Michelle Mittelstadt, directora de comunicación del Instituto de Política Migratoria (MPI), había advertido que “podría haber repercusiones imprevistas, sobre todo en lo que respecta a la seguridad pública, la elaboración de perfiles raciales y la discriminación”.
Un grupo nada despreciable de 20 gobiernos estatales de Estados Unidos (EU) han decidido enfrentar al Presidente Donald Trump y defender a los migrantes. Se trata de una coalición de 20 estados de los 50 que conforma la Unión, la mayoría liderados por demócratas. Ayer presentó dos demandas contra del Gobierno federal, que los amenazó con retener miles de millones de dólares en fondos a menos que las entidades cumplan con sus exigencias en materia de control migratorio.
Las administraciones estatales calificaron las amenazas de “flagrantemente ilegales”. Les recortarían fondos federales para transporte, antiterrorismo y preparación para emergencias. Argumentaron que Trump estaba usurpando la autoridad del Congreso sobre el gasto y utilizando el poder del erario para obligar a los estados a adoptar sus políticas.
“Al detener esta financiación crucial, como si fuera una espada de Damocles, los acusados les imponen un daño inmenso”, argumentaron en una de las demandas que cita The New York Times. “Obliga a elegir entre la preparación para desastres y emergencias, por un lado, y su criterio sobre la mejor manera de investigar y enjuiciar los delitos, por el otro”. Rob Bonta, Fiscal General de California, quien encabeza el litigio, añadió en un comunicado que Trump está utilizando el financiamiento vital como moneda de cambio.
La Casa Blanca anunció el mes pasado dos órdenes ejecutivas que amenazan con recortar financiamiento a jurisdicciones santuario si no cooperan plenamente con las autoridades de migración. Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca, declaró: “A todos los estadounidenses les iría mejor si estos fiscales generales demócratas se centraran en procesar a los delincuentes y colaboraran con la administración Trump para abordar el impacto de los inmigrantes ilegales mafiosos en sus comunidades, en lugar de dedicarse a la política”.
Los fiscales generales de los estados presentaron las demandas ante el Tribunal Federal de Distrito de Rhode Island. California, Illinois, Nueva Jersey y Rhode Island encabezan ambas demandas. Maryland también figura como estado líder en la demanda de transporte. A ellos se suman en ambas demandas Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Vermont, Washington y Wisconsin. Todos los estados tienen fiscales generales y gobernadores demócratas, excepto Nevada y Vermont, cuyos gobernadores son republicanos.
Dos días después de que había asumido como Presidente, Trump se enfrentó a las demandas de fiscales generales de 22 estados. Intentaban bloquear la orden ejecutiva, firmada por el Presidente poco después de su toma de posesión, para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Ésta es una práctica migratoria centenaria que se deriva de la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense que garantiza que los niños nacidos en Estados Unidos serán ciudadanos independientemente del estatus migratorio de sus padres.
La orden de Trump, titulada “Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, estipula que la administración ya no reconocerá la ciudadanía automática a los niños nacidos en suelo estadounidense de padres migrantes que se encuentran en el país sin autorización, siempre y cuando ninguno de los padres sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal.
Pero el Presidente de Estados Unidos no está solo en su cruzada. Dos legisladores de estados republicanos intentaron proponer recompensas para quienes denuncien a los extranjeros que se encuentran de forma ilegal en el país. La oferta contemplaba premiar con mil dólares a todo aquel que aporte información que lleve a la detención de cualquier migrante sin papeles.
En Misisipi, la propuesta presentada por el representante republicano Justin Keen se frenó en el comité legislativo esta semana, pero en Misuri siguió su proceso y se debatió en la asamblea. “No hay duda de que podría haber repercusiones imprevistas, sobre todo en lo que respecta a la seguridad pública, la elaboración de perfiles raciales y la discriminación”, dijo en su momento Michelle Mittelstadt, directora de comunicación del Instituto de Política Migratoria (MPI).
