PLAYA DEL CARMEN.— Luego de la regularización de la actividad de los agentes inmobiliarios en Quintana Roo, quienes ahora están obligados a contar con una matrícula para poder ejercer, el siguiente paso será fortalecer el marco legal del sector para garantizar las inversiones, prevenir fraudes y proteger la imagen del destino ante el mercado internacional.
Enrique Domínguez, integrante del Consejo Inmobiliario Estatal, señaló que durante la última década la industria inmobiliaria ha registrado un crecimiento exponencial en Quintana Roo, particularmente durante los últimos cinco años, periodo en el que se ha observado un importante incremento en el número de desarrollos y proyectos habitacionales.
Ante este crecimiento, explicó, el sector ha trabajado de manera conjunta con autoridades estatales y municipales para establecer mecanismos que permitan poner mayores candados a los proyectos inmobiliarios y brindar certeza tanto a los grupos de inversionistas y desarrolladores como a los consumidores finales.
Detalló que estos trabajos se realizan con autoridades estatales, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), así como con los gobiernos municipales, con el objetivo de avanzar en una regulación que permita ordenar la actividad y reducir los riesgos para quienes participan en el mercado.
Domínguez destacó que no solamente se busca regular el trabajo de los agentes inmobiliarios, sino también proporcionarles herramientas legales y financieras que les permitan proteger su actividad y, al mismo tiempo, brindar mayor seguridad a sus clientes durante la adquisición de una propiedad.
Entre estas herramientas mencionó el crowdfunding o financiamiento colectivo, mediante el cual los desarrolladores pueden obtener capital a través de plataformas digitales bajo mecanismos de control, entre ellos la creación de fideicomisos regulados para administrar los recursos.
Explicó que mediante estos esquemas el dinero puede mantenerse bajo mecanismos fiduciarios y liberarse conforme se registra el avance de las obras, lo que permite establecer mayores controles sobre el destino de los recursos y reducir los riesgos para los inversionistas.
El integrante del Consejo Inmobiliario Estatal señaló que uno de los principales problemas que enfrenta el sector son los retrasos en la entrega de viviendas o desarrollos, situaciones por las que, en muchas ocasiones, los consumidores terminan reclamando directamente a los agentes inmobiliarios.
Por ello, consideró indispensable conocer quiénes se encuentran detrás de cada proyecto antes de iniciar una operación comercial, ya que los agentes inmobiliarios también adquieren una responsabilidad frente al comprador.
“La idea es tener bases sólidas para que los agentes no generen operaciones sin saber quién está detrás del desarrollo inmobiliario”, explicó.
Domínguez reconoció que no existe el proyecto inmobiliario perfecto y que cualquier desarrollo puede enfrentar eventualidades que provoquen modificaciones en los tiempos originalmente previstos, como retrasos en la llegada de materiales, permisos pendientes o situaciones relacionadas con la ejecución de las obras.
Ante ello, destacó la importancia de mantener una comunicación permanente entre desarrolladores, agentes inmobiliarios y compradores, de manera que el consumidor conozca con claridad la situación en la que se encuentra el proyecto y los tiempos estimados para su conclusión.
Subrayó que el objetivo no es eliminar los riesgos inherentes a la adquisición de una propiedad en etapas tempranas, sino establecer mecanismos para que esos riesgos sean controlados, transparentes y jurídicamente respaldados.
De esta manera, dijo, se busca fortalecer la confianza en el mercado inmobiliario de Quintana Roo y evitar que operaciones irregulares o posibles fraudes afecten tanto a los compradores como a los desarrolladores y a la reputación internacional del estado como destino de inversión.
Fuente: NC
