueba contundentes para obtener la vinculación a proceso en contra de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador panista de Baja California en el periodo 1989-1995, por los presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.
Junto con Ruffo Appel fueron vinculadas a proceso otras siete personas, “como resultado del trabajo de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en la que los imputados posiblemente participaron”.
Agrega el comunicado de la Fiscalía General de la República: “Lo anterior representa un esquema de contrabando de hidrocarburo, el cual consiste en introducir combustible al país, mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos”.
Viejos pendientes
La Fiscalía General de la República debe informar en qué situación se encuentra la investigación en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, alias “Alito”, acusado de enriquecimiento ilícito y presunto desvió de casi cuatro mil millones de pesos cuando pasó por la gubernatura de Campeche entre 2015 y 2019. En su tercer informe de gobierno, el primero de agosto del 2024, la Gobernadora de Campeche Layda Sansores San Román, exigió al entonces Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, que diera a conocer los avances de las investigaciones abiertas en contra de su antecesor en el cargo, el actual dirigente nacional del PRI.
Los legisladores de Morena han sido demasiado permisivos, complacientes y cómplices de Moreno Cárdenas, actual Senador de la República, a quien hasta la fecha le han perdonado el desafuero, para quitarle la inmunidad constitucional que permita su detención para ser puesto a disposición de un Juez que pueda definir si se le vincula a proceso por una buena cantidad de delitos que se presume cometió cuando fue Gobernador de Campeche.
En 2022 quedó congelada una primera petición de desafuero contra “Alito” Moreno, cuando se desempeñaba como Diputado federal, proceso cubierto por el oscuro velo de una presunta complicidad, de un pago político al dirigente nacional del tricolor, lubricado por el respaldo del PRI a una iniciativa de Morena para mantener a las fuerzas armadas en las calles hasta el 2028, en apoyo a las tareas de seguridad pública.
Ahora despierta las misma sospechas una injustificada dilación de un larguísimo año para analizar la solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno formulada por la Fiscalía de Campeche en los últimos días del julio del 2025.
Por otra parte, la Fiscalía General de la República debe exigir al Gobierno de México que actúe con firmeza en su solicitud de detención provisional con fines de extradición contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador panista de Tamaulipas, que el Gobierno de Estados Unidos tiene congelada, según datos publicados por el periódico Reforma el pasado lunes 16 de febrero del 2026, en nota firmada por el reportero Abel Barajas.
La Fiscalía General de la República pidió gestionar la solicitud de extradición ante Estados Unidos con base en una orden de aprehensión emitida el 4 de octubre de 2022. Se trata del mandamiento de captura por delincuencia organizada y lavado de dinero, contra García Cabeza de Vaca.
Desde el 2021, cuando era Gobernador en funciones en el estado de Tamaulipas, la Fiscalía General de la República solicitó la Declaración de Procedencia de la Acción Penal, para quitarle el fuero, la inmunidad constitucional, al panista García Cabeza de Vaca, para ponerlo a disposición de una autoridad judicial.
La cámara de diputados federal declaró la procedencia de la acción penal pero el desafuero de García Cabeza de Vaca no tuvo efectos porque el Congreso de Tamaulipas, dominado por mayoría del PAN, se negó a respaldar la resolución que tomaron en el Palacio Legislativo de San Lázaro, para quitarle la inmunidad constitucional y que fuera aprehendido para quedar a disposición de un Juez.
También es pertinente que la Fiscalía General de la República informe en qué punto se encuentra la investigación contra la Gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien violó disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Seguridad Nacional, además de que habría incurrido, al mismo tiempo, en el delito de Traición a la Patria, como lo establece el Código Penal Federal, por su colaboración abierta con agentes de la perversa Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la famosa CIA.
La mandataria de Chihuahua permitió la injerencia de elementos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en un operativo contra el narcotráfico en territorio mexicano el domingo 19 de abril del 2026, sin autorización y conocimiento del Gobierno federal, único facultado para establecer convenios de coordinación con agencias de gobiernos extranjeros en los ámbitos de la seguridad pública y la seguridad nacional.
Los de casa
Pero también se debe exigir al Gobierno federal que inicie o informe si existe, y en qué condiciones, una carpeta de investigación formal, seria, profesional, para indagar la conducta del Senador de Morena, excoordinador de sus legisladores en la Cámara Alta, Adán Augusto López Hernández, por sus presuntas vinculaciones con el crimen organizado a través de Hernán Bermúdez Requena, su incondicional exsecretario de Seguridad, a quien nombró para ese cargo cuando se desempeñó como Gobernador de Tabasco, sujeto al que se atribuye la formación y operación del grupo delictivo conocido como La Barredora.
El 13 de septiembre del 2025 Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, fue detenido en Paraguay y se profundizaron las dudas sobre la probidad de Adán Augusto López Hernández quien lo puso en el cargo más relevante en el ámbito de la seguridad pública.
Pese a sus controversiales relaciones, riqueza, negocios y presumibles complicidades con el crimen organizado, López Hernández fue nombrado coordinador del Senado de la República y duró en esa posición privilegiada del primero de septiembre del 2024 hasta el primero de febrero del 2026, cuando lo relevó el Senador Ignacio Mier Velazco.
En otro caso pendiente, es importante advertir que las grabaciones obtenidas de manera subrepticia, sin autorización de un Juez, no pueden ser prueba en un juicio, pero en el caso de la Gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, la Fiscalía General de la República sí debería investigar la presunción de que se mostró dispuesta a colaborar y ofrecer información delicada al Gobierno de Estados Unidos para obtener algún beneficio personal, conducta que podría configurar el delito de Traición a la Patria.
A través de un video difundido en redes sociales el domingo 19 de julio del 2026, la mandataria morenista de Baja California aseguró que las versiones surgidas tras las grabaciones difundidas la tercera semana de julio, están basadas en audios manipulados e interpretaciones falsas. Explicó que buscó conocer los motivos de la decisión migratoria del Gobierno de Estados Unidos para cancelarle su visa y los procedimiento legales para recuperla.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República tendría que despejar dudas al respecto, investigando si la mandataria de Baja California estableció lazos secretos con funcionarios de Estados Unidos luego que le cancelaron su visa y ante el riesgo de que pudiera ser objeto de acusaciones graves que le vincularan al crimen organizado. Investigar también serviría para aclarar.
También es fundamental que la Fiscalía General de la República ofrezca a la sociedad un informe serio, profesional, detallado, que clarifique cuáles son los elementos que involucran o exoneran a prominentes morenistas señalados de estar asociados con el crimen organizado, como el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el Alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y el Senador por esa entidad Enrique Inzunza Cázares a quienes el Gobierno de Estados Unidos pidió detener y extraditar para someterlos a proceso.
La Fiscalía General de la República debe rendir un informe público en el cual explique cuál es la calidad de las pruebas presentadas por el Gobierno de los Estados Unidos contra Rocha Moya y sus coacusados, y las razones jurídicas por las cuales tendrían que ser desestimadas a la luz de nuestras leyes penales y procesales.
Ya es tiempo de que la Fiscalía General de la República cumpla sus muy delicadas responsabilidades, y aunque es un organismo constitucional autónomo, responsable de investigar y perseguir los delitos del orden federal, por la muy estrecha relación de su titular Ernestina Godoy Ramos con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de quien ha sido muy cercana colaboradora, sus buenas o malas decisiones y acciones sí impactan el buen crédito del gobierno de la Cuarta Transformación.
Fuente: sinembargo
