La legislación mexicana en materia de anticorrupción se posicionó en el primer lugar de la normativa de 17 países de la región que fueron analizados en la segunda edición de la “Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2021/2022″. En este estudio realizado de manera colaborativa por integrantes del Consejo de Abogados del Cyrus R. Vance Center for Internacional Justice y miembros de la comunidad jurídica de cada país, se destacó la fortaleza del marco legal en materia de transparencia en México, el carácter público de la información, clave en las contrataciones públicas y la autonomía del INAI como órgano garante del derecho al acceso a la información.
A nivel latinoamericano se reconocieron los esfuerzos legislativos detallando la omisión de acciones concretas que fortalezcan las instituciones y la implementación de la normativa. Asimismo, se detectaron algunos retrocesos en la autonomía y la capacidad de las autoridades, en países como Guatemala, Perú y México.
En el caso concreto de México, se obtuvo una puntuación final de 5.64, lo que nos posicionaría en el noveno lugar de los 17 países evaluados. Y es que, los integrantes de la comunidad jurídica mexicana consultados para este estudio concluyeron que, si bien se cuenta con un amplio sistema legal anticorrupción –que posibilitó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, y la armonización de la legislación en las entidades federativas– aún persistían retos importantes para mejora y aplicabilidad del marco legal. En ese sentido, subrayaron que las consecuencias de no solventar retos tales como: la falta de voluntad política, la insuficiencia de los recursos económicos y humanos en las agencias anticorrupción, la falta de independencia en los órganos de procuración de justicia, y la formación inadecuada de las personas servidoras públicas en las instancias de justicia, son la justicia selectiva y la impunidad.
Resulta clave destacar que, entre los elementos con mayor valoración en el caso mexicano, se encuentra la participación activa y comprometida de la sociedad civil y la academia, el ejercicio del derecho de acceso a la información, y la existencia de autoridades especializadas; en este último punto se mencionó a la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Suprema Corte de Justicia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, el Comité de Participación Ciudadana y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción.
Por último, un punto sumamente interesante en el análisis de las y los abogados mexicanos consultados, reside en su consideración sobre las personas en situación de vulnerabilidad, a las que estimaron como las más afectadas por la corrupción. Y coincido plenamente con ello, la corrupción impacta de manera diferenciada en los grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad, y está ampliamente vinculada con la desigualdad, ya que al restringir ilícitamente los recursos públicos disponibles, se reducen también los presupuestos destinados a los programas sociales y de salud pública, se merma la calidad de la educación, y el acceso universal a los servicios públicos, lo cual tiene efectos importantes en su bienestar, en la garantía de los derechos humanos, y el desarrollo de los individuos y las comunidades en su conjunto.
Reconozcamos los esfuerzos hasta ahora alcanzados, nuestra legislación en materia de anticorrupción y transparencia, una normativa que ha permitido detectar, identificar y visibilizar las prácticas de opacidad y posibles actos de corrupción. No obstante, es necesario robustecer a las instituciones especializadas, y mejorar la implementación de las estrategias y medidas para prevenir, identificar, investigar y sancionar los actos de corrupción.
Fuente: elfinanciero
