El Gobierno federal y 17 estados norteamericanos han demandado a Amazon. Acusan al gigante del comercio digital de conducta monopolística, ahogando a la competencia, inflando los precios y cobrando tarifas astronómicas a los vendedores que distribuyen su mercancía a través de su plataforma.
Se trata de una esperada denuncia, que lleva meses preparándose y que se presentó formalmente el martes en un juzgado del estado de Washington, en la costa pacífica, donde se hallan las oficinas centrales de Amazon. La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) representa al Gobierno central en la demanda.
Los demandantes piden al juzgado que prohíba a Amazon prolongar sus «prácticas ilegales» y renuncie a su «control monopolístico» con el fin de «restaurar la competencia». Acusan, asimismo, al gigante comercial de perjudicar a proveedores y consumidores para agrandar sus beneficios.
En el último trimestre del que hay datos, de abril a junio, sus ventas netas aumentaron un 11%, hasta los 134.400 millones de dólares, con unos ingresos netos de 6.700 millones. Aparte de su negocio de venta y distribución online, Amazon posee supermercados, productoras de entretenimiento y servicios de alojamiento online, entre otras divisiones.
La demanda acusa a Amazon de promocionar sus propios productos en los resultados de búsqueda por encima de otros que son de mejor calidad y cobrar tarifas prohibitivas a los vendedores que dependen del gigante tecnológico para poder entrar en el negocio de las ventas digitales.
Según Lina Khan, que es la directora de la FTC, cargo para el que fue nombrada por Joe Biden, «la denuncia presenta alegaciones detalladas sobre cómo Amazon está explotando su poder monopolístico para enriquecerse, al tiempo que aumenta los precios y degrada el servicio para las decenas de millones de familias estadounidenses que compran en su plataforma y los cientos de miles de negocios que dependen de Amazon para llegar a ellos».
Amazon ha respondido por medio de su vicepresidente y coordinador jurídico, David Zapolsky, alegando que lo que el Gobierno les requiere acabaría perjudicando a los consumidores. Este afirma que quieren «forzar a Amazon a participar en prácticas que realmente perjudican a los consumidores y a los numerosos negocios que venden en su tienda, como tener que mostrar precios más altos, ofrecer envíos Prime más lentos o menos confiables, y hacer que Prime sea más caro y menos conveniente».
Prime es el servicio de suscripción a Amazon, que cuesta unos 15 dólares mensuales (14 euros al cambio actual), y permite grandes descuentos en los gastos de envío. También permite acceder al servicio de televisión en ‘streaming’ de Amazon y otros beneficios asociados a tarjetas de crédito.
En 2021, Amazon empleaba a 1,1 millones de personas, según un informe de recursos humanos. Recientemente, la empresa acometió los mayores despidos en su historia, eliminando 27.000 empleos desde el otoño de 2022. El actual consejero delegado, Andy Jassy, tomó en 2021 el relevo de Jeff Bezos, que fundó la compañía en Seattle hace 30 años.
Control del 40% del mercado de EE.UU.
Amazon cuenta con mercancía que distribuye directamente, pero también permite a comercios externos utilizar su plataforma para venta y distribución. La demanda alega que a estos últimos les prohíbe anunciarse en su plataforma si ofrecen precios más bajos o descuentos en otros sitios web. En general, estima el Ejecutivo que los vendedores externos acaban dando a Amazon la mitad de lo que serían sus ingresos.
Algunas estimaciones independientes mantienen que Amazon controla alrededor del 40% del mercado de comercio electrónico en EE. UU. También afirman los denunciantes que Amazon engaña a sus clientes al ocultar resultados de búsqueda con anuncios pagados, favoreciendo sus propias marcas sobre otros productos de mejor calidad, pero que venden terceros.
Khan, la jefa de la FTC elegida por Biden, es muy crítica con el supuesto poder monopolístico de los gigantes tecnológicos.
Amazon trató de que se recusara de tomar parte en estas pesquisas porque en 2017, como estudiante en la prestigiosa Universidad de Yale, elaboró un informe crítico titulado ‘La paradoja antimonopolio de Amazon’.
A finales de mayo, Amazon acordó pagar una multa civil de 25 millones de dólares para poner fin a una demanda sobre mala praxis en la eliminación de datos personales grabados por su dispositivo electrónico Alexa.
