«Un cobarde, un matón violento y un pedófilo». Así saldó este lunes un juez británico el perfil de Joseph McCann, 34 años, declarado culpable por el Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales de 37 cargos de agresión y violación. McCann ha sido condenado ahora a 33 cadenas perpetuas, y pasará un mínimo de 30 años entre rejas. Con todo, la declaración de culpabilidad, adoptada con el veredicto unánime del jurado, no elimina un tremendo error judicial anterior que había permitido que cometiera los terribles actos mientras estaba en libertad condicional por delitos anteriores.
A principios de este año, McCann violó a ocho personas, entre ellas un niño de 11 años y una mujer de 71, en un recorrido atroz que lo llevó desde Londres al condado de Cheshire, en el noroeste de Inglaterra, a lo largo de dos semanas. McCann abusó sexualmente del niño frente a su hermana, a la que también atacó, en la casa de los pequeños. A tres mujeres las secuestró, a punta de cuchillo, en la calle y luego las violó. A dos niñas de 14 años las secuestró tras amenazarlas con descuartizarlas, recoge la BBC. Y cometió todas las atrocidades cuando presumiblemente debería haber estado en prisión por un delito anterior. El juez que lo ha juzgado ha instado a abrir una investigación para determinar responsabilidades, publica el diario The Guardian.
McCann fue condenado a prisión en 2008 por robo con arma blanca. En 2017, mientras disfrutaba de libertad condicional, cometió de nuevo un robo y un hurto. Pero en lugar de juzgarlo teniendo en cuenta que había infringido su libertad condicional, como si esto no hubiera sucedido, y quedó en libertad tras cumplir una parte de la pena. Si se hubiera tenido en cuenta su infracción antes de liberarlo, su caso tendría que haber pasado la evaluación positiva de la Junta de Libertad Condicional, pero eso nunca se hizo.
La investigación deberá esclarecer quién o qué organismo tiene la responsabilidad del despropósito. El Ministerio de Justicia ha culpado del error a la división territorial del sureste y el este del National Probation Service (NPS, siglas en inglés del Servicio Nacional de Libertad Vigilada), responsable de la supervisión del caso. Varios expertos consultados por el diario británico culpan del error a los recortes. Una inspección reciente de esa división territorial determinó «reducciones de personal significativas» y la mayor carga de trabajo en una de las siete divisiones con que cuenta el NPS. El presupuesto del Ministerio de Justicia británico ha sufrido un recorte de un 40% en términos reales desde 2010, una de las mayores rebajas en un departamento gubernamental.
Fuente: elpaís
