Acaban de publicarse los datos de la Encuesta Intercensal 2025, donde hay una parte de datos referidos a la salud. De esta manera nos permite conocer, entre otras cosas, cómo se distribuye la población entre las diferentes establecimientos de salud y cuál es el porcentaje de población afiliada a los servicio de salud por entidad federativa.
Según la clasificación utilizada el IMSS cubre 54.1 por ciento de la población, las instituciones privadas 33.3 por ciento, el Insabi o Seguro Popular 24.4 por ciento, el Issste nacional y estatal 8.5, IMSS Bienestar 5.2 y “otras instituciones” 3.4 y distintas instituciones federales 1.2 por ciento. Lo que llama poderosamente la atención es que dos instituciones inexistentes en 2025 –el Insabi y el Seguro Popular –están muy por arriba del IMSS Bienestar, que en principio cubre la misma población. Además quiere decir que se aplicaron las mismas categorías que en el Censo de Población 2020.
Este procedimiento resta credibilidad al Inegi, que debería ser un organismo público técnico, que no dependa de ninguna instancia política. A mi parecer, levantar información, cuya categorización ya no corresponde a la realidad, resta credibilidad a esta institución. Además, para todos es evidente que nuestro país está transitando por cambios profundos, que no se pueden captar con viejas categorías. Esto necesariamente debe llevar a una reflexión sobre los datos comparativos. La necesidad de incluir al Insabi y al Seguro Popular en el Censo 2020 era porque Insabi se iniciaba y muchas personas pensaban que el Seguro Popular todavía existía. Sin embargo, es incomprensible que todavía en 2025 Insabi y el Seguro Popular ocupan el tercer lugar mientras que el IMSS Bienestar sólo está señalado por 5.2 por ciento de los entrevistados.
Se podría pensar que la explicación se encuentra en las características de la muestra. Sin embargo, ésta es de 7 millones de hogares y su selección sigue todos los pasos requeridos. La única dificultad que puede haber es una ligera sobrerepresentación de la población rural, que tiene menos conocimiento sobre los servicios para la población no-asegurada. No obstante, el IMSS- Bienestar se fundó en 2022 y sustituyó al Insabi y debería de haber tenido un mayor enraizamiento para 2025.
Los datos sobre el porcentaje de la población afiliada a servicios de salud no presentan grandes sorpresas. El promedio para el país es de 72.5 por ciento. Va desde 89.1 en Nuevo León hasta 54.9 por ciento en Oaxaca. Es de señalar que es de 80.1 por ciento en la CDMX y 65.4 por ciento en el Edomex. La pauta es la misma que los datos sobre el grado de desarrollo productiva de cada uno de las entidades federativas. Esto nos muestra que, no inesperadamente, las entidades federativas con mayor avance productivo tienen los porcentajes más altos de personas afiliadas a servicios de salud.
Este hecho nos regresa a la pregunta sobre qué se entiende por “afiliación a servicios de salud”. En particular, queda poco claro que es la “afiliación a institución privada”. No puede referirse a los seguros privados que tienen una afiliación bastante baja, particularmente desde que fueron retirados como prestación laboral de los servidores públicos. No se puede referir a los consultorios en farmacias o en supermercados, ya que no se trata de “afiliaciones”. Se sabe de otro estudios que atienden a muchas personas pero, desde luego, nadie está “afiliada” a ellas.
Esta inconsistencia pone de relieve la importancia de mantener las mismas categorías, por lo menos en publicaciones que provienen de la misma fuente. Esto aplica también cuando las encuestas de carácter oficial se subrogan con diversas entidades. Esto es desde luego un procedimiento legítimo, pero debe ir junto con algo que podría llamarse un control de consistencia de las categorías.
fuente: lajornada
