La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), obtuvo una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos García por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones agravado en perjuicio de una periodista, utilizando el software conocido como “Pegasus”.
Juan Carlos García era empleado de la empresa Proyectos y Diseños VME S.A de C.V.
El pasado 1 de noviembre, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) cumplimentaron la orden de aprehensión en la ciudad de Querétaro, trasladándose de manera inmediata a la Ciudad de México para poner a García a disposición de un juez en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur.
Ese mismo día, los agentes del Ministerio Público Federal, adscritos a la FEADLE, formularon imputación en contra del detenido por su probable responsabilidad en la comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 177 del Código Penal Federal, agravado en términos del artículo 51 párrafo tercero del mismo ordenamiento, ya que fue cometido en contra de una periodista con la finalidad de afectar, limitar y menoscabar su libertad de expresión, detalló la FGR en un comunicado.
Juan Carlos García fue vinculado a proceso y el Juez otorgó cuatro meses para que la FGR continúe con la investigación complementaria. Como medida cautelar, se determinó que esta persona permanecerá en prisión preventiva justificada, derivado del peligro de fuga y de los riesgos que representa para la seguridad pública y de las personas relacionadas con el proceso.
PEGASUS EN MÉXICO
El espionaje es un negocio que se ha vuelto una práctica cada vez más común en los gobiernos de todo el mundo, incluyendo México, que en nombre de la seguridad, ha hecho uso de softwares para vigilar a políticos opositores, activistas y periodistas, como han documentado desde hace décadas organizaciones como WikiLeaks y Forbidden Stories, así como el laboratorio interdisciplinario Citizen Lab.
Durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, las dependencias gubernamentales destinaron 5 mil 914 millones de pesos para empresas como Tech Bull, o Grupo Balam, en Israel e Italia, que se han relacionado con el software de espionaje Pegasus.
Al expresidente Felipe Calderón y a sus cercanos los espió el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Machetazo a caballo de espadas: su administración fue la primera del mundo en adquirir el software Pegasus, reveló el pasado 20 de julio la revista Proceso.
De acuerdo con el periodista Mathieu Tourliere, de Proceso, pocos días después de las elecciones del 5 de junio de 2016, un cliente mexicano del software Pegasus, desarrollado por la compañía israelí NSO Group, empresa líder en el mundo del ciberespionaje, ingresó en la plataforma los números telefónicos de Ricardo Anaya Cortés, del Partido Acción Nacional (PAN), y de Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, ambos líderes presidenciales hacia 2018.
Sin embargo, añade, Zavala no fue la única blanco de espionaje, pues su hermano Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo y su sobrina Mariana Gómez del Campo también fueron ingresados a la plataforma Pegasus, mientras que Luisa María Calderón, hermana del exmandatario, fue espiada a principios de 2017.
En el trabajo del periodista Mathieu Tourliere se menciona que las críticas de Felipe Calderón hacia el espionaje ilegal contrastan con la política que implementó su Gobierno mientras éste era Presidente de México, pues el Gobierno de Calderón fue el primero en el mundo en comprar el software Pegasus, el cual fue adquirido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en 2011.
En el 2017, se denunció que diversos periodistas, activistas y defensores de derechos humanos fueron espiados mediante Pegasus, un programa que había sido comprado por oficinas del Gobierno federal y media docena de estados del país, entre ellos Carmen Aristegui y el director del Centro Prodh, Mario Patrón.
México también desplegó el software espía Pegasus contra el equipo de investigadores internacionales traídos para llegar al fondo de la masacre de Iguala, donde 43 estudiantes fueron desaparecidos, como parte de una campaña del Gobierno para frustrar esa investigación.
Los siete softwares de los que se tiene evidencia que han sido contratados por gobiernos federales y estatales mexicanos, según lo documentado por organizaciones, son FinFisher, Galileo y DaVinci (de la empresa Hacking Team); y Geomatrix, Narus, Verint y Pegasus (este último de la firma NSO Group).
Las dependencias que se han visto involucradas en la presunta compra de estos softwares son la Fiscalía General de la República (FGR), el antiguo Cisen y las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), Seguridad Pública y de Gobernación (Segob).
La exfiscal general Arely Gómez reconoció que la PGR contaba con el programa pero sostuvo que durante su gestión siempre su utilizó conforme al marco legal.
Los gobiernos estatales que se han visto relacionados con estas empresas que comercializan softwares de espionaje son: Puebla, Baja California, Campeche, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Sonora, Tamaulipas, Yucatán, el Estado de México, Veracruz y Guanajuato, este último estado fue denunciado recientemente por el medio PopLab, pero hasta el momento se desconoce qué programa habría sido empleado para las labores de espionaje.
Según las condiciones de venta del programa Pegasus, los gobiernos solo lo pueden utilizar para espiar en casos de sospecha de terrorismo y para perseguir criminales, como el caso de los cárteles del narcotráfico.
Fuente: sinembargo
