El proyecto de Ley concebido para combatir la gangrena islamista se ha transformado en proyecto de Ley para reforzar los principios republicanos, creando nuevos delitos por amenazar la vida de terceros a través de la propagación del odio y castigando con más severidad los comportamientos familiares, en la escuela, las asociaciones y la vida pública.
Éric Dupond-Moretti, ministro de Justicia, y Gérald Darmanin, ministro del Interior, han transmitido ese proyecto de Ley al Consejo de Estado y los presidentes de la Asamblea Nacional (AN) y el Senado, para poder iniciar su discusión parlamentaria a partir del 9 de diciembre.
El Consejo de Estado deberá examinar, aprobar, rechazar o matizar la redacción del proyecto de Ley. Los presidentes de las dos cámaras del Parlamento francés deberán preparar unos debates llamados a culminar con una evolución mayor de la legislación nacional destinada a combatir la gangrena islamista.
Fue Emmanuel Macron quien comenzó a denunciar el separatismo cultural, el separatismo religioso, a finales del 2019 y principios de este año. La sucesión de crímenes yihadistas, entre finales de septiembre y mediados del mes de octubre pasado, hizo evolucionar esa terminología. El separatismo religioso comenzó a ser definido como separatismo integrista, separatismo yihadista.
La redacción final del proyecto de Ley original abandona definitivamente el calificativo «separatismo». Los legisladores han preferido reafirmar la matriz institucional de la Nación: Ley para reforzar los principios republicanos.
A través de 57 artículos, se trata de un escudo político, jurídico y policial contra el islam político.
Los nuevos delitos
El proyecto de Ley comienza por definir nuevos delitos: Amenazar la vida de terceros a través de la difusión de informaciones sobre la vida privada y profesional que pudieran amenazar la vida de personas y familias; intimidación de terceros por motivos religiosos y propagación de incitaciones al odio.
Definidos los nuevos delitos, la futura Ley creará un nuevo marco de persecución judicial contra asociaciones de carácter cultural, filantrópico o religioso, persiguiendo y castigando a sus dirigentes y afiliados «que no respeten los valores del Estado, la República».
La defensa de la escuela, pública, privada o concertada, estará cubierta con nuevos resortes jurídicos y policiales, con el fin de perseguir y castigar a los padres que no llevan a sus hijos a la escuela y a los directores de escuelas privadas (clandestinas, las más de las veces) consagradas a la propagación de doctrinas incompatibles con el respeto de las instituciones.
La nueva Ley deberá proteger la institución familiar contra las «amenazas y asaltos del comunitarismo» y la gangrena multicultural que considera las leyes de su religión (musulmana) superiores a las leyes del Estado. Se proyecta perseguir y castigar a padres y familias convencidos de tal superioridad. Se luchará contra las discriminaciones sexuales, culturales y familiares, en el seno de cualquier religión. En Francia, la única religión que es fuente inagotable de tales problemas es la religión musulmana.
Durante los dos últimos años, las fuerzas de seguridad del Estado han cerrado 380 lugares de culto, sospechosos de propagación del radicalismo islamista. Desde finales de septiembre se ha procedido a millares de controles. La futura Ley ha sido concebida para rearmar al Estado contra la gangrena del islam político, en la vidriosa frontera del yihadismo subversivo.
Fuente: ABC
