Por Gabriel Quadri de la Torre
Nunca en la historia de nuestro país los militares se habían infiltrado de forma tan categórica en la vida económica y política, apartándose de sus tareas fundamentales. Nunca, un gobernante los había inducido a asumir tantas responsabilidades propias de la vida civil, incluyendo una miríada de instituciones, negocios, contratos y proyectos. Nunca, los militares habían sido beneficiarios de presupuestos astronómicos. Esto tiene y tendrá consecuencias gravísimas. Es algo sólo visto en regímenes dictatoriales como los de Cuba, Nicaragua, Corea del Norte, Venezuela, Irán, y otros, en donde el poder del Estado tiene como contrafuerte el poder de las armas, garantizado por las propias elites militares. En esos casos, se trata de injertar el poder militar dentro del poder civil con la finalidad de tejer lazos de complicidad basados en la corrupción y la opacidad, y en una formidable extracción de rentas para los altos rangos castrenses, que garantice lealtad absoluta y apuntalamiento, por la fuerza, si es necesario, de un gobierno autoritario. Es difícil no atribuirle al presidente López este tipo de motivaciones, además, claro, de otras más pragmáticas relacionadas con la conveniencia de tomar decisiones expeditas, y de proceder a su ejecución sin evaluaciones de factibilidad técnicas, financieras y ambientales, ni transparencia, licitaciones, auditorías y rendición de cuentas.
Es así que el presidente López decidió ocultar la información de sus megaproyectos militarizados y de todos los presupuestos entregados a las Fuerzas Armadas por medio del Acuerdo publicado el 22 de noviembre del 2021 bajo el argumento de “Seguridad Nacional”. El día 18 de mayo del 2023, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional. Pero, cínicamente, el mismo día, el presidente López publicó un Decreto Presidencial para asegurar el encubrimiento de obras y presupuestos de los militares, otra vez, bajo el subterfugio de “Seguridad Nacional”. Las consecuencias jurídicas inmediatas de esta declaratoria son la asignación directa de contratos – sin licitación – que viola el Artículo 134 Constitucional, y la reserva de la información, que se confronta con el Artículo 6 de la Constitución. (La información de órganos y dependencias es pública y solo puede ser reservada por razones de interés público y de seguridad nacional). No obstante, la seguridad nacional se entiende, de acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional, como la protección de la nación ante amenazas, y la preservación de la soberanía e independencia nacional, la defensa del territorio, y el mantenimiento del orden constitucional. O sea, las obras, actividades y proyectos militarizados del presidente López, nada tienen que ver con la “Seguridad Nacional”. Es una burda coartada de opacidad que abre de par en par las puertas del presupuesto nacional al despilfarro y la corrupción, asignaciones directas, empresas fantasmas, sobrecostos, comisiones, y discrecionalidad total.
Los militares han recibido durante el gobierno del presidente López entre 2018 y 2024 más de 1.8 billones de pesos. El presupuesto de Sedena creció entre 2018 y 2024 de 51 mil a 259 mil millones de pesos (MMDP) y el acumulado en el periodo llega a 776 MMDP; el de Marina de 31 a 71 MMDP con un acumulado de 252 MMDP, y el de la Guardia Nacional de cero hasta 70 MMDP que de manera acumulada en este lapso suma 241 MMDP (con resultados desastrosos en materia de seguridad pública). A esto deben agregarse los contratos por la construcción del AIFA (79 MMDP), de 2,700 sucursales del Banco del Bienestar (28 MMDP), de diversos tramos del Tren Maya (139 MMDP), del aeropuerto de Tulúm (7.7 MMDP), y el mantenimiento de carreteras (31 MMDP). Debemos añadir la Administración y Control de Aduanas Marítimas y Terrestres (4.4 MMDP), administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (1.5 MMDP), administración y control de puertos (16 MMDP), Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (5.8 MMDP), Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (17 MMDP), turismo en Islas Marías (0.069 MMDP), Aerolínea del Estado Mexicano (8.3 MMDP), administración y control del Tren Maya (126 MMDP), y, Grupo Aeroportuario y Ferroviario Olmeca-Maya-Mexica (27.4 MMDP). Además, deben considerarse presupuestos no especificados para traslado de vacunas COVID, supuesto combate al robo de hidrocarburos (huachicol), apoyo a programa “Sembrando Vida”, entrega de recursos de programas sociales, entrega de libros de texto gratuitos, limpieza de sargazo en QROO, operación de pipas de PEMEX, y distribución de medicamentos. Adicionalmente, es preciso contabilizar los nuevos fideicomisos creados para las Fuerzas Armadas a cargo del BANJERCITO, entre los que destacan el fideicomiso para la operación del Tren Maya (8.1 MMDP), y el fideicomiso para la adquisición de equipo militar (28 MMDP). Estos, más otros fideicomisos para las Fuerzas Armadas superan los 41 MMDP.
El presidente López ha hecho de las Fuerzas Armadas el más grande contratista y poderoso empresario de México, y les ha creado el más fértil caldo de cultivo imaginable para la corrupción. Las motivaciones pueden ser verdaderamente siniestras, y el desenlace, una tragedia para la vida institucional y democrática del país.
