El portal Periodismo en Colectivo denunció que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción rechazó investigar la denuncia por despojo de 37 hectáreas en Akumal realizada por un anciano maya discapacitado, del que acusa a José María Rejón de la Guerra, cuñado del gobernador del estado, Carlos Joaquín González, y hermano de la primera dama, Gabriela Rejón.
El portal Periodismo en Colectivo denunció que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción rechazó investigar la denuncia por despojo de 37 hectáreas en Akumal realizada por un anciano maya discapacitado, del que acusa a José María Rejón de la Guerra, cuñado del gobernador del estado, Carlos Joaquín González, y hermano de la primera dama, Gabriela Rejón.
La fiscalía, encabezada por Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, dice que no se cuenta con una definición exacta de qué actos son considerados corrupción, pues determinó que el “Código Penal del estado de Quintana Roo no cuenta con una definición exacta de qué actos se deben entender como corrupción (…)”, además de que “la conducta desplegada por los sujetos activos fue dentro de un procedimiento penal, es decir, no como una conducta arbitraria fuera de procedimiento sino en ejercicio de sus funciones y dentro de las técnicas de investigación contempladas en el procedimiento penal”.
El pasado 7 de diciembre de 2020, Fabiola Cortés Miranda, quien encabeza la asociación civil Somos tus Ojos y el portal Periodismo en Colectivo, denunció un presunto despojo de tierras en Tulum en perjuicio de una persona de la tercera edad, por parte de José María Rejón De la Guerra, que se habría consumado en complicidad con fiscales de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Ahora, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a cargo de Rosaura Villanueva Arzápalo, rechazó investigar a los fiscales de Tulum y al Vice Fiscal General del estado, quienes en tres meses concluyeron la carpeta del señor Antonio Manrique Mac en la que denunció al cuñado del Gobernador de Quintana Roo, José María Rejón de la Guerra, por despojarlo de su rancho de 37 hectáreas, ubicado en Akumal.
El pasado 4 de noviembre los abogados Fabiola Cortés Miranda y Moisés Araujo Olmos presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia en contra de Jeans Gaspari Chablé Yupit y Estela Noemí Labastida Rodríguez, fiscales de Tulum que intervinieron en la carpeta de investigación FGE/QR/AMPTUL/UITUL/08/1113/2019, iniciada el 19 agosto de 2019 por Antonio Manrique Mac, misma que en tres meses fue concluida con un no ejercicio de la acción penal a favor de José María Rejón de la Guerra, hermano de la primera dama del estado, Gabriela Rejón de Joaquín.
La denuncia fue interpuesta también en contra de la licenciada Fernanda Adriana Leo Barney, adscrita a la Comisión Ejecutiva de Víctimas, y quien solo se presentó a tomar protesta de su cargo como asesora jurídica el 9 de septiembre de 2019 pero nunca se comunicó con el señor Antonio Manrique para hacerle saber que sería su asesora y tampoco solicitó actos de investigación a su favor; menos aún impugnó la meteórica determinación del no ejercicio de la acción penal.
Igualmente, fue denunciado Alfonso Marcos García Ramírez, quien fungía como Vice Fiscal General del estado y quien en tiempo record de dos días autorizó el no ejercicio de la acción penal que le propuso la fiscal Estela Noemí Labastida Rodríguez.
La Fiscalía Anticorrupción rechazó investigar a los dos fiscales denunciados y a quien fuera Vice Fiscal general porque el “Código Penal del estado de Quintana Roo no cuenta con una definición exacta de qué actos se deben entender como corrupción (…)”, y además, porque “la conducta desplegada por los sujetos activos fue desplegada dentro de un procedimiento penal, es decir, no como una conducta arbitraria fuera de procedimiento sino en ejercicio de sus funciones y dentro de las técnicas de investigación contempladas en el procedimiento penal como son las actuaciones del ministerio público (…)”, expuso el fiscal Juan Carlos May Góngora de la Fiscalía Anticorrupción, y quien acordó el “desglose por incompetencia”, es decir, que no sea la Fiscalía Anticorrupción la que investigue a los funcionarios de la FGE, sino esa misma dependencia.
Aunque el delito por el que fueron denunciados los fiscales de la FGE se encuentran en el “catálogo” de delitos competencia de la Fiscalía Anticorrupción, ésta se negó a investigar: “No pasa desapercibido al suscrito que el delito por el cual se sigue la presente investigación se encuentra en la mencionada sección IV del Código Penal del Estado, en apariencia la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sería la competente; sin embargo, se hace principal énfasis en que acorde a lo narrado por la víctima, estos actos no son considerados como actos de corrupción (…)”
Con este razonamiento, la Fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, autorizó remitir la carpeta FGE/QR/FECC/TUL/0359/11/2020 a la Vice Fiscalía de Asuntos Internos dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que investigue a su ex empleado, Alfonso Marcos García Ramírez, y a sus empleados, los fiscales Jeans Gaspari Chablé Yupit y Estela Noemí Labastida Rodríguez, esta última premiada con la Vice Fiscalía de la zona sur.
Ambos Fiscales acumulan otra denuncia en su contra por haber autorizado el aseguramiento de un hotel de Tulum unas horas después de que la supuesta víctima presentó su denuncia, sin que la Fiscalía Anticorrupción haya remitido dicha carpeta a la FGE, con lo que se pone en evidencia el trato “especial” que reciben los asuntos que tienen relación con el cuñado del gobernador Carlos Joaquín González.
Para impugnar la determinación de la Fiscalía Anticorrupción, los abogados del señor Antonio Manrique solicitaron audiencia ante el juez de control, misma para la que aún no se tiene fecha programada.
Cabe señalar que no es la primera ocasión en que la fiscal Rosaura Villanueva Arzápalo brinda protección a personas cercanas al gobernador Carlos Joaquín González, así lo ha hecho con el magistrado Fernando Gama Rodríguez, a quien no investigó a pesar de las pruebas de que entregó documentos falsos para acceder al cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, mismo que es parte del Sistema Estatal Anticorrupción.
El portal denunciante también señala que, sin procedimiento ni investigación, el fiscal Óscar Montes de Oca Rosales ya eximió de responsabilidad a los fiscales que beneficiaron al hermano de la Primera Dama, José María Rejón de la Guerra; así lo manifestó en su comparecencia del 15 de diciembre del año pasado ante el Congreso, luego de que el diputado del PT, Roberto Erales lo cuestionara sobre el caso del despojo llevado a cabo por el cuñado del Gobernador.
Fuente: cambio22
