El fallo de la SCJN sobre la constitucionalidad de la Reforma Judicial y el resultado de las elecciones en los Estados Unidos, marcarán un punto de inflexión en nuestro país. Sea cual sea el resultado, estos acontecimientos, uno interno y otro externo, tendrán un alto impacto en la vida de los ciudadanos y en la agenda nacional.
El dislate legislativo de las últimas semanas y la confrontación entre los poderes del estado, nos coloca en el supuesto de una crisis constitucional, de tal manera que, el fallo de la Corte y las acciones que en consecuencia se tomen de uno y otro lado, ahondarían el conflicto, lo que nos pondría al límite de un estado de excepción.
El país está inmerso en una crisis constitucional desde el momento en que, a juicio del ministro ponente, “no existe certeza sobre cuál es el derecho vigente, no hay claridad de la autoridad encargada de aplicarlo y se desconocen las consecuencias de las decisiones tomadas”, situación que se ha evidenciado con el desacato a las suspensiones de los jueces y el debate sobre las facultades de los poderes Legislativo y Judicial. La maniobra de los legisladores del oficialismo para imponer la llamada supremacía constitucional, lejos de resolver el conflicto, lo agrava.
Por las acciones tomadas y los tonos que ha alcanzado el debate, en algunos casos superficial y cargado de vulgaridad, no se advierte una salida a la crisis entre poderes. Esto coloca al país en riesgo y al gobierno en franca contradicción con las garantías de legalidad y estabilidad, que ha ofrecido a los inversionistas y a las agencias especializadas.
Adicionalmente crece la tensión entre los trabajadores del Poder Judicial y se multiplican las expresiones de preocupación y repudio entre diversos colectivos, que ya se organizan para expresar su inconformidad y propuestas.
Al mismo tiempo, el súper martes electoral en los Estados Unidos transcurrió con un alto grado de incertidumbre sobre el resultado hasta el último momento; y habrá que esperar el efecto de las acciones que tomará el nuevo gobierno norteamericano, sea demócrata o republicano, en materia de migración, comercio y seguridad.
Pese a todo, el gobierno mexicano insiste en que no habrá cambios que afecten la relación bilateral; sin embargo, los analistas más serios e influyentes advierten riesgos importantes dada la vulnerabilidad que exhibe el país, en especial, ante el debilitamiento de las instituciones democráticas, la extinción de los organismos autónomos, el avance del crimen organizado y el enfrentamiento entre poderes por la Reforma Judicial.
Ante estos acontecimientos y los riesgos para la estabilidad y el desarrollo, es imprescindible dejar atrás la simulación y la fase declarativa sobre la estabilidad y la seguridad inalterada, como si nada pasara.
Es momento de actuar para hacer valer el interés nacional y emprender acciones que den una salida a la crisis constitucional y al enfrentamiento entre poderes; tomar medidas claras frente a la delincuencia organizada, la inmigración forzada y garantizar el respeto a los tratados internacionales; y asumir decisiones ejecutivas que fortalezcan nuestra posición en el mundo y la relación de confianza con nuestros principales socios comerciales. No hacerlo sería suicida.
POR MARCO ADAME
