León, Guanajuato.– Desde mediados del año pasado, la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) documentó tres casos de reclutamiento forzado de jóvenes por parte de grupos delictivos en Guanajuato, así lo denunció, Juan Martín Pérez García, director de la organización.
“Llegan y los levantan, los casos que tenemos son en la tarde noche y obviamente son jóvenes varones de 15 a 17 años y están vinculados en momentos de guerra del Estado con los grupos criminales”, alertó el académico y defensor de derechos humanos.
Explicó que de cada caso se presentaron denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) y en la Fiscalía General del Estado Guanajuato (FGE), pero en esta última la investigación no ha avanzado.,
“Hay reclutamiento forzado de varones entre los grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa. Hay varios casos documentados del tema… Lo que ubicamos es que corresponde más a los municipios fronterizos con otras entidades federativas. Las fronteras suelen ser frágiles y permiten la comisión de delitos”.
Expuso que, en 2011, el Comité del Niño de Naciones Unidas emitió recomendaciones al Estado Mexicano para que se pudiera tipificar en el Código Penal Federal el reclutamiento forzado, sin embargo, ahora no hay forma de sancionar a nadie por ello.
Pérez García expuso que la guerra y disputa del territorio de organizaciones del crimen organizado paso a construir ejércitos privados.
“Son grupos armados no estatales y con gran capacidad de fuego que se están confrontando con el Estado Mexicano y necesitan soldados. Por eso están reclutando a muchas niñas, niños y adolescentes especialmente desprotegidos. Son los que están fuera de la escuela y son los que tienen vínculos familiares muy frágiles”.
Expuso que en esos casos, a menudo tienen un contexto familiar y comunitario vinculado a culturas de ilegalidad, “y claramente el Estado está ausente”.
El director de Redim expuso que si bien las niñas, niños y adolescentes son reclutados, luego son revictimizados, detenidos por autoridades o asesinados por grupos criminales o desaparecidos, es decir, una crisis derechos humanos.
El fenómeno empezó en Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y se ha extendido. Para Juan Martín Pérez, Guanajuato tiene un lugar “tristemente” al igual que entidades como el Estado de México, Guerrero y Veracruz.
Fuente: SinEmbargo
