“Cuando las personas trabajadoras no pagan por el reclutamiento, sino que el empleador cumple los costos, disminuye el riesgo de deuda en la relación de trabajo” y de vulnerabilidad, por lo que ante cualquier violencia pueden renunciar de manera libre, dijo Georgina Vázquez de los Reyes, de la organización Verité.
Pero ¿quién pagaría por trabajar? Familias jornaleras migrantes, provenientes principalmente de las entidades del sur y centro del país, son víctimas de engaño y de cobros indebidos y excesivos por parte de intermediarios que les piden dinero por conectarles con una oferta de empleo en México o en Estados Unidos.
Cuando los trabajadores y las trabajadoras pagan el servicio de reclutamiento, en realidad “están subsidiando esa parte del ciclo de empleo” que les corresponde totalmente a las empresas, recalcó Georgina Vázquez.
“Antes, no se solía volver a ver a esa fase del ciclo de empleo como punto de origen de una deuda”, agregó la activista en el Diálogo sobre Trabajo Digno en el sector agrícola en México, un encuentro convocado por el Proyecto Polaris, Fundación Avina, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y otros organismos.
“Una de las razones por las cuales las personas trabajadoras adquieren esa deuda es porque los empleadores no están absorbiendo estos costos, a pesar de que está relacionado con el empleo y, por lo tanto, debería estar estimado dentro de su modelo de negocios”.
En México, más de 2.3 millones de hombres y mujeres se dedican al trabajo agrícola, según el Censo Agropecuario (CA) 2022. Así como alrededor de 709,000 niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022.
La gran mayoría se encuentra en vulnerabilidad por su condición de migrante, su origen étnico, su poca escolaridad, la pobreza en la que vive a pesar de trabajar demasiado y por el racismo y clasismo estructurales. Por eso pagan y se endeudan por trabajar.
Mayor producción con reclutamiento deshonesto
Para Luz María Chombó, de la Alianza Hortofrutícola Internacional para el Fomento de la Responsabilidad Social (Ahifores), la urgente necesidad de mano de obra derivó en prácticas de reclutamiento deshonestas e ilegales.
“A medida que fue incorporándose la tecnología al campo, fue necesario buscar trabajadores de otras regiones. Los trabajadores locales no fueron suficientes”, señaló la representante de Ahifores, un organismo de empresas que siembran, cosechan, empacan, distribuyen y comercializan productos del campo.
Pero lo anterior en realidad responde a un modelo de mercado y de consumo en el que todo el año hay demanda de ciertos alimentos. Por ejemplo, “los tomates, no solamente se consumen en la época en la que se producen en Sinaloa, Baja California u otras regiones. Sobre todo, cuando van al mercado de exportación, se consumen los 365 días del año”, apuntó.
Luz María Chombó, quien también ha sido defensora de los derechos de las personas jornaleras, indicó que al principio, quienes realizaban la vinculación laboral eran los líderes de las comunidades o de grupos familiares” que no buscaban el beneficio propio, sino colectivo.
Cuando la industria agrícola necesitó más trabajadores y trabajadoras y el apoyo gubernamental al campo disminuyó, los sistemas de contratación cambiaron. “Se involucraron personas que ven la vinculación como un negocio”.
“Nosotros (en la iniciativa privada) reconocemos que hay una situación realmente muy complicada. Hay fraudes y extorsiones, aun cuando la empresa cubra los gastos de contratación, los intermediarios les piden a los trabajadores pagar ciertos gastos. Buscamos la manera de controlarlos, pero en algunas ocasiones no tenemos la información real de lo que sucede en el tránsito migratorio”.
Claves del reclutamiento ético
En los hechos, las personas están pagando por trabajar y para poder abonar esa suma a los reclutadores, piden prestado. Si, en el mejor de los casos, la vacante existe, comienzan a laborar con una deuda que les impide renunciar, aunque sus derechos laborales estén siendo violados, explicaron las y los asistentes del encuentro.
De acuerdo con Georgina Vázquez, el reclutamiento ético debe tener los siguientes componentes:
» 1. Las personas trabajadoras no deben pagar ningún tipo de comisión en ninguna fase del ciclo de empleo, ni siquiera si la empresa les ofrece reembolsarles ese gasto.
» 2. Las ofertas de empleo y las políticas de reclutamiento ético de las empresas deben especificar quién asume el costo de ese proceso. No basta con indicar que el trabajador no debe pagarlo.
» 3. Deben existir mecanismos para verificar que el empleador paga esos costos y las empresas deben estar obligadas a informar.
» 4. El reclutamiento ético no puede dejar lugar a la discriminación de las personas trabajadoras.
» 5. Acceso efectivo a la remediación durante todo el ciclo de empleo. El reembolso es una mínima parte de la remediación, pero este punto se compone de otros elementos. Lo primero es escuchar las necesidad de las personas que fueron víctimas.
Y “uno de los apoyos primordiales es el psicológico”, señaló Nubia Díaz, de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (RNJJA) en Guasave, Sinaloa.
La recuperación de los salarios robados y la indemnización económica también componen esta fase, explicó Jocelyn Reyes, Centro de los Derechos del Migrante (CDM). Sin embargo, para las personas jornaleras la reparación va más allá del dinero.
“Muchas veces, cuando se les pregunta por qué decidieron tomar una acción legal o denunciar, nos dicen: ‘porque no quiero que esto que yo viví le pase a alguien más’. Esto es reparación del daño”, una restauración mucho más amplia y no sólo personal sino colectiva.
Fuente: eleconomista
