Citan a Comparecer al Fiscal por un Incumplimiento a Mandato de la CEDHQROO

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CHETUMAL.- El fiscal general del estado, Óscar Montes de Oca Rosales, se vio obligado a comparecer ante el Congreso del Estado por el incumplimiento de la Fiscalía General del Estado (FGE) a la recomendación CDHEQROO/021/2019/III emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), especialmente porque no se ha cumplido la reparación del daño a las víctimas.

En el acto, el fiscal ofreció de nuevo una disculpa pública a la señora víctima del hecho reclamado, pero excusó falta de recursos de la FGE para pagar la reparación de daños que corresponde.

La diligencia se realizó ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, con la presencia del presidente de la Cdheqroo, Marco Antonio Toh Euán, y de la víctima, a consecuencia de la vista que se dio a la Legislatura del incumplimiento de la recomendación, por lo que el fiscal fue citado a exponer los motivos por lo que no se dio el cumplimiento.

La reunión se realizó apenas con el quórum justo, puesto que sólo se presentaron tres diputados de la comisión, que fueron la presidenta Judith Rodríguez Villanueva, Roberto Erales Jiménez y Sara Ismaid Párez Endoqui, mientras que no llegaron Hernán Villatoro Barrios y José de la Peña Ruiz de Chávez.

Se refirió que de la recomendación emitida, la FGE no dio cumplimiento a la reparación del daño  a la disculpa pública que se le ordenó dar a la víctima de los hechos objeto de la misma, así como tampoco realizó un programa de capacitación al personal en materia de derechos de las víctimas y acceso a la justicia.

El fiscal Óscar Montes de Oca refirió que la recomendación se emitió en noviembre de 2019 fue por hechos del 2015 en agravio de la señora Elizabeth García Polo y su hijo, consistentes en denegación de la justicia en un caso de violencia familiar, y que se aceptó.

Pero dijo que sólo han cumplido tres puntos de la recomendación, como la inscripción en el registro de víctimas; la disculpa pública ofrecida en diciembre del 2020, en Playa del Carmen; y programa de capacitación en derechos humanos y cultura de la legalidad.

Afirmó que sólo está pendiente de cumplimiento de la reparación integral de los daños a la señora y su hijo, porque no cuentan con una partida presupuestal para realizar el pago, e inclusive manifestó que pidió el presupuesto al Congreso para esos fines 2019, 2020 y 2021, pero no se le concedió.

Dijo que ha realizado gestiones para obtener los recursos extraordinarios ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado (Sefiplan), y que también está esperando el dictamen técnico de la Comisión de Víctimas sobre la reparación del daño adecuada para pedir los recursos extraordinarios.

Marco Antonio Toh Euán, pidió al Congreso que haga la solicitud a la Comisión de Atención a Víctimas para que se active el fondo solidario, dada la manifestación que hizo la FGE de no contar con recursos para destinar a la reparación del daño.

La víctima tomó la palabra en la diligencia y expuso las violaciones a los derechos humanos que padeció del Ministerio Público en su caso, y reprochó que el fiscal Oscar Montes de Oca no se presentó a la disculpa pública, sino que envió a subordinados, por lo que consideró que es muestra de que no tiene tiempo para atender a las víctimas.

“Sin duda que trabaja pero no da resultados”, afirmó la señora Elizabeth García Polo ante los diputados y el fiscal, al advertir que por las faltas del Ministerio Público su hijo dejó de recibir durante 6 años su pensión alimenticia.

El abogado de la víctima también dijo que hay desinterés de la Comisión de Atención de Víctimas en satisfacer la reparación del daño, tanto que tuvo que ir a juicio de amparo, el cual el organismo público sigue combatiendo, y tampoco se le ha dado la disculpa pública al menor víctima, sino sólo a su madre.

El fiscal reprochó que en la disculpa pública su representante legal manifestó estar conforme, por lo que desconocía porque manifestaba más asuntos, y posteriormente le reiteró a la señora la disculpa pública a nombre de la FGE.

Fuente: cambio22

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