En semanas recientes he abordado problemáticas económicas que el actual gobierno dejará a su sucesora. Al inicio del sexenio, especialmente durante la pandemia, el gobierno mantuvo una rigidez fiscal digna de la señora Thatcher, incluso cuando las tasas de interés estaban en mínimos históricos. Sin embargo, en el último presupuesto esa disciplina parece haber desaparecido. Puede ser que la realidad los haya alcanzado, que decidieron tirar la casa por la ventana en año electoral, o una combinación de ambas.
El secretario de Hacienda insiste en que el déficit es “temporal” para acabar las obras faraónicas de infraestructura, pero estas declaraciones no engañan a nadie. El meollo del problema es que México debe pagar sus deudas históricas, y éstas generarán presión sobre el presupuesto que el próximo gobierno tendrá que afrontar.
La primera deuda histórica es con los trabajadores mexicanos y se refleja en las pensiones. Ya he descrito en este espacio cómo las pensiones son un verdadero problema fiscal que sólo se intensificará. Principalmente, se trata de las pensiones del IMSS para aquellos que no entraron al régimen de afores en 1997. Pero también hay problemas en las pensiones de Pemex, de la CFE, del ISSSTE y de las Fuerzas Armadas. Es una deuda histórica del Estado mexicano que resulta imposible ignorar. Además, este gobierno tampoco ayudó al echar para atrás la renegociación de pensiones de la CFE.
Y la segunda, no menos significativa, es aquella con Pemex. En esencia, Pemex y sus utilidades de décadas sirvieron como préstamo a los mexicanos para financiar un Estado que no cobraba impuestos. ¿En qué se gastó ese dinero? Aunque poco importa, hay que admitirlo: gran parte se destinó a subsidiar las gasolinas en los sexenios de Fox, Calderón y al inicio del de Peña Nieto. Quizá la mejor política pública del gobierno pasado fue quitar ese subsidio, que en realidad era una transferencia a los más ricos, pero tuvo un alto costo político –la popularidad de Peña se desplomó entre 10 y 15 puntos. El resto se fue en transferencias a los estados donde hubo mucha corrupción, pero también dejó algo de infraestructura.
Mientras Pemex transfería sumas exorbitantes al Estado mexicano, se endeudó hasta llegar al punto de hoy que parece insostenible. Este gobierno no sólo ha destinado más dinero a proyectos de dudosa rentabilidad que no devolverán a Pemex a su “época dorada”, sino que también ha transferido más de 1.3 billones de pesos sin que la deuda financiera haya disminuido. Hoy, el diferencial del costo de la deuda de Pemex y del Estado mexicano en dólares ronda los 525 puntos base. Es absurdo que el gobierno federal se endeude para transferir recursos a Pemex para pagar una deuda más costosa, y que tarde o temprano, el Estado mexicano tendrá que asumir.
Estas dos deudas vienen de tiempo atrás, pero durante este gobierno no sólo no se hizo nada para remediarlas, sino que las agravó. Se sumó un pasivo de pensiones aún más grande, se revirtieron los avances en renegociaciones como en el caso de la CFE, y sólo se pateó el bote para delante. En el caso de Pemex, se inyectaron recursos sólo para acabar en el mismo lugar, perdiendo la oportunidad de transferir esa deuda al Estado cuando vivíamos en un mundo de bajas tasas de interés. Aunque las tendencias actuales indican que el partido en el gobierno mantendrá el poder, este gobierno está dejando un problema cada vez más evidente a quien pretende sea su sucesora. Ojalá que esta última empiece a reconocerlo pronto.
