A través de sus prisiones se conoce un país, planteó Nelson Mandela. Y es totalmente cierto. Precisaría de esta forma: a través de sus prisiones se conoce el sistema de justicia de un país, su calidad, la de sus operadores y la protección efectiva que se da a los derechos de sus usuarios.
En nuestras prisiones no están los criminales más peligrosos, los que debieron ser inhabilitados a través de la privación de su libertad. Encontramos ahí, en su mayoría, a gente pobre, acusada por delitos menores, que no tuvo las garantías de un debido proceso y acabó en prisión. Parece que algunas instituciones del Estado mexicano se ensañan con los débiles y se doblegan ante los poderosos. Hace unos días desde México Evalúa organizamos una mesa de análisis en torno a la defensoría pública, esto es, de la figura que tiene la tarea de defender a un imputado de los cargos que se le asocian. Es pública porque es un servicio que ofrece el Estado a quienes no pueden sufragar el costo de defensores privados. Cuando un caso así se presenta, el Estado acusa a través de una fiscalía y a la par defiende a través de un abogado que es parte del cuerpo mismo del Estado mexicano. Ambas partes del proceso deben contar con igualdad de armas, lo que implica que deben contar con las mismas capacidades y recursos. Si hay asimetría, no hay posibilidad de un juicio justo; sin juicio justo no hay Estado de derecho. Cuando se nos llena la boca al mencionar este término, deberíamos también dilucidar qué necesitamos para tenerlo, y cómo apoyar a los que lo operan cotidianamente.
Esta discusión es bien relevante en el país en estos momentos, no sólo porque el sistema de justicia penal acusatorio todavía no se ha consolidado, ni mucho menos, sino también porque en la agenda del gobierno el tema de las desigualdades es prioritario. Cuando hablamos de ellas solemos referirnos al ingreso, o a oportunidades de acceso a ciertos derechos como la educación o la salud. Pocos hablamos del derecho de acceso a la justicia, y es fundamental. Por tanto, debería ser una prioridad de esta administración (y de todos los mexicanos).
Pero la defensoría pública en México no recibe la atención que merece. En parte porque venimos de una cultura punitiva y autoritaria que sentencia antes de juzgar, y porque el aparato de persecución criminal estuvo (¿está?) cargado a favor del poder. El modelo de justicia acusatorio y adversarial busca revertir esta herencia al priorizar la igualdad de armas. Le da un papel destacado a la defensa, el mismo que al de un fiscal o la parte que acusa. Por eso es que el modelo es acusatorio y adversarial. Esto es, una parte acusa, la otra se defiende. Y es adversarial porque las partes en conflicto argumentan, se confrontan, y el juez es quien valora las tesis de las partes y decide. En este sentido, la reforma que dio vida al nuevo modelo de justicia es radical: nunca antes habíamos tenido ese planteamiento. La parte acusadora siempre había sido predominante en el proceso.
Como digo, esto es nadar a contracorriente. ¿Una prueba de ello? En los trabajos que se han realizado en torno al modelo de justicia acusatorio los énfasis se han puesto en las fiscalías, en cómo mejorar su desempeño. Y a las defensorías las tenemos relegadas. Esto es un grave error. Déjenme insistir: una defensoría pública robusta implica la garantía de un juicio parejo, pero también la palanca para mejorar el desempeño de los ministerios públicos o fiscales. Si el defensor crece, el fiscal está obligado a hacer lo mismo.
El trecho para corregir esta asimetría es muy grande. En estudios de México Evalúa hemos documentado la brecha presupuestal entre parte acusadora y defensa. De cada peso que reciben las fiscalías, las defensorías reciben seis centavos. Con todo y la brecha, cuando medimos la calidad del desempeño de las dos partes en las audiencias, los defensores no quedan mal. Como se saben en desventaja, suelen ser estratégicos y sacar el mejor provecho de los recursos disponibles. Hay ejemplos muy valiosos de su meritorio desempeño, que se hace excepcional por la enorme carga de trabajo que reciben. En cambio, los fiscales o ministerios públicos siguen siendo un tanto torpes en su desempeño deliberativo: como se saben en ventaja no hacen un esfuerzo particular. Siguen muy apegados al expediente escrito, cuando lo imperativo en el nuevo modelo es la oralidad. En todo caso, estamos ante un proceso vivo, que sienta las bases de un Estado de derecho robusto.
En el ámbito federal sabemos que no hay convencidos de la reforma penal, comenzando por el fiscal general. Las reformas recientes a la Ley Orgánica de la Fiscalía nos quieren regresar al México donde ‘las armas’ estaban concentradas de un solo lado. Pero hay esfuerzos meritorios en distintos lugares del país donde, a contracorriente, se construyen modelos más justos. Ojalá que haya convencidos con capacidad de decisión para salvaguardar lo logrado y no permitir más retrocesos. Le darán un servicio al país y al propio presidente, que no acaba de entender cuáles son las bases para lograr la igualdad.
Fuente: elfinanciero
