Lo dijo esta semana el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldivar: “En México hay un claro abuso de la prisión preventiva”. Lo que debía ser una excepción se convirtió en regla, el 41 % de la personas privadas de la libertad están actualmente presas sin sentencia”.
Sin embargo, el importante aumento de las personas en cárcel con prisión preventiva no ha significado más seguridad porque no han llenado las cárceles secuestradores, violadores, homicidas, feminicidas y narcotraficantes; sino de personas pobres, acusadas de robo con educación básica y sin acceso a defensa adecuada. Así, la cárcel en México es un cruel instrumento que castiga con el cuerpo los daños al patrimonio.
Los datos estadísticos del INEGI muestran graves violaciones a los derechos humanos en los arrestos y las detenciones. En cuanto a las agresiones físicas, el 59% de las personas privadas de la libertad refirió haber recibido patadas o puñetazos, 39% golpes con objetos, 37% lesiones por aplastamiento, y 19.4% descargas eléctricas.
En cuanto a las agresiones psicológicas, el 58.3% de las personas privadas de la libertad fueron incomunicadas o aisladas, 52.5% fueron amenazadas con levantarles cargos falsos, 46.2%, fueron desvestidos, 40% fueron atados, a 39.2% les vendaron los ojos o les cubrieron la cabeza. En este sentido, la prisión no sólo fracasa como método para reducir los circulos de violencia, sino que los aumenta y profundiza.
En los delitos relacionados con daño patrimonial la prioridad debería de ser recuperar lo robado. Sin embargo, el encarcelamiento preventivo implica una pérdida financiera no sólo para las personas privadas de la libertad, sino también para sus familias, quienes tienen que correr con los gastos de mantener a la persona en prisión, lo que les complica –de ser encontrados culpables– tener la suficiencia económica para reparar el daño.
Por otro lado, la prisión preventiva es muy mala inversión pública. El costo de una persona en prisión ronda los $60 000 pesos mexicanos ($3 mil dólares) mensuales. Al recurrir a medidas cautelares alternativas, las personas procesadas sin sentencia pueden ser vigiladas, supervisadas o localizadas fuera de cárcel, por ejemplo, con los localizadores electrónicos cuya renta ronda los $9,000 pesos mexicanos ($450 dólares) mensuales.
Finalmente, la prisión preventiva justifica la incapacidad de las fiscalías para investigar, acusar y obtener sentencias condenatorias mateniendo por años a gente en la cárcel sin tener certeza de su culpabilidad.
Es obvio que en las cárceles sobrepobladas, como actualmente están, los riesgos de motín y autogobierno aumentan y no será gastando en la construcción de más cárceles como reduciremos el problema de la delincuencia en nuestro país.
Los recursos del Estado deben ser invertidos principalmente en prevenir y en buscar la reparación del daño. Para ello, en los delitos patrimoniales, aplicar la prisión preventiva resulta no sólo injusto e inútil sino contraproducente.
Fuente: elpaís
