Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Política Colectiva identificó 8,511 contrataciones públicas entre 2019 y 2025, pero encontró documentos inaccesibles, registros inconsistentes y ausencia de una plataforma estatal que permita conocer cómo se ejercieron los recursos.
MÉRIDA, YUCATÁN.—Pese a que el Gobierno de Yucatán realizó miles de contrataciones públicas por más de 20 mil millones de pesos entre 2019 y 2025, conocer con precisión cómo se asignaron esos recursos y quiénes resultaron beneficiados sigue siendo una tarea complicada debido a las deficiencias en los mecanismos oficiales de transparencia.
Una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Política Colectiva identificó 8,511 contrataciones correspondientes a ese periodo, pero documentó irregularidades en la publicación y organización de la información, así como dificultades para acceder a los expedientes que deberían respaldar las operaciones.
El análisis, publicado este martes bajo el título Tras la huella de Nuestro Dinero: Los contratos del gobierno estatal de Yucatán y su transparencia, 2019–2025, advierte que la entidad carece de una plataforma gubernamental propia que concentre los contratos públicos y permita consultarlos de manera sistemática.
En consecuencia, la principal fuente disponible para conocer las adquisiciones y contrataciones del gobierno estatal es la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), cuyos registros presentan inconsistencias que dificultan su revisión.
Más de la mitad de los expedientes revisados no pudieron abrirse
Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación es que, de 1,711 procesos de contratación seleccionados para verificar su documentación, en 966 casos no fue posible abrir los archivos correspondientes.
Esto significa que aproximadamente el 56.5% de los expedientes seleccionados presentó problemas de acceso, ya fuera porque los enlaces electrónicos dejaron de funcionar o porque los documentos no se encontraban en las carpetas indicadas.
La situación limita la posibilidad de comprobar las condiciones bajo las cuales se realizaron las contrataciones, revisar sus alcances y conocer los documentos que respaldan las decisiones de las dependencias.
Los investigadores también detectaron números de contrato inconsistentes, proveedores sin identificar y diferencias en los criterios utilizados por las instituciones para capturar la información.
Estas deficiencias complican la identificación de contratistas y el seguimiento de los recursos públicos, además de obstaculizar la comparación entre dependencias y ejercicios presupuestales.
Dependencia casi total de la Plataforma Nacional de Transparencia
De acuerdo con el análisis, el 98.4% de los contratos identificados de la administración centralizada se localizó en la Plataforma Nacional de Transparencia, mientras que el 1.6% restante tuvo que obtenerse exclusivamente mediante solicitudes de información.
MCCI y Política Colectiva señalaron que los portales estatales disponibles están vacíos o contienen información incompleta.
El único portal local en el que encontraron contratos fue el de la Secretaría de Salud, pero su contenido se limita a los años 2017, 2021 y 2022, sin documentos de respaldo que permitan verificar las operaciones.
La investigación sostiene que la publicación de registros no garantiza por sí misma el acceso efectivo a la información, particularmente cuando los documentos están dispersos, los enlaces no funcionan o los datos no siguen criterios uniformes.
Contrataciones abarcan distintas administraciones estatales
El periodo analizado comprende principalmente la administración del exgobernador Mauricio Vila Dosal, que concluyó en septiembre de 2024, así como el inicio del gobierno de Joaquín Díaz Mena, que asumió el cargo en octubre de ese año.
Por ello, las deficiencias identificadas abarcan información correspondiente a dos administraciones estatales, aunque el estudio no establece que todos los problemas se hayan originado bajo una misma gestión.
Los resultados plantean cuestionamientos sobre la continuidad de las obligaciones de transparencia y la capacidad institucional para conservar, organizar y poner a disposición del público los expedientes de contratación.
La falta de documentación accesible no demuestra por sí sola que las contrataciones sean ilegales o que exista desvío de recursos, pero sí dificulta que ciudadanos, periodistas y organismos fiscalizadores puedan revisar las condiciones en que se ejerció el presupuesto.
La transparencia, pendiente en el manejo del dinero público
El estudio forma parte de un proyecto conjunto de MCCI y Política Colectiva para evaluar las capacidades y limitaciones de los gobiernos estatales en materia de transparencia de contrataciones públicas.
Después de una primera entrega dedicada a Jalisco, las organizaciones examinaron el caso de Yucatán mediante la revisión y sistematización de registros oficiales correspondientes al periodo 2019-2025.
El principal problema identificado no es únicamente la ausencia de un portal estatal especializado, sino la dificultad para reconstruir las operaciones gubernamentales a partir de información dispersa, incompleta o inaccesible.
El resultado es una brecha entre la obligación de publicar información y la posibilidad real de fiscalizar el gasto público: aunque existen registros de miles de contratos por más de 20 mil millones de pesos, una parte importante de sus documentos de respaldo no puede consultarse mediante los enlaces disponibles.
La investigación pone de relieve la necesidad de contar con expedientes completos, vínculos electrónicos funcionales y criterios uniformes de publicación que permitan seguir el destino del dinero público y conocer las condiciones de contratación de los proveedores del Estado.
Fuente: Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Política Colectiva. Investigación publicada el 10 de noviembre de 2026.
Documentación complementaria: La base de datos publicada por las organizaciones identifica 2,719 proveedores y precisa que los 20,363 millones de pesos incluyen contratos de la administración centralizada entre 2019 y 2025, además de registros de Servicios de Salud correspondientes a 2017, 2021 y 2022. Esta distinción es importante para interpretar correctamente el periodo y el monto total.
Fuente: NC
