“No hemos encontrado ningún documento que permita suponer que hay un vínculo” con una operación ilegal, me dice el abogado Fernando Gómez-Mont
La vinculación a proceso de Ernesto Ruffo Appel y su traslado al penal del Altiplano por la acusación en su contra por el presunto delito de huachicol fiscal en la empresa Ingemar muestra cómo el actual régimen trata a los suyos y a los que no son. A sus 74 años y con achaques de salud, se le aplicó la fuerza del Estado con una prisa feroz por un quebranto que la Fiscalía de Ernestina Godoy considera superior a los 5 mil 400 millones de pesos.
“No hemos encontrado ningún documento que permita suponer que hay un vínculo” con una operación ilegal, me dice el abogado Fernando Gómez-Mont. Sostiene que esas pruebas no fueron presentadas ante el juzgado en las horas de la audiencia inicial y que quizá la fiscal Godoy fue engañada cuando le dijeron que contaban con datos de prueba, entrevistas, dictámenes periciales y análisis científicos que sustentan la acusación contra el exgobernador bajacaliforniano, ya que el representante de la fiscalía solo hizo uso de adjetivos a la hora de describir la acusación.
Aun así, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega resolvió vincularlo a proceso y mantenerlo en prisión preventiva, aunque Ruffo, señalado desde julio o agosto del año pasado, nunca huyó y siempre se mantuvo dispuesto a colaborar con la investigación del caso.
Verónica Ruffo, hija de Ernesto, reclamó además la exhibición que la Fiscalía hizo de la detención de su padre, además de la falta de atención médica adecuada.
Los delitos de los que se le acusa a Ruffo son delincuencia organizada y contrabando. Gómez-Mont sostiene que a su cliente lo están incluyendo en una cadena donde no tiene que ver y que los responsables de tales delitos, si es que existieron, son empleados de la empresa regiomontana Kevinson, de la que eran clientes para la importación de combustibles.
El fondo del asunto radica en la doble vara de la justicia. El jueves 16 de julio, la Fiscalía General de la República desplegó un operativo muy visible para detener a Ruffo. A la hora de la llegada a las instalaciones en la Zona Río de Tijuana, después de trasladarlo desde Ensenada, donde la orden de aprehensión fue ejecutada. Hicieron todo lo necesario para que medios e influencers captarán sin problema de visibilidad la forma en la que lo sometían a la hora de entrar y salir.
Nada que ver con lo ocurrido el martes 26 de mayo en su sede de Sinaloa, donde Rubén Rocha Moya compareció sin que nadie lo viera, en medio de un completo secretismo y donde, según los boletines, “respondió a los cuestionamientos de una agente del Ministerio Público Federal derivados de investigaciones por presuntos nexos con la delincuencia organizada señalados desde Estados Unidos”.
Si existen elementos sólidos contra Ruffo Appel, deben ventilarse en un juicio abierto, valorando medidas cautelares acordes con su edad y salud. Cuando el rigor de la ley se descarga sobre la oposición y la gracia del perdón se reserva para los del régimen, la justicia se convierte en simple persecución.
POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ
Fuente: Heraldo de México
