La industria de munición atribuye su crisis al embargo ‘de facto’ a Arabia Saudí

El Gobierno desbloquea la entrega de granadas vendidas antes de noviembre de 2018, pero no aprueba nuevos contratos

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Maxam, la multinacional española de explosivos, planteó la semana pasada un expediente de regulación de empleo (ERE), que podría incluir más de 100 despidos, para adaptarse a la menor actividad minera y la caída de pedidos de Defensa. A finales de enero, Expal (filial de Maxam) anunciaba el cierre de su planta de Trubia (Oviedo), con 57 trabajadores. Según la empresa, este cierre “responde al cambio de la política de exportación de material de defensa por parte del Gobierno”. Es decir, al embargo de facto en la venta de munición a Arabia Saudí.

El pasado martes se reunió la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), encargada de autorizar las exportaciones de armamento, por primera vez desde que se formó el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Sobre la mesa tenía dos solicitudes de licencia para Arabia Saudí: una de Navantia, que construye cinco corbetas para Riad por 1.800 millones; y otra de Expal, por unos 3,5 millones.

La licencia del astillero público se concedió, pero la firma privada vio aparcada la suya, aunque alegó que se trataba de material no letal: bengalas iluminantes. Técnicamente no hubo objeciones, pero políticamente sí: no se considera oportuna la venta de munición a Arabia Saudí, implicada desde 2015 en la guerra de Yemen, que ha causado cientos de miles de muertos y millones de desplazados.

Al contrario que Alemania, España no ha aprobado expresamente un embargo en la venta de armamento a Arabia Saudí. Sin embargo, desde noviembre de 2018 la JIMMDU no ha dado luz verde a ninguna nueva licencia de venta de munición: no se quiere que puedan aparecer proyectiles españoles entre las ruinas causadas por los bombardeos de la coalición internacional que encabeza Riad.

La JIMDDU no deniega las solicitudes que presentan las empresas. Simplemente no las aprueba. Las deja indefinidamente aparcadas en un cajón.

La operación que se sometió a debate el martes no era muy importante. Pero fuentes del sector aseguran que hay empresas españolas con contratos de munición ya firmados con Riad por valor de 150 millones de euros que no se pueden ejecutar porque no reciben autorización.

El problema, según responsables de empresas militares que no quieren que se publique su nombre, es que cuando el Gobierno autorice los contratos ya será tarde: Riad habrá buscado otro suministrador y será muy difícil recuperar al cliente. “En el sector de la munición una de las cosas más valoradas es la garantía del suministro y eso lo hemos perdido”, alega un industrial.

El embargo, que incluye también a Emiratos Árabes Unidos (EUA), socio de la coalición que encabeza Riad en la guerra de Yemen, tiene fisuras: a la empresa Everis se le acaba de desbloquear la entrega de una importante partida de granadas de mortero que llevaba meses almacenada en la planta de General Dynamics en Granada. La justificación para dar luz verde en este caso es que la operación fue autorizada antes de que entrara en vigor el embargo. También Escribano ha obtenido permiso para vender estaciones de armas para vehículos porque no llevan el cañón ni la munición.

La moratoria a las exportaciones de munición empezó a aplicarse inmediatamente después de que el Ministerio de Defensa entregara una partida de 400 bombas de precisión del Ejército del Aire que había vendido el anterior Gobierno del PP. La suspensión de esta entrega estuvo a punto de provocar un conflicto diplomático entre los dos países.

Inicialmente se justificó la moratoria con el argumento de que iba a reformarse el reglamento que regula estas exportaciones para instaurar, como ya tienen otros países, un mecanismo de control a posteriori del destino último del armamento. No se trataba, por tanto, de un embargo, sino solo de una congelación hasta la entrada en vigor del nuevo decreto, prevista para la primavera del año pasado.

Sin embargo, la disolución de las Cortes y el largo periodo de interinidad del Gobierno han llevado a que la reforma no se haya aprobado todavía. Expal culpa al Gobierno al señalar que “la caída en las exportaciones que la empresa venía realizando tradicionalmente a determinados mercados”, en alusión al golfo Pérsico, hace “insostenible” la actividad de la planta de Trubia.

Fuente: elpaís

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