La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha anunciado un «radical» plan contra el crimen organizado en Honduras que incluye una reforma agresiva del código penal para calificar el narcotráfico como delito terrorista, la construcción de una nueva cárcel con capacidad para 20 mil presos, y la emisión de órdenes de busca y captura para «líderes y miembros de estructuras criminales y extraditables».
El anuncio se realizó después de una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Honduras, donde se declaró el «Plan de Soluciones Radicales contra el Crimen Organizado». Este conjunto de 14 normativas está destinado a combatir el narcotráfico en las zonas con mayor incidencia criminal del país.
El ministro de Seguridad de Honduras, Gustavo Sánchez, señaló que en los primeros cinco meses de 2024, los homicidios disminuyeron un 23 por ciento en comparación con el mismo período de 2023. Sin embargo, Honduras registró mil 069 asesinatos entre enero y mayo. A finales de 2022, Castro había declarado la emergencia nacional por la inseguridad y «la guerra» contra los grupos criminales en territorio hondureño.
El plan incluye órdenes para la Policía y el Ejército de intervenir urgentemente en todos los municipios con alta incidencia de crímenes como sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y lavado de activos, cometidos por maras, pandillas y bandas del crimen organizado.
Todos los detenidos en estas operaciones serán enviados al futuro Centro de Reclusión de Emergencia, con capacidad para 20.000 presos, que el Gobierno de Honduras construirá entre las provincias de Olancho y Gracias a Dios, en el noreste del país.
Además, se pide al Congreso Nacional reformar el Código Penal para que la prisión preventiva sea aplicada a todas las personas procesadas por estos crímenes e incorporar la modalidad de juicio colectivo. Asimismo, se solicita que el Código Penal sea reformado para calificar a las personas pertenecientes a maras, pandillas y bandas del crimen organizado que cometan crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y lavado de activos como terroristas.
Es importante destacar que organizaciones como Amnistía Internacional han expresado serias preocupaciones sobre el enfoque del Gobierno de Honduras en la lucha contra el crimen organizado. Entre diciembre de 2022 y septiembre de 2023, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras recibió casi 300 denuncias de violaciones de derechos humanos.
Amnistía Internacional denunció en diciembre del año pasado que «la presidenta Castro está siguiendo la misma estrategia impuesta hace casi dos años por Nayib Bukele en El Salvador, también con consecuencias terribles».
